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ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000, DE CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (BOJA DEL 19)




ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000, DE CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (BOJA DEL 19)


 
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PREÁMBULO


La vertiginosa rapidez con que se producen los cambios en los campos tecnológico y productivo nos sitúa ante un horizonte de frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. La formación adquiere una dimensión más completa de la que ha tenido tradicionalmente y abriéndose a una nueva etapa, se extiende a sectores con experiencia previa y se alterna con fases de actividad laboral.

Para dar una respuesta adecuada a este reto el Plan Andaluz de Formación Profesional (1999/2006), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 1999, considera a la Formación Profesional como uno de los factores estratégicos de las políticas que pretenden la mejora y optimización de la cualificación profesional de los recursos humanos, el incremento de la competitividad, la creación de empleo, el desarrollo socioeconómico del entorno y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Asimismo, la Formación Profesional, como medida eficaz en las políticas activas de empleo, constituye uno de los ejes básicos de toda la concertación social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo ha quedado recogida su importancia en los diversos Pactos de Concertación Social suscritos por la Junta de Andalucía y los Agentes Sociales y Económicos en los últimos años.

Dentro de las políticas activas de empleo, la Formación Profesional Ocupacional es un instrumento estratégico para readaptar o actualizar, en su caso, a unos sectores con experiencia laboral previa a los que la evolución tecnológica ha dejado al margen del sistema productivo y para formar, ofreciendo una posibilidad de cualificación, a aquellos otros que por diversas circunstancias no han adquirido una Formación Profesional inicial. Estas acciones, cuyo fin último es la inserción laboral, deben articularse en base a la prospección del mercado de trabajo para asegurar progresivamente una respuesta ajustada e inmediata a los requerimientos de crecimiento del empleo, mediante un ajuste permanente entre las actuaciones en materia de Formación Profesional Ocupacional y las necesidades generadas en los nuevos yacimientos de empleo detectados.

Para dar una respuesta adecuada a estos problemas, por la Consejería de Trabajo e Industria se dictó la Orden de 17 de marzo de 1998, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

La experiencia acumulada en la ejecución de la Orden de 17 de marzo de 1998, por la que se regulaba la convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocupacional, aconseja modificar determinados procedimientos para seguir en la línea de mejora de la gestión de las acciones formativas, con el objeto de facilitar los trámites de los solicitantes y las actuaciones de la Administración.

Por otra parte, la creación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico por Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, y el desdoble de la antigua Dirección General de Formación Profesional y Empleo en dos Direcciones Generales por razones de la importancia y dimensión de las competencias en ambas materias, sancionado en el Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, aconsejan una adaptación, aunque sólo sea de carácter formal, a esta nueva situación.

Asimismo, la publicación de la Orden de 25 de julio de 2000, por la que se regula el procedimiento de autorización administrativa para la actividad como Centro Colaborador de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, deroga parcialmente la Orden de 17 de marzo de 1998, en lo relativo al procedimiento de homologación de Centros Colaboradores.

Todas estas circunstancias hacen, más que conveniente, necesaria una nueva Orden, que, con los mismos objetivos que la anterior, regule la convocatoria y desarrollo de los programas de Formación Profesional Ocupacional, habiéndose consultado a los Agentes Sociales y Económicos, miembros del Consejo Andaluz de Formación Profesional.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que le confiere la Disposición Final Primera del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional, dispongo:


Artículo 1.  Programas de Formación Profesional Ocupacional.—Uno.  La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre:

1.  Programa de Formación Profesional Ocupacional con compromiso de inserción laboral.

2.  Programa de Formación para trabajadores ocupados en pequeñas y medianas empresas, en empresas de economía social, así como para trabajadores autónomos.

3.  Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido a jóvenes desempleados.

4.  Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido a mujeres.

5.  Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido a personas con discapacidades y otros colectivos con especial dificultad de inserción laboral.

6.  Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido a desempleados para especialidades demandadas prioritariamente por el mercado de trabajo.

7.  Programa de Formación Profesional Ocupacional en actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo y con profesiones y actividades económicas emergentes.

8.  Programa de acciones para la mejora de la Formación Profesional Ocupacional.

Dos.  La población activa de la Comunidad Autónoma Andaluza podrá beneficiarse de los distintos Programas en función de las características y requisitos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido al efecto en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, y en la presente Orden.

Tres.  [...]

Este apartado Tres ha sido suprimido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 1 bis.  Beneficiarios.—Uno.  Podrán obtener la condición de beneficiario cualquier entidad o persona física de acuerdo con el Decreto 204/97, de 3 de septiembre, y en la presente Orden que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento.

Dos.  De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica los miembros asociados de la misma que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre o por cuenta del primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

Tres.  De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tendrán asimismo la condición de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o actividades objeto de subvención. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente tanto en la solicitud como en la resolución de concesión los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiario. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la Agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la Agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previstos en los artículos 39y 65 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Cuatro.  Con carácter general, y de conformidad con lo establecido por los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, serán excluidas como posibles beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden, las entidades que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d)  Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

g)  Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

h)  Las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ni aquellas respecto las que hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Este artículo 1 bis ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 2.  Solicitudes.—Uno. Las solicitudes para participar en la ejecución de los programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía se presentarán en los modelos que a tal efecto serán facilitados por el Servicio Andaluz de Empleo.

Dos. Las solicitudes para cada ejercicio se presentarán por triplicado, quedando dos ejemplares en poder de la Administración y la otra en poder del interesado, en el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año inmediatamente anterior para el que se solicitan las subvenciones.

Tres. No obstante lo previsto en el párrafo anterior podrán atenderse con carácter excepcional aquellas solicitudes que prevean acciones del Programa de Formación Profesional Ocupacional con compromiso de inserción laboral, que se presenten con fecha posterior a los plazos establecidos.

Cuatro. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente para resolver de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.tres de la presente Orden. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normativa de la Comunidad Autónoma andaluza sobre registro de documentos..

Este artículo 2 ha sido redactado por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 3.  Documentación.—Uno.  A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:

1.  Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal o Documento Nacional de Identidad, según la naturaleza jurídica o física de la entidad solicitante, respectivamente.

2.  Si se actúa mediante representación, acreditación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos.  En los supuestos establecidos en el artículo 18.Cuatro del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, cuando para la ejecución de las acciones del proyecto se proponga la colaboración de un agente externo, deberá aportarse respecto del mismo la siguiente documentación:

— Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal o Documento Nacional de Identidad, según la naturaleza jurídica de los solicitantes y, en su caso, acreditación de la representación, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

— Documento en el que se establezcan las condiciones de la colaboración entre la Entidad solicitante y el Agente Externo, con mención expresa de la obligación prevista en el artículo 20.Tres de esta Orden sobre la necesidad de recoger en la contabilidad los gastos imputados a cada uno de los cursos o acciones subvencionadas de modo separado o con cualquier otro procedimiento que permita su inequívoca identificación.

