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DECRETO 67/2000, DE 17 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESIGNAN LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Y SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 1254/99, DE 16 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS (BOC DEL 24)


 
Corrección de errores BOC de 13 de septiembre

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El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, viene a incorporar al Ordenamiento Jurídico interno la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, con el objetivo de conseguir un alto nivel de protección para las personas, los bienes y el medio ambiente ante accidentes graves mediante medidas orientadas tanto a su prevención como a la limitación de sus consecuencias.

Dicho Real Decreto 1254/1999 atribuye a las Comunidades Autónomas competencias en relación con la elaboración, aprobación, aplicación y dirección de los planes de emergencia exterior de los establecimientos afectados por el mismo y con la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspección y sanción, de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.

Se hace preciso, por tanto, determinar los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que se encomienda la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1254/1999, articulando un reparto de funciones según áreas de actuación de manera que se eviten duplicidades en la gestión y se facilite la relación con las empresas afectadas.

En consecuencia, y a propuesta de los consejeros de Presidencia, Industria, Turismo, Trabajo, y Comunicaciones y de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de agosto de 2000 dispongo:


Artículo 1.  Objeto.—Constituye el objeto del presente Decreto la determinación de las competencias y funciones que corresponden a los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, establecidas en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. Ello sin perjuicio de las competencias atribuidas por las disposiciones vigentes en materia de seguridad y prevención de riesgos en instalaciones.


Artículo 2.  Autoridades competentes.—Las autoridades u órganos competentes, a los que hace mención el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria son:

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Servicios y Protección Civil.

La Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, a través de la Dirección General de Industria.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, a través de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Este artículo 2 ha sido modificado por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo (BOC del 21).


Artículo 3.  Competencias del Consejo de Gobierno.—Corresponde al Consejo de Gobierno el ejercicio de las siguientes competencias, en aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio:

Aprobar y remitir a la Comisión Nacional de Protección Civil, para su correspondiente homologación, los planes de emergencia exterior de los establecimientos afectados por el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999.


Artículo 4.  Competencias de la Consejería de Presidencia.—Se atribuye a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Servicios y Protección Civil, el ejercicio de las siguientes competencias:

a)  Recibir y exigir de los industriales de los establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en los términos del Real Decreto 1254/1999 la información que deban suministrar en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 de dicho Real Decreto y, en especial, el apoyo necesario para la elaboración de los planes de emergencia exterior. Remitir a las Consejerías afectadas la documentación necesaria para el ejercicio de sus competencias propias.

b)  Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Regional de Protección Civil los planes de emergencia exterior de los establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en los términos del Real Decreto 1254/1999.

c)  Ordenar la aplicación de los planes de emergencia exterior y dirigir los mismos en caso de activación, de acuerdo con la directriz básica para la elaboración y homologación de los planes especiales del sector químico.

d)  Establecer, para la elaboración de los planes de emergencia exterior, mecanismos de consulta a la población que pudiera verse afectada por un accidente grave.

e)  Organizar un sistema que garantice la revisión periódica y, en su caso, la modificación de los planes de emergencia interior y exterior en plazos máximos de tres años y, en todo caso, cuando se de alguno de los supuestos de modificación contenidos en el artículo 10 del Real Decreto 1254/1999. Este sistema deberá garantizar, asimismo, que todas las administraciones, organismos y servicios implicados dispongan de las actualizaciones y revisiones efectuadas en los planes de emergencia.

f)  Asegurar, mediante los procedimientos adecuados, la información a la población que pueda verse afectada en relación con las medidas de seguridad y autoprotección que deban tomarse y sobre el comportamiento a adoptar en caso de accidente. Esta información se revisará cada tres años y, en todo caso, cuando se dé alguno de los supuestos de modificación contenidos en el artículo 10 del Real Decreto 1254/1999.

g)  Recibir la información facilitada por los industriales en caso de accidente grave y establecer las líneas de comunicación directa entre aquellos y el Centro de Coordinación de Emergencias.

h)  Elaborar y remitir a la Dirección General de Protección Civil de la Administración del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria, la información prevista en el artículo 15 del Real Decreto 1254/1999, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.f) del presente Decreto.

i)  Coordinar las relaciones y comunicaciones de los órganos de la Comunidad Autónoma entre sí y con la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Protección Civil, la Comisión Nacional de Protección Civil y la Comisión Regional de Protección Civil.

