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DECRETO 109/1996, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DISTRIBUYEN LAS COMPETENCIAS SANCIONADORAS EN MATERIA DE TRABAJO, SEGURIDAD E HIGIENE Y ECONOMÍA SOCIAL Y SE DETERMINA EL ÓRGANO INSTRUCTOR EN LA MATERIA (BOC DE 6 DE NOVIEMBRE)


 
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  Los Reales Decretos 1900, 1901 y 1902/1996, de 2 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 9 de septiembre) aprobaron los traspasos y servicios en materia de trabajo, cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales, programas de apoyo al empleo y seguridad e higiene en el trabajo.

  Por su parte, a través del Decreto 88/1996, de 3 de septiembre (Boletín Oficial de Cantabria de 9 de septiembre) se aceptan y asumen las citadas competencias y se atribuye su ejercicio a la Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria.

  Tal circunstancia aconseja la aprobación de una norma de atribución de competencias sancionadoras en estas materias, siguiendo para ello lo señalado en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social, el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y la Ley 3/1987, de 2 de abril, general de cooperativas.

  Resulta necesario asimismo desarrollar la previsión contenida en el artículo 28 «in fine» del Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, que aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y por la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, con objeto de que la Comunidad Autónoma pueda determinar el órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador por infracciones en el orden social.

  Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 17 de octubre de 1996 dispongo:


Artículo 1.  Objeto.— Es objeto del presente Decreto la distribución de las competencias sancionadoras en materia de trabajo, seguridad e higiene y economía social entre los distintos órganos de la Administración autonómica, así como la determinación del órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador en el orden social.


Artículo 2.  Distribución de competencias.— En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las infracciones previstas en la Ley 8/1988, de 7 de abril, de infracciones y sanciones en el orden social, según la redacción prevista en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en la Ley 3/1987, de 2 de abril, general de cooperativas, serán sancionadas por el Director regional de Trabajo hasta una cuantía de 5.000.000 de pesetas, por el Consejero de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria, desde 5.000.001 pesetas hasta 25.000.000 de pesetas, y por el Consejo de Gobierno a partir de 25.000.001 pesetas.


Artículo 3.  Acumulación de infracciones.— En los supuestos de acumulación de infracciones correspondientes a una misma materia y en un solo procedimiento será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de mayor cuantía, de conformidad con la atribución de competencias sancionadoras contenida en el artículo anterior.


Artículo 4.  Órgano instructor.— El órgano administrativo instructor del procedimiento sancionador por infracciones en el orden social será la Dirección Regional de Trabajo.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.— Se faculta al Consejero de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria para dictar cuantas normas exija la aplicación y desarrollo del presente Decreto.


Disposición final segunda.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.



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