Tres.  Declaración responsable de que sobre el solicitante no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

Este apartado tres ha sido añadido por la Orden de 17 de febrero de 2003(BOJA de 14 de marzo).

Cuatro.  Declaración responsable del solicitante relativa a otras subvenciones concedidas y/o solicitadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad solicitada, señalando entidad concedente e importe.

Este apartado cuatro ha sido añadido por la Orden de 17 de febrero de 2003(BOJA de 14 de marzo).


Artículo 3 bis.  Acreditación de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.—De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y en tanto que los incentivos regulados en la presente Orden constituyen una medida eficaz de inserción en el mercado de trabajo a través de la cualificación y profesionalización de desempleados, mediante la formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, las entidades quedan excepcionadas de aportar la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, establecida por la letra e) del apartado segundode dicho artículo, así como la de no tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía impuesta por el apartado primero del artículo 29 de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Este artículo 3 bis ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA del 14).


Artículo 4.  Subsanación y mejora de las solicitudes.—Recibidas las solicitudes, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico o, en su caso, la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional comprobarán que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en esta Orden, procediendo, de no ser así, a requerir al interesado para que en el plazo de 10 días subsane las insuficiencias observadas o para que aporte cuanta documentación fuese necesaria para un adecuado estudio del proyecto.

Transcurrido dicho plazo sin que este hecho se produzca, se archivará el expediente sin más tramite, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Artículo 4 bis.  Procedimiento de concesión.—Uno.  El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dos.  La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo o a la Dirección General de Formación para el Empleo, en función de que la competencia para resolver corresponda a los Directores Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, o al Director General de Formación para el Empleo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.3 de la presente Orden.

Tres.  Completados los expedientes, el/la titular del servicio competente de la Dirección General de Formación para el Empleo o de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente, aplicará los criterios de valoración establecidos para cada supuesto en el artículo 5de la Orden de 12 de diciembre de 2000, con las modificaciones de dicho artículo que contempla la presente Orden.

En base a la baremación obtenida en dichos informes por cada uno de los proyectos se elevará propuesta de concesión de subvención ante el órgano competente para resolver, Dirección General de Formación para el Empleo o Dirección Provincial correspondiente del Servicio Andaluz de Empleo, según proceda.

Este artículo 4 bis ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14,).


Artículo 5.  Criterios de selección de las acciones formativas.—Uno.  Para la valoración de las acciones formativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios prioritarios de acuerdo con los porcentajes de valoración máximo establecidos para cada uno:

— El compromiso de contratación laboral de los participantes directa o indirectamente por la entidad beneficiaria de la subvención, siempre y cuando éste sea igual o superior al 60%. Valoración 45%.

— La introducción de un período de prácticas profesionales, siempre y cuando el solicitante aporte relación de empresas, organismos públicos o entidades que estén dispuestos a colaborar con la Consejería de Empleo en su realización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17de la presente Orden. Valoración 15%.

— El índice de inserción laboral de los alumnos formados cuando las acciones sean propuestas por entidades que en años anteriores hayan colaborado con la Consejería de Empleo en el desarrollo de acciones formativas. Valoración 10%.

— La calidad del Proyecto formativo propuesto, para lo cual se valorará el perfil del personal docente, del material didáctico disponible, la metodología, el contenido del programa y la idoneidad del centro en el que se va a impartir la formación, teniendo en cuenta el nivel de adecuación de las instalaciones, aulas y/o talleres a las exigencias de las acciones formativas propuestas. Valoración 10%.

— El grado de cumplimiento en el seguimiento y evaluación de las acciones, así como en la justificación del gasto, para aquellas entidades que hayan colaborado con la Consejería de Empleo en el desarrollo de acciones formativas en convocatorias anteriores. Valoración 5%.

— La adecuación de las especialidades propuestas a las necesidades de formación de la zona donde pretenden desarrollarse. Valoración 15%.

Dos.  Para la valoración de las acciones de mejora de la Formación Profesional Ocupacional se tendrán en cuenta los siguientes criterios prioritarios de acuerdo con los porcentajes de valoración máximo establecidos para cada uno.

Experiencia acreditada de la entidad en el desarrollo de proyectos similares, así como capacidad técnica de la misma de acuerdo a los Recursos Humanos y materiales que propone para la ejecución del mismo. Valoración 30%.

Calidad del proyecto, así como carácter innovador del mismo y de transferibilidad. Valoración 30%.

Sistema de evaluación y difusión de resultados propuestos. Valoración 10%.

Grado de adaptación del proyecto a las necesidades demandadas por el mercado laboral. Valoración 20%.

Coherencia entre el proyecto presentado y el presupuesto económico del mismo. Valoración 10%.

Este artículo 5 ha sido redactado por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA del 14).


Artículo 6.  Resolución de solicitudes.—Uno.  El período de resolución de cuantas solicitudes se formulen será de seis meses, pudiendo entenderse desestimadas aquellas solicitudes que no se resuelvan expresamente en dicho plazo.

El citado período se contará desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes o bien desde el día de su presentación en el supuesto del apartado tres del artículo 2de esta Orden.

Dos.  En aquellos proyectos cuyo ámbito abarque dos o más provincias y sus condiciones técnicas permitan una ejecución independiente en cada una de ellas sin afectar a la integridad del proyecto, se podrá desagregar el expediente y remitir a cada Delegación Provincial la parte correspondiente, a efectos de su oportuno estudio y resolución.

Tres.  La competencia para la resolución de las respectivas solicitudes de ayudas públicas corresponde al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 de Ley 5/1983, de 19 de julio(Ley General de la Hacienda Pública de Comunidad Autónoma de Andalucía). En el ejercicio de dichas competencias, el Consejero suscribirá los Convenios, en el marco de diálogo social, con las Organizaciones Sindicales y Empresariales.

La competencia para la resolución de los expedientes restantes se delega en:

a)  El Director General de Formación Profesional Ocupacional para la solicitudes que prevean proyectos a ejecutar en dos o más provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excepto en el supuesto previsto en el apartado dos de este artículo, en el que la competencia recaerá en los Delegados Provinciales de la Consejería. Asimismo, el Director General de Formación Profesional Ocupacional será competente cuando se trate de solicitudes del Programa de Acciones para la Mejora de la Formación Profesional Ocupacional.

b)  Los Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para los expedientes que afectan a su ámbito territorial respectivo, más la excepción recogida en el apartado anterior.


Artículo 7.  Inicio de los cursos.—Uno.  Las fichas técnicas de los cursos se presentarán en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la subvención, debiéndose indicar en la misma la fecha prevista de inicio de los mismos, que, con carácter general, no deberá superar el plazo máximo de dos meses desde la aprobación por parte de la Administración de la ficha técnica presentada.