j)  Evaluar y emplear la información a que se refieren los artículos 6 a 11 y, en su caso, la información a que hace referencia el artículo 14 del Real Decreto 1254/1999 así como recabar cuantos datos se estime oportuno en el ejercicio de sus competencias.

k)  Elaborar un informe anual sobre los resultados y circunstancias que hayan concurrido en las inspecciones que se realicen y presentarlo a la Comisión Regional de Protección Civil.

l)  Decidir justificadamente, a la vista de la información contenida en el informe de seguridad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.9 del Real Decreto 1254/1999, la no elaboración del Plan de Emergencia Exterior. Dicha decisión será comunicada a la Comisión Regional de Protección Civil y a la Comisión Nacional de Protección Civil.

m)  Decidir justificadamente sobre la limitación o ampliación de la información que los industriales deben aportar en el Informe de Seguridad en los supuestos previstos en los apartados 9 y 10 del artículo 9 del Real Decreto 1254/1999 e informar de las decisiones adoptadas a la Comisión Regional de Protección Civil y a la Comisión Nacional de Protección Civil.

n)  Velar para que las informaciones de interés obtenidas en virtud del Real Decreto 1254/1999 se encuentren a disposición de las autoridades competentes en cada caso en materia de protección civil, de prevención de riesgos para la salud humana, de prevención de riesgos laborales, de seguridad y calidad industrial, de protección del medio ambiente, de ordenación del territorio y de urbanismo y puertos.

o)  Velar por el cumplimiento de todas las actuaciones necesarias para la aplicación del contenido del Real Decreto 1254/1999 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.


Artículo 5.  Competencias de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones.—Se atribuye a la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones a través de la Dirección General de Industria el ejercicio de las siguientes competencias:

a)  Recibir de la Dirección General de Servicios y Protección Civil, evaluar y gestionar la información que deben suministrar los industriales en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9,10 y 11 del Real Decreto 1254/1999, sin perjuicio de la posterior remisión a otras Consejerías afectadas de la documentación necesaria para el ejercicio de sus competencias.

b)  Asegurar la elaboración por las industrias de los planes de emergencia interior, recibir y evaluar los mismos de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 11 del Real Decreto 1254/1999.

c)  Evaluar y determinar, utilizando la información recibida de los industriales, los establecimientos o grupos de estos en los que la probabilidad y las consecuencias de un accidente grave puedan verse incrementados debido a la ubicación y a la proximidad entre los mismos y a la presencia en estos de sustancias peligrosas y establecer los protocolos de comunicación entre establecimientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1254/1999.

d)  Evaluar el informe de seguridad elaborado por el industrial y pronunciarse sobre las condiciones de seguridad del establecimiento en materia de accidentes graves, así como requerir al industrial la revisión y, en su caso, la actualización periódica del informe de seguridad cuando se dé alguno de los supuestos del artículo 9.8 del Real Decreto 1254/1999.

e)  Recabar de los industriales, mediante resolución motivada, cuanta información adicional o complementaria se considere necesaria en relación con las notificaciones de actividad, los documentos de política de prevención, los informes de seguridad y los planes de emergencia interior.

f)  Elaborar y remitir a la Dirección General de Servicios y Protección Civil los informes sobre accidentes graves de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto 1254/1999.

g)  Ejercitar por sí misma, o a través de los organismos de control acreditados según lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, las facultades de inspección y control de los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, en los términos establecidos en su artículo 19 y elaborar después de cada inspección y remitir a la Dirección General de Servicios y Protección Civil un informe sobre el resultado de la misma.

h)  El ejercicio de la potestad sancionadora en caso de incumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1254/1999 conforme a lo previsto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

i)  Resolver de forma motivada y previa audiencia de los interesados y remitir copia de la resolución a la Dirección General de Servicios y Protección Civil sobre:

1.  La prohibición de la explotación o entrada en servicio de la misma, en los supuestos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1254/1999.

2.  La ampliación o limitación de la documentación exigida en el informe de seguridad en los supuestos de los apartados 9 y 10 del artículo 9 del Real Decreto 1254/1999.

j)  Remitir a las Consejerías competentes en la materia, para la adopción de las medidas que consideran oportunas, copia de los informes de inspección elaborados cuando de dichos informes se desprendan datos de interés relevante para otras áreas de actuación administrativa, en materia de riesgos para la salud humana seguridad y salud laboral, seguridad y calidad industrial, ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente o puertos.


