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ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2000, DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, POR LA QUE SE REGULA LA GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL EN CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DEL 20)




ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2000, DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, POR LA QUE SE REGULA LA GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL EN CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DEL 20)


 
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En virtud del Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, la Comunidad Autónoma de Castilla y León asume las funciones y servicios transferidos por la Administración del Estado en materia de formación profesional ocupacional, conllevando dicho traspaso la ejecución del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en nuestra región.

A lo largo del ejercicio pasado se dictaron sucesivas normas y disposiciones que permitieron el ejercicio de las competencias y funciones inherentes a dichas transferencia. Entre ellas se aprobó la Orden de 9 de diciembre de 1999 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establecía convocatoria pública y se regulaba la programación de acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2000.

La experiencia adquirida a lo largo de este período permite el establecimiento de una normativa que de modo estable regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en Castilla y León, sin perjuicio de que anualmente se apruebe la convocatoria a las entidades y Centros Colaboradores que participen en la correspondiente programación anual.

En consecuencia mediante la presente Orden se establece el marco jurídico por el que ha de regirse la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en Castilla y León. Mediante esta regulación se procede a realizar el necesario encaje o incardinamiento entre la normativa estatal y la autonómica en materia de Formación Profesional Ocupacional, siendo su objetivo último el impulso de políticas activas de formación que favorezcan la creación de empleo, facilitando la cualificación de trabajadores desempleados en orden a su inserción o reinserción laboral.

Por todo lo expuesto, oída la Comisión Regional de Empleo y Formación, con el informe previo de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta de la Dirección General de Trabajo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio. Dispongo:


CAPÍTULO I

Disposiciones Generales


Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.—La presente Orden tiene por objeto regular la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en la Comunidad de Castilla y León, que comprende el conjunto de acciones de formación ocupacional dirigidas a los trabajadores desempleados para proporcionarles las cualificaciones requeridas por el sistema productivo, e insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.


Artículo 2.  Ejecución de acciones formativas.—Las acciones de formación profesional ocupacional serán desarrolladas por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, a través de sus propios medios o mediante la colaboración de terceros.

2.  Podrán colaborar en la impartición de dichas acciones:

a)  Los centros colaboradores inscritos en el Censo de Centros Colaboradores del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en la Comunidad de Castilla y León.

b)  Las organizaciones empresariales o sindicales más representativas directamente o a través de sus fundaciones o Instituciones destinadas al desarrollo de acciones de formación, y las organizaciones representativas de la economía social que dispongan de centros con especialidades homologadas, previa suscripción de contrato-programa de carácter trienal.

c)  Las entidades públicas o privadas de formación o las empresas que dispongan de centro con especialidad homologada, con las que se suscriba Convenio de Colaboración en el que se comprometen a contratar al menos al 60% de los alumnos formados, preferentemente con carácter indefinido y como mínimo por una duración de seis meses, preferiblemente a tiempo completo, o como mínimo por el cincuenta por ciento de la jornada laboral legalmente establecida.

d)  Las empresas en las que se realizan prácticas no laborales asociadas a un curso de formación.


Artículo 3.  Destinatarios.—Las acciones formativas irán dirigidas a trabajadores desempleados, siendo los colectivos preferentes los establecidos en el artículo 1, apartados 2 y 3 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.


CAPÍTULO II

Homologación de centros y especialidades


Artículo 4.  Solicitud de homologación de centros colaboradores y especialidades formativas.—1.  Las personas físicas y entidades jurídicas que dispongan de centros de formación y deseen colaborar en las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional podrán solicitar la homologación de centros y especialidades formativas.

2.  Sólo podrán homologarse aquellas especialidades formativas que figuren incluidas en el Fichero de Especialidades del Instituto Nacional de Empleo.

Este apartado 2 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

3.  Los centros homologados podrán solicitar ampliación de especialidades homologadas si cumplen los requisitos de instalaciones y dotaciones requeridos en las mismas.

Este apartado 3 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

4.  La solicitud se cumplimentará en los impresos normalizados, que les serán proporcionados por las Oficinas Territoriales de Trabajo, y se presentará en el registro de la Oficina Territorial de Trabajo de la provincia donde radique el centro de formación o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.  Si la solicitud no reuniera los requisitos legales se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La rúbrica de este artículo 4 ha sido redactada por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).