Dos.  El incumplimiento de los plazos establecidos en el apartado anterior dará lugar a la extinción de la subvención correspondiente a los cursos no iniciados, salvo petición previa razonada y concesión expresa de la prórroga del plazo del inicio.

Tres.  No serán subvencionadas las acciones formativas iniciadas sin conocimiento ni autorización previa expresa por parte de la Administración.

Cuatro.  A efectos del presente artículo se entiende por inicio el comienzo efectivo de cada curso, debiendo acreditarse dicho inicio mediante la presentación ante la Delegación Provincial correspondiente de la ficha de Inicio en el plazo de diez días.


Artículo 8.  Captación y selección del alumnado.—Uno.  Para la captación y selección, en su caso, del alumnado se tendrán en cuenta las condiciones y requisitos exigidos en cada uno de los Programas descritos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, atendiéndose al perfil preferentemente requerido para seguir las enseñanzas de cada curso.

En casos excepcionales y razonados, la Delegación Provincial correspondiente podrá admitir alumnos con un perfil distinto al preferentemente requerido, si no existen solicitudes de alumnos que cumplan el citado perfil.

Dos.  Estos requisitos y demás condiciones para el acceso a un curso deberán cumplirse en la fecha en que finalice el plazo de admisión de solicitudes y habrán de ser acreditados por los candidatos en el momento de presentación de las mismas.

Tres.  Para dar conocimiento de la oferta formativa, así como para la captación del alumnado, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico realizarán la oportuna difusión de la convocatoria de los cursos, pudiendo contar para ello con la colaboración del Instituto Nacional de Empleo y de la Entidad correspondiente.

Cuatro.  Las personas desempleadas interesadas en participar en un curso cumplimentarán la solicitud de admisión en el modelo establecido para ello, presentándola en el plazo y lugar que se indique en la convocatoria del mismo.

Cinco.  Cuando el número de interesados en participar en un curso sea superior al de plazas previstas, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en colaboración con la entidad que imparta el curso, procederán a la selección de los alumnos a formar y de los candidatos en reserva. Para ello se tendrá en cuenta la experiencia laboral, el haber realizado otro curso en el mismo año y la cualificación profesional de los aspirantes, pudiendo igualmente aplicarse las pruebas que se estimen necesarias.

Seis.  La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, con carácter previo a la convocatoria de cada curso, podrá reservarse la facultad de que determinadas plazas del mismo, total o parcialmente, se puedan destinar a colectivos específicos de alumnos por la naturaleza del curso, por el entorno domiciliario o por especiales circunstancias comunes que aconsejen esa determinación.

Siete.  Cuando como resultado de procesos de orientación o calificación profesional de personas desempleadas fuere necesaria la incorporación de éstas a una acción formativa para completar o adecuar su itinerario profesional, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrán acordar la reserva de un número de plazas para la inclusión de estas personas.

Ocho.  Si los destinatarios de la formación son personas ocupadas, la selección se efectuará por la propia empresa, previa consulta a los representantes de los trabajadores, cuando sea la propia empresa la entidad subvencionada para impartir cursos destinados a sus trabajadores.

En el caso de trabajadores autónomos o de ocupados que pertenezcan a empresas de menos de 250 trabajadores y que participen en cursos organizados por Entidades distintas a aquellas en las que estén empleados, la selección se llevará a cabo con la participación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Nueve.  Si a la fecha prevista de inicio del curso, el número de alumnos seleccionados fuese inferior al número de alumnos programados en el Convenio de Colaboración o en la Resolución de Concesión, el curso podrá comenzar siempre y cuando tenga al menos ocho participantes, sin perjuicio de la posible incorporación de nuevos alumnos de acuerdo con el artículo 13de la presente Orden.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, tanto en los cursos con compromiso de inserción laboral como aquellos otros en los que concurran causas suficientemente justificadas podrá autorizarse su inicio con menos de 8 alumnos.

Este último párrafo ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 9.  Cobertura del riesgo de accidente de los alumnos.—Uno.  Los alumnos deberán tener cubiertos los riesgos de accidente que pudieran producirse como consecuencia de la asistencia a los cursos, así como de la fase de prácticas profesionales en empresas que pudieran realizar.

Si el aseguramiento se efectúa a través del Régimen de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social, en materia de cobertura se estará a lo dispuesto por la normativa de prestaciones de la Seguridad Social al respecto.

Por el contrario, si el aseguramiento del riesgo de accidentes se efectúa mediante póliza con una entidad aseguradora privada, la cobertura mínima que deberá contener dicha póliza será la siguiente:

— Fallecimiento por accidente: 2.000.000 de ptas.

— Invalidez permanente: 2.000.000 de ptas.

— Lesión permanente no invalidante: Según valoración oficial de prestaciones de la Seguridad Social al respecto.

— Responsabilidad civil: Daños a terceros causados por el alumno, 5.000.000 de ptas.

Dos.  En todo caso, se entenderá que la Administración no será responsable directa ni indirectamente en cuanto a los riesgos de accidentes de los alumnos ni respecto a los daños causados a terceros por los mismos.


Artículo 10.  Ayudas a los alumnos desempleados.—Uno.  Cuando así lo requieran las condiciones de acceso a la formación y/o a las prácticas profesionales, los alumnos percibirán ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento, siendo competencia de la correspondiente Delegación Provincial la aprobación de las mismas en función de la distancia y medios de transporte que existan en la zona.

Dos.  Se percibirán ayudas de transporte cuando sea preciso desplazarse para asistir a un curso de un municipio a otro. También se podrá percibir la ayuda de transporte, en caso de desplazarse de un núcleo de población a otro, dentro del mismo municipio, siempre que la distancia entre ambos sea de al menos 10 kilómetros.

La ayuda por este concepto será de 20 pesetas por kilómetro, estableciéndose un máximo de 1.200 pesetas por día lectivo.

Tres.  Se percibirán ayudas en concepto de manutención cuando la distancia entre el lugar de residencia y el municipio donde se imparte el curso sea, al menos, de 50 kilómetros, y siempre que las clases sean en jornada de mañana y tarde, pudiendo percibir 1.000 pesetas, por día lectivo, además de la ayuda de transporte prevista en el apartado anterior.

Cuatro.  El alumno tendrá derecho a una ayuda por alojamiento cuando se desplace más de 100 kilómetros para asistir al curso, salvo que, por las facilidades de la red de transporte, los desplazamientos puedan efectuarse con oportunidad y rapidez antes y después de las clases, a criterio de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería.

El importe de la ayuda por alojamiento se corresponderá con el gasto real efectuado y se justificará por medio de contrato de arrendamiento, factura de hospedaje o cualquier otro documento legalmente acreditativo, y en todo caso, con un importe máximo de 4.000 pesetas por día natural y hasta un máximo de 65.000 pesetas al mes. En los casos en que se tenga derecho a la ayuda por alojamiento, se devengará, asimismo, ayuda en concepto de manutención por un importe de 2.500 pesetas por día natural, así como la ayuda de transporte relativa al día de comienzo y al de finalización del curso.