Artículo 6.  Competencias de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.—Se atribuye a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo a través de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo y en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Velar porque se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias en las politicas de asignación o utilización del suelo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1254/1999.

b) Someter a trámite de información pública con carácter previo a su aprobación, los proyectos contemplados en el artículo 13.4 del Real Decreto 1254/1999.

Este artículo 6 ha sido modificado por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo (BOC del 21).


Artículo 6. bis.  Competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.—Se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en coordinación con la Dirección General de Vivienda y Urbanismo el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Velar porque se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias en las políticas de asignación, ordenación o utilización del suelo de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1254/1999.

b) Someter a trámite de información pública con carácter previo a su aprobación. Los proyectos contemplados en el artículo 13.4 del Real Decreto 1254/1999.

c) Incluir en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de la Ley 16/2002, de 1 de julio, Ias actuaciones de los órganos que deben intervenir en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio y en este Decreto de desarrollo.

Este artículo 6 bis ha sido añadido por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo (BOC del 21).


Artículo 7.  Plazos para la presentación de documentación exigida en el Real Decreto 1254/1999.—1.  Los establecimientos nuevos presentarán la notificación prevista en el artículo 6 del Real Decreto 1254/1999, como mínimo, tres meses antes del comienzo de la construcción.

2.  Los establecimientos nuevos presentarán el documento que define su política de prevención de accidentes graves, previsto en el artículo 7 del Real Decreto 1254/1999, como mínimo, tres meses antes del comienzo de la explotación.

3.  Los establecimientos nuevos presentarán el informe de seguridad previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1254 /1999, como mínimo, tres meses antes del comienzo de la explotación.

Este apartado 3 ha sido modificado por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo (BOC del 21).

4.  Los establecimientos nuevos presentarán el Plan de Emergencia Interior previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1254/1999, como mínimo, tres meses antes del comienzo de la explotación.

5.  Los documentos recogidos en los anteriores apartados 3 y 4 se presentarán acompañados de un informe de evaluación realizado por un organismo de control de los regulados en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, el cual, además, sellará todas las hojas de dichos documentos.

6.  Los establecimientos nuevos presentarán la información necesaria para la elaboración del plan de emergencia exterior, prevista en el artículo 11.3 del Real Decreto 1254/1999, como mínimo, tres meses antes del comienzo de la explotación.

7.  La presentación de todos los documentos que deban aportar los industriales se realizará, por triplicado y dichos documentos se dirigirán a la Dirección General de Servicios y Protección Civil quien la remitirá a las restantes Consejerías afectadas para el ejercicio de sus competencias.


Artículo 8.  Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento.—1.   Se crea una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento de las actuaciones derivadas del Real Decreto 1254/1999 que estará formada por dos representantes de cada una de las cuatro Consejerías afectadas.

2. La Comisión Técnica estará adscrita a la Consejería que tenga asignadas las competencias en materia de Protección Civil, será presidida por el director general de Servicios y Protección Civil y su secretario será el jefe de Servicio de Protección Civil.

3. Las funciones de la Comisión serán las de coordinar la actuación de las cuatro Direcciones Generales afectadas por el presente Decreto y de cualesquiera otros organismos o entidades que pudieran verse afectadas, y la de realizar un seguimiento y control del exacto cumplimiento del contenido del Real Decreto 1254/1999 y del presente Decreto.

4. A las reuniones de la Comisión podrán asistir otros técnicos competentes en la materia, ya sean de la Administración ya de entidades o empresas implicadas en el sector del riesgo químico y tecnológico, a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión.

5. La Comisión se reunirá al menos una vez al año y, en todo caso, con carácter de urgencia tras la ocurrencia de un siniestro que haya provocado la activación de los planes de emergencia interior y/o exterior de un establecimiento, o a petición de cualquiera de las Consejerías afectadas.

6. La Dirección General de Servicios y Protección Civil actuará como secretaría de la Comisión a efectos de realizar cuantas notificaciones y requerimientos se estimen necesarios y de recibir cuanta información remitan los industriales.

Este artículo 8 ha sido modificado por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo (BOC del 21).


DISPOSICIÓN DEROGATORIA



Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN FINAL



Disposición final primera.  Desarrollo y aplicación.—Se faculta a los consejeros de Presidencia; Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo; Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que dicten cuantas disposiciones sean precisas en el ámbito de sus competencias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Esta disposición final primera ha sido modificada por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo (BOC del 21).


Disposición final segunda.  Entrada en vigor.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOC.

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