Artículo 5.  Resolución.—La Directora General de Empleo y Formación resolverá la homologación del Centro y especialidades formativas y la ampliación de especialidades. Frente a dicha resolución cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Trabajo.

Este primer párrafo ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

El plazo para resolver será de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud. La no resolución expresa en dicho plazo implicará su denegación.


Artículo 6.  Homologación de nuevas especialidades formativas.—1.  En el caso de que algún centro considere necesario homologar una especialidad formativa que no esté recogida en el Fichero de especialidades del Instituto Nacional de Empleo, el Centro presentará solicitud de inclusión según el modelo normalizado, acompañado de la siguiente documentación:

a)  Informe motivado de necesidades de formación en la especialidad formativa en relación con el mercado de trabajo.

b)  Descripción del programa según la estructura de un curso normalizado de formación profesional ocupacional.

c)  Valoración estimada del coste de formación para 15 alumnos.

2.  Una vez informado por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, si procede, lo remitirá a la Dirección General del INEM que dictará la Resolución que proceda.


Artículo 7.  Pérdida de la condición de Centro colaborador y de la homologación de especialidad.—1.  El Director General de Trabajo revocará la autorización como Centro colaborador, previa audiencia del titular del Centro cuando el mismo incurra en alguno de los supuestos previsto en el apartado 1 del artículo 12 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.

2.  Igualmente, el Director General de Trabajo, previo aviso con una antelación mínima de tres meses, podrá revocar la homologación de alguna especialidad formativa, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.

3.  Las resoluciones de revocación a que hacen referencia a los números anteriores serán recurribles en alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Trabajo.

Este apartado 3 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).


CAPÍTULO III

Desarrollo de las acciones formativas


Artículo 8.  Preselección y selección de alumnos.—1.  La preselección de alumnos que vayan a participar en las acciones formativas del Plan FIP se realizará por las Oficinas Territoriales de Trabajo. No obstante también podrán incorporarse alumnos en situación de desempleo inscritos en las Oficinas de Empleo, que soliciten participar en las acciones formativas

Este apartado 1 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

2.  En el supuesto en que sea necesario realizar publicidad para seleccionar alumnos, el Centro Colaborador previamente lo solicitará a la Oficina Territorial de Trabajo, exponiendo las causas que excepcionalmente la hacen precisa, y el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, una vez analizada la solicitud, podrá autorizar dicha publicidad.

3.  En la publicidad de las acciones formativas deberá constar que el curso pertenece al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en la Comunidad de Castilla y León (Plan FIP), dirigido a desempleados, de carácter gratuito para los alumnos, financiado por el Fondo Social Europeo (FSE) y cuya gestión se realiza por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con los logotipos correspondientes.


Artículo 9.  Inicio de la acción formativa.—Una vez aprobada la programación el Centro Colaborador podrá iniciar la acción formativa, previa autorización por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.


Artículo 10.  Suspensión de los cursos.—Los cursos en los que pese a haberse intentado completar el número de alumnos, disminuya el número de participantes hasta una cantidad inferior al 50 por ciento del número que fueron seleccionados, podrán ser suspendidos por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo correspondiente, siempre y cuando no haya transcurrido más de la mitad de su período lectivo. La suspensión que pudiera llevarse a cabo por otras circunstancias sobrevenidas en el desarrollo del curso será igualmente autorizada por el Jefe de la Oficina Territorial.


Artículo 11.  Prácticas no laborales en empresas.—1.  Cuando la Entidad impartidora estime pertinente que los alumnos realicen, además de las horas lectivas del curso, prácticas no laborales en empresas, deberán presentar ante la Oficina Territorial de Trabajo, una memoria relativa a dichas prácticas.

2.  En la convocatoria anual se fijará el contenido de la memoria, el plazo de presentación de la misma, y el procedimiento de concesión de la ayuda a la empresa donde se desarrollen las prácticas no laborales.

3.  Antes del comienzo de las prácticas la empresa pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores de la empresa y de la Inspección de Trabajo una relación de los alumnos que las realizarán, así como las fechas y horarios de realización. La empresa remitirá copia de esta comunicación a la Oficina Territorial de Trabajo correspondiente.


CAPÍTULO IV

Normas relativas a las subvenciones a centros colaboradores y empresas


Artículo 12.  Cuantía y Gastos subvencionables de las acciones formativas.—La cuantificación y gastos subvencionables derivados de la realización de cursos y prácticas profesionales no laborales en empresas serán los establecidos en el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, así como en la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, modificada por las Órdenes de 20 de septiembre de 1995, de 14 de octubre de 1998 y la Orden TAS/466/2002, de 11 de febrero.