Cinco.  Para poder percibir las ayudas anteriormente citadas, los alumnos solicitantes deberán presentar el certificado de empadronamiento y residencia expedidos por el Ayuntamiento de la localidad de su domicilio. En caso de existir contradicción entre este dato y el que figura como domicilio en la tarjeta de demandante de empleo, se considerará este último como residencia del alumno.

Seis.  Las personas discapacitadas en situación de desempleo percibirán una ayuda de 725 pesetas por día lectivo, en concepto de beca por asistencia al curso, siempre y cuando no estén percibiendo prestaciones o subsidios por desempleo.

Siete.  Los alumnos y alumnas desempleados con responsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años, siempre que constituyan unidad familiar monoparental, percibirán una ayuda de 700 pesetas por día lectivo e hijo. Esta circunstancia se acreditará mediante presentación del libro de familia o cualquier otro documento en el que conste fehacientemente tal hecho.

Ocho.  El derecho a la percepción de las ayudas recogidas en este artículo exigirá que la jornada lectiva del curso no sea inferior a 4 horas diarias, pudiéndose computar a tal efecto el tiempo de la formación recibida en prácticas profesionales, en su caso. No se aplicará el citado requisito de jornada lectiva mínima de 4 horas diarias en el caso de acciones de Formación de Formadores, así como en los supuestos de desplazamientos necesarios para asistir a sesiones presenciales de tutorías, evaluaciones, etc., en acciones semipresenciales.

Nueve.  Estas ayudas se tramitarán a instancia del interesado, que deberá solicitarlas en la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería en cualquier momento durante el desarrollo del curso. Con carácter excepcional, y siempre que el curso tuviera una duración superior a tres meses, el alumno podrá percibir durante el segundo mes y los meses posteriores un anticipo equivalente a la cuantía mensual de la ayuda y/o beca.

Diez.  Las ayudas establecidas en los apartados anteriores se devengarán a partir del día del inicio del curso. No obstante, las ayudas de alojamiento y manutención podrán incluir el día inmediatamente anterior y posterior a las fechas de inicio y finalización del mismo.

Once.  La pérdida del derecho a estas ayudas tendrá lugar desde el día en que se produzca el motivo de exclusión de un curso, no concediéndose ayuda alguna en los días en que se produzcan faltas de asistencia, sean o no justificadas.

Doce.  Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrán reclamar a los alumnos las cantidades que en concepto de ayuda económica hubieran percibido indebidamente.


Artículo 11.  Ayudas a Profesionales de la Formación en calidad de alumnos.—En el caso de formadores que asistan en calidad de alumnos a cursos convocados por esta Consejería para la formación de profesionales de la Formación Profesional Ocupacional, éstos podrán recibir ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento cuando reúnan los requisitos recogidos en los apartados dos, tres y cuatro del artículo 10, sin perjuicio de su situación laboral de desempleados o de trabajadores ocupados, siendo necesaria la acreditación, en todos los casos, mediante certificado de empadronamiento y residencia, expedido por el Ayuntamiento de la localidad de su domicilio. Si el alumno se encuentra en la situación laboral de desempleo y hubiera contradicción entre estos datos y el que figura como domicilio en la tarjeta de demanda de empleo se estará a esta última, mientras que si se trata de trabajadores ocupados, tendrá derecho a la ayuda si el curso se imparte en localidad distinta a la de su domicilio o a la del centro de trabajo.

Dichas ayudas serán las siguientes:

— Ayuda en concepto de transporte, en los términos establecidos en el apartado dos del artículo 10 de esta Orden y por una cuantía de 20 pesetas por kilómetro.

— Ayuda en concepto de manutención, por una cuantía máxima de 2.584 pesetas por día lectivo, además de la ayuda de transporte prevista en el punto anterior.

— Ayuda en concepto de alojamiento por un importe máximo de 7.090 pesetas por día natural, en función de los gastos reales, hasta un máximo de 80.000 pesetas mensuales, devengándose una ayuda por manutención de hasta 5.167 pesetas por día natural, y el desplazamiento del día de comienzo y finalización del curso, en los términos establecidos en este artículo.


Artículo 12.  Obligaciones de los alumnos.—Uno.  Las personas que participen en los cursos, tanto desempleadas como ocupadas, tienen la obligación de asistir y seguir los mismos con interés y regularidad, no pudiendo, en ningún caso, participar simultáneamente en más de un curso.

Dos.  Serán causas de exclusión de los cursos y de pérdida de la beca y/o ayuda asignada por la asistencia a los mismos las siguientes:

1.  Tener tres faltas de asistencia no justificadas en el mes.

2.  No seguir el curso con el suficiente interés y regularidad. A tal efecto, la Entidad colaboradora propondrá a la Delegación Provincial la exclusión de los alumnos que incidan en dicho supuesto. La Delegación Provincial resolverá el expediente de exclusión y en el supuesto que proceda ésta, no se tendrá en cuenta dicha baja del alumno a efectos de la liquidación del curso.


Artículo 13.  Cobertura de vacantes.—Uno.  Cuando por los motivos indicados o por bajas voluntarias de quienes participen en un curso se produzcan vacantes en el mismo, éstas podrán ser cubiertas por aspirantes que hubiesen quedado en reserva como resultado del proceso de selección si no se ha impartido el 25% del curso. Agotado el cupo de reserva, la Entidad podrá incorporar automáticamente alumnos que reúnan el perfil requerido.

Dos.  Superado el 25% de las horas del curso, las Delegaciones Provinciales podrán autorizar la cobertura de las vacantes, a la vista del informe del responsable del curso, siempre que de las circunstancias académicas o profesionales de las personas que se incorporen se deduzca que pueden seguir las clases con aprovechamiento.


Artículo 14.  Acciones formativas dirigidas a personas ocupadas.—Uno.  Cuando se concedan subvenciones a empresas para la formación de sus trabajadores, se estará lo dispuesto en el artículo 64.1.4.º c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Dos.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.6 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, cuando las acciones tengan como beneficiarios a personas ocupadas, las empresas en las cuales estén contratadas deberán asumir parte de los costes asociados a dichas acciones, haciéndose constar en la Resolución la aportación de las citadas empresas, que supondrá, al menos, el 10% del coste de las acciones, el cual será deducido del importe de la subvención. La Entidad deberá justificar el coste total estimado de la acción formativa para percibir la totalidad de la subvención. En caso de que se justifique una cantidad inferior, se liquidará aplicando al coste de la acción formativa efectivamente realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje de dicha financiación definido en la resolución de concesión.