Este artículo 12 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).


Artículo 13.  Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.—Los beneficiarios de las subvenciones habrán de acreditar, previamente al cobro que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en los términos que se determinan en el Decreto 61/1997, de 20 de marzo («BOC y L» de 24 de marzo) y la Orden de 14 de mayo de 1997, de la Consejería de Economía y Hacienda, de desarrollo del citado Decreto («BOC y L» de 21 de mayo).


Artículo 14.  Anticipos, liquidación y contabilidad.—1.  Se estará a lo previsto en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, las Leyes de Presupuestos de la Comunidad de cada ejercicio, así como lo establecido en las convocatorias anuales.

2.  El contenido, alcance y requisitos de la documentación justificativa de los gastos subvencionables derivados de la realización de acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en Castilla y León, se determinará de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional sexta de la presente Orden.


CAPÍTULO V

Derechos y obligaciones de los alumnos


Artículo 15.  Derechos y Obligaciones.—1.  Las personas participantes en las acciones formativas del Plan FIP gozarán de la gratuidad de la formación, tendrán cubierto el riesgo de accidente derivado de la asistencia a los cursos y a prácticas profesionales y podrán tener derecho a las siguientes ayudas:

a)  De transporte, manutención y alojamiento.

b)  Becas, cuando se trate de desempleados con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

2.  Los alumnos no podrán participar en más de un curso simultáneamente. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta en el momento de la selección de alumnos.

3.  Los alumnos tendrán la obligación de asistir y seguir con aprovechamiento los cursos de formación profesional ocupacional, siendo causa de exclusión de los mismos y de pérdida, en su caso, de la correspondiente ayuda económica el incurrir en tres faltas de asistencia no justificadas en un mes o no seguir el curso con aprovechamiento a criterio de los responsables del mismo.

4.  Cuando se produzca la baja del alumno, el efecto de la baja será el último día que el alumno asista el curso.


Artículo 16.  Procedimiento de exclusión de alumnos.—En el supuesto de producirse las causas de exclusión contemplados en el artículo anterior, el titular del centro correspondiente o el responsable de seguimiento del curso de la Administración trasladará al Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo escrito haciendo constar las circunstancias del caso, con propuesta de exclusión del alumno del curso. El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo formulará escrito de iniciación del procedimiento de exclusión al alumno, poniéndole de manifiesto los hechos que fundamenten la propuesta de exclusión. El alumno podrá contestar en el plazo de tres días sobre los hechos reflejados en el escrito citado. Pasado dicho plazo, el Director General de Trabajo resolverá lo procedente. El plazo para resolver será de un mes desde la fecha en que se formule el escrito de iniciación. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.


Artículo 17.  Becas y Ayudas a alumnos.—1.  Las becas y ayudas a los alumnos se regirán por lo previsto en el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, y la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, modificada por las Órdenes de 20 de septiembre de 1995, la de 14 de octubre de 1998 y la Orden TAS/466/2002, de 11 de febrero, con las especificidades que se establecen en los siguientes apartados del presente artículo.

Este apartado 1 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

2.  La ayuda de transporte se otorgará a los alumnos que tengan que desplazarse de un municipio a otro, y la duración del curso sean como mínimo de cuatro horas diarias. Su cuantía se establece en 0,12 euros/km por día de asistencia, tanto en el caso en que el alumno se traslade en transporte público como en vehículo propio. La cuantía máxima que podrá percibir el alumno por día realmente asistido será de 7,93 euros.

Este primer párrafo ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

El desplazamiento de alumnos podrá llevarse a cabo mediante los medios de transporte que la Administración pueda poner a disposición de los alumnos, en cuyo caso no se les abonará la ayuda de transporte.

3.  En cuanto a la ayuda económica por alojamiento y manutención, el alojamiento se justificará mediante el contrato de arrendamiento, factura de hospedaje o cualquier otro medio documental acreditativo. La cuantía por alojamiento será como máximo el 56% del total de la ayuda por alojamiento y manutención, para los cursos y prácticas profesionales.

4.  Cuando la especificidad de la acción formativa lo requiera, y/o la peculiaridad de los destinatarios así lo aconseje, podrá con carácter excepcional, establecerse en la convocatoria anual un régimen específico de ayudas económicas a los alumnos.

5.  Una vez dictada la Resolución o Resoluciones de concesión de ayudas o becas a los alumnos, las Entidades beneficiarias de las acciones del Plan FIP, que sean Empresas públicas u otros Entes públicos, Corporaciones de Derecho público o fundaciones que estén bajo el protectorado de un ente de Derecho público, voluntariamente, previa solicitud, podrán percibir un libramiento del 75% del importe de la beca o becas y/o de la ayuda o ayudas para transporte, manutención y alojamiento, concedidas a los alumnos para cada curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado 7, de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de Castilla y León en función de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada momento.

En estos supuestos, las referidas Entidades actuarán como Entidades colaboradoras de la Administración, con pleno sometimiento al régimen previsto en el artículo 122.7 de la referida Ley 7/1986, de 23 de diciembre, debiendo entregar mensualmente a cada uno de los alumnos, en el plazo máximo de los veinte días posteriores al mes vencido, la cuantía correspondiente al mes cursado de la beca o ayuda que previamente haya sido justificada por el alumno.

Las entidades colaboradoras, en el plazo de un mes desde la finalización del curso o en su caso de las prácticas profesionales, deberán justificar la aplicación de los fondos percibidos ante la Oficina Territorial de Trabajo de la provincia donde se haya celebrado el curso, mediante certificación del presidente o representante legal de la Entidad colaboradora que acredite la entrega de las cantidades libradas a los alumnos, acompañada de copia compulsada de los justificantes bancarios de las transferencias a los mismos. El libramiento del 25% restante, o de la cuantía que proceda, se efectuará una vez comprobada la correcta justificación de las cantidades devengadas por los alumnos. Si el 75% abonado previamente a la Entidad fuera superior a la cuantía que proceda pagar definitivamente a los alumnos, la Entidad Colaboradora reintegrará la diferencia que resulte.

6.  La Dirección General de Trabajo establecerá el procedimiento de gestión de las becas y ayudas de alumnos.


Artículo 18.  Solicitud y Resolución sobre becas y ayudas.—1.  El alumno presentará en la Oficina Territorial de Trabajo correspondiente solicitud de beca y/o ayuda en el modelo normalizado, en el plazo de un mes, a partir de la incorporación al curso correspondiente, siempre que pueda acreditar de modo suficiente el encontrarse en alguno de los supuestos de concesión.

2.  Corresponderá al Viceconsejero de Trabajo dictar la resolución que proceda. El plazo para resolver será de tres meses desde que el alumno presente la solicitud, transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

Este apartado 2 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

3.  Asimismo corresponderá al Viceconsejero de Trabajo la revocación total o parcial del derecho a la beca y/o ayuda en el supuesto de producirse la exclusión del alumno.

Este apartado 3 ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

4.  Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la presente Orden, en el caso en que el alumno hubiera obtenido la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o incumpliera la finalidad para la que se le concedió.

Asimismo procederá el reintegro de lo indebidamente percibido por el alumno en el caso de que el pago se haya producido mediante «Entidad Colaboradora».

Este apartado 4 mantiene la redacción del antiguo apartado 5.


Artículo 19.  Certificados de aprovechamiento.—1.  Los alumnos que finalicen los cursos con aprovechamiento recibirán certificación acreditativa de su realización en la que constarán los siguientes datos:

a)  Nombre, apellidos y DNI del alumno.

b)  Denominación del curso.

c)  Cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

d)  Entidad que ha impartido el curso.

e)  Lugar y fechas de realización.

f)  Número de horas.

g)  Programa impartido.

2.  Los certificados de aprovechamiento serán confeccionados por los Centros Colaboradores. Dichos Centros los remitirán a la Oficina Territorial de Trabajo correspondiente para su expedición y registro.