Artículo 15.  Ejecución de las Acciones Formativas.—Uno.  Las acciones podrán ser de carácter presencial o semipresencial. Estas últimas deberán incluir sesiones didácticas o tutorías presenciales y periódicas, así como sistemas de evaluación presenciales.

En las acciones semipresenciales, el número de alumnos se fijará en cada caso en base a los medios tecnológicos audiovisuales empleados en la teleformación hasta un máximo de 75 alumnos. Igualmente, el importe de la subvención se adaptará en estos casos a las necesidades presupuestarias de cada acción formativa.

Dos.  Todos los cursos incluirán un módulo sobre prevención de riesgos laborales, salvo que el objeto del curso sea precisamente la citada materia.

Los cursos para personas desempleadas incluirán igualmente un módulo de orientación e información profesional que contenga técnicas de búsqueda de empleo, de autoempleo y de economía social.

Con carácter general, dichos módulos se incluirán dentro de las horas previstas para cada curso en el Fichero de Especialidades, salvo en cursos que por su reducida duración se estime excepcionalmente que los mismos se impartan fuera de las citadas horas. En el caso de cursos no recogidos en el citado Fichero, los módulos anteriores se incluirán en las horas programadas para dichos cursos en las respectivas solicitudes.

Asimismo, se podrá incluir un módulo de sensibilización medio ambiental que forme a los alumnos en las principales nociones medio ambientales relacionadas con las especialidades profesionales y los entornos productivos.

Igualmente, se podrá incluir un módulo sobre Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Tres.  En las acciones a desarrollar con compromiso de inserción laboral, se podrá incluir en la Resolución correspondiente la participación como Agente Externo de otra Entidad distinta a la beneficiaria de la subvención, que llevaría a cabo la acción formativa. El Agente Externo deberá estar homologado como Centro Colaborador o reunir condiciones técnicas adecuadas, en su caso.

Igualmente, podrá participar un Agente Externo en el desarrollo de acciones formativas dirigidas a personas ocupadas.

En ambos casos, la participación de un tercero como Agente Externo se realizará en base a una relación jurídica con la Entidad beneficiaria, sin que ello suponga una responsabilidad subsidiaria de la Administración con el Agente Externo.

Cuatro.  La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrá impulsar el desarrollo de acciones formativas en aquellas zonas o ámbitos geográficos en los que se detecte falta de oferta formativa en determinadas especialidades profesionales demandadas por el mercado de trabajo. A tal efecto, se podrán suscribir convenios de colaboración para programaciones de carácter plurianual con entidades que se comprometan a realizar las inversiones necesarias para ello.


Artículo 15 bis.  Subcontratación.—Uno.  Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 por cien de la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, en los términos establecidos en esta Orden. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente, ya sea de forma expresa en la propia resolución de concesión de la subvención o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.

Dos.  Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con personas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se obtenga la previa autorización del órgano concedente, ya sea de forma expresa en la propia resolución de concesión de la subvención o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.

Tres.  Para las acciones subvencionadas en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, y normas de desarrollo), con independencia de lo regulado en los párrafos anteriores de este artículo, siempre se requerirá autorización previa expresa de la Administración competente para la subcontratación.

Cuatro.  En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cinco.  Los gastos relativos a los subcontratos con intermediarios o asesores no podrán ser cofinanciados con fondos estructurales, en los que el pago consista en el porcentaje del coste total de la operación, a menos que el beneficiario final justifique dicho pago por referencia al valor real del trabajo realizado o servicio prestado.

Este artículo 15 bis ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 16.  Certificado de Participación.—Las Delegaciones Provinciales de la Consejería expedirán el correspondiente Certificado de Participación a quienes finalicen el curso con aprovechamiento. En el citado Certificado se hará constar la denominación del curso, la entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el programa de contenidos desarrollado.


Artículo 17.  Prácticas profesionales.—Uno.  Las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas podrán contar con una fase de prácticas profesionales adecuadas a los conocimientos teórico/prácticos del curso.

Las prácticas profesionales se realizarán en empresas, Organismos Públicos y otras entidades sin que de ello se deduzca la existencia de relación laboral alguna respecto a los alumnos.

Dos.  El período de prácticas profesionales tendrá una duración máxima de 40 jornadas para aquellos cursos de duración igual o inferior a 600 horas, pudiendo alcanzar las 60 jornadas para cursos de mayor duración, contando éstas con un mínimo de 4 horas diarias. Estas prácticas profesionales se realizarán durante la impartición del curso o a continuación del mismo, sin que entre ambas fases transcurran más de 60 días.

Tres.  Para la realización de estas prácticas, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico suscribirán Convenios de Colaboración con las empresas, Organismos Públicos y otras entidades donde se vayan a realizar las prácticas profesionales, especificando el número de alumnos que pueden recibir en prácticas, las especialidades que podrán realizarse, los centros de trabajo, horarios y contenidos de las mismas.

Cuatro.  Las empresas, Organismos Públicos y otras entidades donde se realicen las prácticas profesionales designarán, de entre sus empleados, un tutor o tutores que asesorarán a los alumnos y supervisarán su actividad. Asimismo, a la finalización de las prácticas facilitarán a los alumnos una acreditación de las mismas.

Cinco.  Las empresas y entidades en las que se realicen prácticas profesionales tendrán derecho a una compensación por los gastos que puedan producirse, incluida la póliza suplementaria de accidente que deberán suscribir, por importe de hasta 1.500 pesetas por persona y día. No será de aplicación la citada compensación para las prácticas profesionales correspondientes a acciones formativas con compromiso de contratación.

Dicha compensación correrá a cargo de la Entidad beneficiaria de la subvención del curso de Formación Profesional Ocupacional, que podrá incluir dicho gasto en la justificación correspondiente a la parte «B» del módulo de la subvención. A tales efectos, se incrementará la cuantía de la citada parte «B» en la cantidad que proceda.

Seis.  Al comienzo de la acción formativa que incluya una fase de prácticas profesionales, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico correspondientes al ámbito provincial en que se lleve a cabo comunicarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la identidad de los alumnos y los datos del Centro de trabajo en el que se realizarán las mismas, así como el horario de la citada fase.

Siete.  Las empresas, Organismos Públicos y otras entidades que presten sus instalaciones y medios para el desarrollo de estas prácticas comunicarán previamente a los representantes legales de los trabajadores del Centro de trabajo donde vayan a realizarse la relación nominal de los alumnos que participen, el contenido y el horario de las mismas.

Ocho.  Las Delegaciones Provinciales podrán autorizar la realización de prácticas profesionales para alumnos de Formación Profesional Ocupacional que hayan finalizado acciones formativas en las que no estaba prevista la fase de prácticas profesionales.


Artículo 18.  Cuantificación de las ayudas.—Uno.  La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrá conceder ayudas que cubran parcial o totalmente los costes derivados del desarrollo de las acciones. El importe de las ayudas se determinará en función del nivel formativo de los cursos, del grado de dificultad para la organización de los mismos, de su duración y número de alumnos.

En la resolución de concesión se determinarán los importes correspondientes al módulo «A» de la acción formativa, que se referirá a los costes de profesorado y tutores, y al módulo «B», que contemplará el resto de los costes del curso a subvencionar. Igualmente, la Administración tendrá en cuenta para fijar la cuantía de la subvención las peculiaridades de cada acción, características de los cursos, presupuesto presentado por las Entidades solicitantes, desplazamientos especiales, etc., no siendo subvencionables, en ningún caso, gastos no admitidos por la Normativa Comunitaria.

Dos.  Las ayudas a conceder en el marco del programa de formación para trabajadores ocupados en pequeñas o medianas empresas, en empresas de economía social, así como para trabajadores autónomos, cumplirán los requisitos que se derivan de la Comunicación de la Comisión Europea 96/C68/06, relativa a las ayudas de mínimis (DOCE núm. C 68, de 6 de marzo de 1996).


Artículo 19.  Devengo de las ayudas.—Uno.  La Dirección General de Formación Profesional Ocupacional y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, aprobada la subvención, tramitarán el pago del porcentaje de la cuantía de la subvención que en la Resolución o Convenio correspondiente se haya fijado en concepto de anticipo. Dicho porcentaje, como máximo, será del 75% de la subvención y el inicio de las acciones formativas, así como su normal desarrollo, no estarán condicionados al cobro por la Entidad del citado porcentaje de la subvención. El resto se liquidará una vez finalizadas las acciones formativas y siempre que las justificaciones correspondientes superen la cuantía del anticipo percibido.

En todo caso el beneficiario deberá justificar el gasto total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

Este párrafo ha sido añadido por la Orden de 17 de febrero de 2003(BOJA de 14 de marzo).

No obstante, podrá tramitarse el abono de la subvención en un solo pago siempre que se haya justificado el 25% de la misma. La justificación del 75% restante se realizará en el plazo establecido en el artículo 20, párrafo 1.ºde la presente Orden.

Este párrafo ha sido redactado por la Orden de 17 de febrero de 2003(BOJA de 14 de marzo).

Dos.  De acuerdo con lo previsto en el a rtículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios, no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.

Este apartado Dos ha sido redactado por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA del 14).

Tres.  Siempre que la Entidad reciba un anticipo o fracción de la ayuda concedida, deberá presentar en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico correspondiente, en los casos en que este órgano sea el competente para resolver, certificado de haber incorporado el pago a su presupuesto o contabilidad, con expresión del asiento contable practicado en su caso. En todos los demás supuestos, dicho certificado se presentará en la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional.

Dada la duración de las acciones previstas en esta Orden, podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual.

Este párrafo segundo ha sido añadido por la Orden de 17 de febrero de 2003(BOJA de 14 de marzo).


Artículo 19 bis.  Gastos subvencionables.—Se consideran gastos subvencionables a los efectos previstos en la presente Orden aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que hayan sido realizados y efectivamente pagados desde la fecha de inicio del proyecto fijado por la Resolución de concesión de la subvención o Convenio de Colaboración o en su defecto desde la fecha de la Resolución o la firma del Convenio de Colaboración, hasta la finalización del plazo de justificación establecido.

El beneficiario debe presentar una cuenta justificativa de los gastos incurridos y de otras financiaciones para el objeto de la subvención.

Este artículo 19 bis ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 20.  Justificaciones y liquidación.—Uno.  Para la acreditación de la finalización de la acción objeto de subvención y a efectos de justificar la correcta utilización de la subvención concedida, la entidad subvencionada presentará certificación responsable de dicha circunstancia. Esta certificación deberá ir acompañada de una relación de gastos realizados de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración o en la Resolución de Concesión de la subvención en los modelos normalizados, debiendo mantenerse por el beneficiario los originales de la facturas correspondientes a disposición de los órganos de gestión y control competentes.

Todo ello se llevará a cabo en el plazo máximo de tres meses a contar desde la terminación del proyecto objeto de subvención, y en su defecto se podrá declarar a la Entidad correspondiente decaída en su derecho al cobro de la liquidación pendiente de abonar.

A efectos de justificación, el importe de la subvención se adecuará en el caso de que la entidad beneficiaria no imparta la totalidad de las horas programadas del curso, reduciéndose dicha subvención tanto en la parte «A» como en la parte «B» en proporción al número de horas impartidas.

Igualmente cuando el número de alumnos que inicien el curso, una vez computado el 25% de las horas lectivas del curso, sea inferior al número de alumnos programados, la subvención se reducirá tanto en la parte «A» como en la parte «B» en proporción al número de alumnos iniciados.

Con independencia de la adecuación del importe de la subvención al número de horas impartidas y/o al número de alumnos que hayan iniciado el curso señalado en los párrafos anteriores, las disminuciones que procedan en la liquidación de los cursos, sólo se aplicarán en lo relativo a la parte «B».

Dichas disminuciones se efectuarán en el importe de la subvención concedida a la parte «B», en función del número de alumnos que hayan terminado o de los que se pueda justificar que han recibido la práctica totalidad de la formación, entendiéndose por ello un mínimo del 75% de las horas lectivas.

Se computarán como alumnos finalizados aquellos que precisen abandonar el curso anticipadamente por haber encontrado un empleo, siempre que tal hecho sea acreditado y que hayan asistido al curso como mínimo un 5% de las horas lectivas y que el número de alumnos que finalice no supere al de los programados.

No se admitirá como justificable ninguna cantidad ni porcentaje en concepto de gastos de difícil justificación.

Junto a la justificación indicada se deberá presentar, en su caso, la documentación exigida en el apartado dos del artículo 19de la presente Orden.

Este apartado Uno ha sido redactado por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).

Dos.  En caso de que exista autorización para la realización de los cursos a través de un Agente Externo, éste quedará obligado a justificar en la forma y plazos previstos en la normativa vigente, ante la entidad beneficiaria y ante el órgano concedente de la subvención todos los gastos ocasionados por los cursos de acuerdo con los costes subvencionados, quedando dicho agente externo sometido a las posibles inspecciones y requerimientos de documentación contable de dichos gastos por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía, Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea y Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

Este apartado Dos ha sido redactado por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA del 14).

Tres.  Al objeto de facilitar las justificaciones y cualquier inspección o requerimiento de documentación de los gastos realizados, la entidad beneficiaria, así como en su caso el Agente Externo, deberán recoger en su contabilidad los gastos imputados a cada uno de los cursos o acciones subvencionadas de modo separado o con cualquier otro procedimiento que permita su inequívoca identificación.

Cuatro.  En el supuesto de que se realicen otras actividades docentes como tareas de evaluación, elaboración de medios didácticos, tutorías/apoyo del alumno, se imputará a dichas tareas, como máximo, un 20% del importe de la subvención correspondiente a la parte «A».

Cinco.  Los gastos de dirección y coordinación de las acciones formativas no podrán ser superiores al 20% de la parte «B» de la subvención que se establezca en la correspondiente Resolución o Convenio.

La justificación de las amortizaciones y alquileres de locales que procedan no podrá superar el 25% de la parte «B».

Seis.  [...]

Este apartado seis ha sido suprimido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 21.  Publicidad.—Las entidades que participen en el desarrollo de los Programas expuestos deberán manifestar de modo expreso la colaboración de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y del Fondo Social Europeo en todas las actuaciones que la ejecución del Proyecto requiera. Para ello se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre de 1997), así como en el Reglamento (CE) núm. 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros con las intervenciones de los Fondos Estructurales (DOCE núm. L 130 de 31 de mayo de 2000).

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrá establecer las características que, a tal efecto, deberán reunir los materiales impresos o audiovisuales que elaboren las Entidades.


Artículo 22.  Elaboración de material didáctico.—Siempre que se elabore el contenido teórico-práctico de un curso o cualquier otro material didáctico con cargo a la subvención concedida, la entidad deberá conservar un original de los mismos a disposición de los órganos de gestión y control competentes, pudiendo la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico darle la utilidad y publicidad que estime conveniente.

Se deberá describir la elaboración de dicho material en la ficha técnica, así como indicar el profesor que lo elaborará en la citada ficha.


Artículo 23.  Comisiones Mixtas.—Uno.  A fin de coordinar las acciones formativas que se realicen, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional podrán constituir Comisiones Mixtas con funciones de preparación, seguimiento y evaluación de las actuaciones derivadas de la resolución de concesión de la subvención o del convenio suscrito al efecto, contando para ello con las siguientes facultades:

— Autorizar y denegar prórrogas de los plazos establecidos.

— Modificar los cursos objeto de subvención, de entre los solicitados en su día por la entidad y siempre que ello no comporte incremento de la ayuda concedida ni cambio de la financiación presupuestaria.

— Modificar el lugar en el que se imparten o el horario lectivo de los cursos.

— Autorizar el cambio, la incorporación o la exclusión de agentes externos, en los casos en que proceda.

Dos.  Dichas facultades se ejercen sin perjuicio de dictar, necesariamente, Resolución complementaria o suscribir Addenda al Convenio de Colaboración.

Tres.  Las citadas Comisiones Mixtas estarán constituidas por representantes de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de la Entidad beneficiaria. Su composición, según el ámbito geográfico donde se desarrollen las acciones formativas, será la siguiente:

1.  Para los proyectos de carácter multiprovincial: El Director General de Formación Profesional Ocupacional o persona en quien delegue, que la presidirá, un representante de la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional, y dos representantes cualificados de la Entidad, siendo uno de éstos el responsable del proyecto. Asimismo, si se estimara conveniente en función del orden del día, podrá convocarse a representantes de las Delegaciones Provinciales en las que tengan lugar las acciones.

Las citadas Comisiones Mixtas podrán convocarse a instancias de la Dirección General, de las Delegaciones Provinciales o de la Entidad correspondiente.

2.  Para los proyectos de carácter uniprovincial: El/La Delegado/a de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la provincia en que tenga lugar la acción, o persona en quien delegue, que la presidirá; un representante de la Delegación Provincial y dos representantes cualificados de la Entidad, siendo uno éstos el responsable del proyecto.


Artículo 24.  Seguimiento de las acciones.—Uno.  Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, con independencia de las actuaciones que al efecto ponga en marcha la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional, realizarán las tareas de control y seguimiento de las acciones, velando por el correcto cumplimiento de las condiciones previstas en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, en la presente Orden, y en las Resoluciones y Convenios suscritos, pudiendo proceder, en su caso, a suspender el desarrollo de las acciones.

Dos.  Al objeto de favorecer el seguimiento de las acciones formativas, las entidades que participen en el desarrollo de los programas previstos en el artículo 1.Uno de esta Orden deberán remitir a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de aquellas provincias donde tengan lugar las acciones formativas la Ficha Técnica del curso, al menos un mes antes de la fecha de comienzo prevista para el mismo y en cualquier caso en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la subvención. La citada Ficha Técnica habrá de ser visada por la Delegación Provincial en el plazo máximo de un mes desde su presentación, entendiéndose aprobada en sentido positivo en caso de silencio administrativo, manteniéndose a disposición de los alumnos.

Tres.  Del mismo modo, iniciadas las acciones formativas, las entidades enviarán la Ficha del Curso y de los alumnos a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Igualmente comunicarán, al menos con carácter mensual, las incidencias detectadas en la ejecución de las acciones subvencionadas, y remitirán los certificados de asistencia.

Cuatro.  Finalizado cada curso, las citadas entidades deberán remitir en el plazo de 10 días, a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la relación de alumnos con la calificación de apto o no apto, en cada caso.

Cinco.  Transcurridos seis meses desde la finalización de las acciones formativas para trabajadores desempleados deberá remitirse a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico informe de inserción en el que se haga constar la situación laboral de los alumnos, tipo de contrato, duración del mismo y vinculación de la formación recibida con el puesto de trabajo, así como memoria de las actuaciones realizadas para conseguir dicha inserción.

Seis.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico y la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional podrán requerir cuanta documentación consideren necesaria y realizar inspecciones en cualquier momento para comprobar la adecuada ejecución del proyecto.

Siete.  Asimismo, las Entidades beneficiarias deberán facilitar cuanto información le sea requerida, así como someterse a las actuaciones de comprobación que correspondan a la Intervención de la Junta de Andalucía, Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea y Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.


Artículo 25.  Evaluación.—La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a la vista de los datos aportados por las entidades subvencionadas respecto al desarrollo de las acciones formativas, podrá realizar estudios o informes de evaluación de los Programas de Formación Profesional Ocupacional, cuyos resultados puedan servir como base para detección de necesidades de formación, desarrollo de nuevos programas, ampliación o supresión de especialidades, etc.


Artículo 26.  Currículum de los alumnos.—Finalizado cada curso y al objeto de facilitar la orientación profesional y la gestión de la inserción laboral de los alumnos en situación de desempleo, las Entidades deberán cumplimentar un currículum, seguir modelo proporcionado por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por cada alumno en situación de desempleo y remitirlo en el plazo de diez días a dicha Delegación Provincial. Esta obligación deberá prestarse por el profesor/monitor del curso y/o personal técnico de orientación del que disponga el Centro de acuerdo con las orientaciones que establezca la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.


Artículo 27.  Modificación, suspensión y extinción de las ayudas.—Uno.  Las entidades beneficiarias estarán obligadas a comunicar, en su caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquier Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública, Título VIII «De las subvenciones y ayudas públicas», artículo 110, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía u otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución o del Convenio suscrito.

Dos.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, si la entidad colaboradora en el desarrollo de las acciones formativas incumpliera alguno de los extremos exigidos en el citado Decreto, en esta Orden, en los Convenios de Colaboración o Resoluciones de concesión de subvención y demás normativa aplicable, así como en caso de falsificación de datos o cualquier otra acción fraudulenta, tendrá lugar la suspensión de la ayuda concedida.

Tres.  Los supuestos previstos en el apartado anterior podrán ser igualmente motivo para que, previa audiencia al interesado, se origine la resolución del convenio, se ordene la extinción, total o parcial de la subvención, y en virtud de lo establecido en la normativa legal aplicable tenga lugar la devolución de las cantidades percibidas en concepto de anticipo a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, así como los correspondientes intereses de demora.

Cuatro.  Cualquier modificación de lo establecido en las correspondientes Resoluciones y/o Convenios de Colaboración deberá ser objeto de previa autorización del Órgano competente para resolver o de la Comisión Mixta, en su caso. Si se efectuaran modificaciones sin la citada autorización, se considerará extinguida total o parcialmente la subvención y la entidad deberá devolver las cantidades que hubiese percibido.

Cinco.  La asistencia de los alumnos a los cursos será gratuita, y la percepción de cualquier cantidad portal concepto por parte de la entidad que lo imparta será causa de extinción de la subvención e implicará la obligación de devolver la cantidad indebidamente percibida, sin perjuicio de la aportación de la empresa prevista en el artículo 14.Dosde esta Orden para el supuesto de alumnos que sean trabajadores ocupados.

Seis.  En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria(Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre).


Artículo 28.  Informatización de datos.—La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrá exigir a las Entidades la aportación de los datos a los que se hace mención en la presente Orden, en los soportes informáticos que establezca o vía Internet, paralelamente a la cumplimentación documental o sustituyendo a ésta.


Artículo 29.  Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.—Las Entidades se comprometerán formalmente a mantener el secreto de todas las informaciones que les sean suministradas con ocasión de las acciones formativas a impartir, tanto por parte de la propia Administración como por parte de los alumnos, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El uso de los datos facilitados directamente por las personas interesadas estará limitado a la autorización expresa por parte de éstas.


Artículo 30.  Convenios Específicos.—De acuerdo con lo previsto en al artículo 18.5 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, las acciones que se lleven a cabo con la colaboración de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, en el marco del diálogo social, se desarrollarán a través de Convenios Específicos que regularán las condiciones de participación, programación, Agentes Externos, ejecución de los cursos, justificación, Comisiones Mixtas, cuantificación de la acciones, porcentaje de amortizaciones y gastos de administración y coordinación, etc., obligando dichas condiciones específicas tanto a dichas Entidades como a sus Agentes Externos.

En todas las cuestiones no recogidas en los Convenios Específicos se estará a lo dispuesto en la presente Orden.


Artículo 31.  Reintegro.—Uno.  Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones o compensaciones económicas percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento de pago, en los siguientes supuestos:

a)  Incumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas o de las condiciones impuestas para su realización en la Resolución o Convenio, salvo autorización formal del cambio producido por parte del órgano competente.

b)  Subcontratación de la ejecución de los cursos aprobados con un tercero no autorizado como agente externo.

c)  Incumplimiento de las obligaciones establecidas para las empresas en el Convenio suscrito al efecto para la realización de las prácticas profesionales.

d)  Incumplimiento por parte de la Entidad o, en su caso, del agente externo, de la obligación de justificar los gastos realizados de acuerdo con las condiciones exigidas en la presente Orden, así como en la Resolución o Convenio que se suscriba al efecto.

e)  Obtención de las subvenciones o compensaciones correspondientes sin reunir las condiciones requeridas para ello en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

f)  Incumplimiento total o parcial del compromiso de contratación asumido en su caso por la Entidad, salvo que el órgano competente para resolver estime la concurrencia de causa suficientemente justificada para ello, que deberá hacerse constar en Resolución motivada al efecto.

g)  La extinción de la subvención en los términos previstos en el artículo 27.Tresde esta Orden.

h)  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la Hacienda Pública.

i)  Cualquier otro incumplimiento de disposiciones legales o normativas aplicables.

Dos.  El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, por lo que procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Tres.  En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la letra n), del apartado 3 del artículo 17de dicha Ley.

Este apartado Tres ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).

Cuatro.  Para el procedimiento de reintegro de las ayudas contempladas en esta Orden serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Este apartado Cuatro ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005(BOJA del 14).


Artículo 32.  El interés de la demora.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, siéndoles de aplicación, a efectos del cálculo, el interés legal del dinero en los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este artículo 32 ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA del 14).


Artículo 33.  Procedimiento sancionador.—En materia sancionadora se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este artículo 33 ha sido añadido por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA del 14).


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.—Para las acciones a programar en 2001, el plazo para la presentación de las solicitudes abarcará desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 31 de enero de 2001.


Disposición transitoria segunda.—Durante las convocatorias de los años 2001 y 2002, los plazos previstos en el artículo 7.Unode esta Orden se fijarán en las correspondientes Resoluciones de concesión de subvenciones.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.—En todo lo no dispuesto en esta Orden será de aplicación supletoria el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, Orden de 13 de abril de 1994, de desarrollo del citado Decreto, modificada por Orden de 20 de septiembre de 1995 y de 14 de octubre de 1998 o normas que lo sustituyan y/o desarrollen, así como a la Normativa Comunitaria que le fuesen de aplicación.


Disposición adicional segunda.—La excepción prevista en el artículo 18.3 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre,para la participación en la ejecución de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de entidades que sin estar homologadas como Centro Colaborador reúnan condiciones técnicas adecuadas, será autorizada con carácter previo por el Director General de Formación Profesional Ocupacional para aquellos proyectos formativos de carácter multiprovincial y por los Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para aquellos proyectos de carácter uniprovincial. Igualmente se autorizará por los órganos citados la participación como agente externo de Centros no homologados que reúnan condiciones técnicas adecuadas para ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.


Disposición adicional tercera.—Se procederá a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las subvenciones concedidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública.


Disposición adicional cuarta.—La presente Orden se aplicará en todo lo relativo al seguimiento de las acciones formativas así como respecto a las justificaciones, liquidaciones y cualquier otro aspecto no recogido en las correspondientes Resoluciones de carácter excepcional en materia de Formación Profesional Ocupacional que se puedan dictar al margen de la presente Orden.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Queda derogada la Orden de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocupacional, salvo para las actuaciones iniciadas al amparo de las mismas.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—La concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden estará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejercicio económico.


Disposición final segunda.—Se faculta a la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional a adoptar las medidas necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Orden.


Disposición final tercera.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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