CAPÍTULO VI

Obligaciones de los beneficiarios y control de la subvención


Artículo 20.  Obligaciones de los beneficiarios.—Serán obligaciones de las Entidades Beneficiarias de subvenciones derivadas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional los siguientes:

a)  Realizar los cursos y/o prácticas profesionales de manera adecuada a cada especialidad y a las restantes condiciones fijadas en la programación, en los contratos-programa o en los Convenios de Colaboración, para lo cual deberán someterse a las visitas y actuaciones de control que establezca la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

b)  Conservar las instalaciones y condiciones de todas clases de los Centros Colaboradores, de modo acorde con los requisitos mínimos que deben cumplir los mismos.

c)  Cumplir las obligaciones que se establecen en el artículo 11 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.

d)  Cumplir por la empresa el compromiso de contratación, salvo que existe causa que, a juicio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, modifique sustancialmente las condiciones en las que debía haberse llevado a efecto, de acuerdo con las condiciones previstas en el convenio de colaboración y la resolución.

e)  Comunicar, mediante los modelos y forma que la Dirección General de Trabajo determine, los datos referidos al desarrollo de la acción formativa, y acrediten la realización de los cursos y prácticas profesionales, según los casos, conservando y aportando los justificantes de gastos en que efectivamente se haya incurrido, así como los documentos de seguimiento y evaluación que la Dirección General de Trabajo determine. Dicha documentación la tendrá a disposición de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo durante 5 años a partir de la liquidación de la subvención.

f)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y a los controles financieros que correspondan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, al Tribunal de Cuentas, a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y a la Inspección de Trabajo.

g)  Comunicar a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo la obtención de subvenciones o compensaciones económicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o Instituciones de carácter público, nacionales o internacionales.

h)  Prestar, en su caso, avales suficientes para responder del destino apropiado de anticipos a cargo de las subvenciones.

i)  Exponer en lugar visible, en los locales de los Centros Colaboradores, que las subvenciones del Plan FIP están financiados por el Fondo Social Europeo y son gestionados por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León.

j)  Realizar los informes de seguimiento y evaluación, en relación a los cursos que den lugar al percibo de subvenciones, que puedan ser requeridos por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

k)  Los Centros Colaboradores que reúnan a la vez la condición de Centro Asociado al Servicio Regional de Colocación deberán introducir, en el plazo máximo de 6 meses desde que termina el curso, el currículum del alumno, con su conformidad, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 20 de abril de 1998 («BOC y L» de 28 de mayo), y Orden de 5 de octubre de 1998 («B.O.C. y L.» de 9 de octubre) de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el funcionamiento del Servicio Regional de Colocación.

En el supuesto en que el Centro Colaborador no sea Centro Asociado deberá facilitar la puesta en contacto al alumno, con su conformidad, con el Centro Asociado que corresponda, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 3.2 de la Orden de 20 de abril de 1998, citada más arriba.

l)  Facilitar a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo los datos exigidos por el Registro de Ayudas, regulado por el Decreto 331/1999, de 30 de diciembre, y por la Orden de 5 de abril de 2000 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de desarrollo del citado Decreto.


Artículo 21.  Alteración y concurrencia.—Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de subvenciones y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgados por otras Administraciones o Entes públicos o privados nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de concesión. En particular, habrá de comunicarse a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo los cambios referentes a la titularidad o instalaciones de los Centros Colaboradores.


Artículo 22.  Supuestos de reintegro.—1.  Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resultará de aplicación desde el momento de pago de la subvención o ayuda en los siguientes casos:

a)  Incumplimiento de la obligación de justificación.

b)  Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c)  Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

d)  Incumplimiento de las condiciones generales y particulares impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

e)  Incumplimiento de las obligaciones establecidas para los Centros Colaboradores en el artículo 11 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.

f)  Incumplimiento de obligaciones establecidas en el Convenio de Colaboración para la realización de cursos con compromiso de contratación o de prácticas profesionales.

g)  Subcontratación con un tercero de la ejecución de los cursos aprobados.

2.  En el supuesto contemplado en el artículo anterior, de concurrencia de la subvención con otras con destino a la misma actividad formativa, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad formativa a desarrollar por el beneficiario.

3.  La obligación de reintegro establecida en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 122.11 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.


Artículo 23.  Procedimiento de incumplimiento y reintegro.—1.  El procedimiento de reintegro de subvenciones, en los supuestos previstos en el anterior artículo, se iniciará mediante escrito del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de iniciación del procedimiento de incumplimiento y reintegro al beneficiario de la subvención, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos del incumplimiento y requiriéndole para que en el plazo de quince días, formule alegaciones o presente los documentos o justificaciones que considere pertinentes.

Recibidas las alegaciones por parte del beneficiario o transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran formulado, el Viceconsejero de Trabajo dictará la resolución que proceda en el plazo de seis meses desde la iniciación. En el supuesto de que la resolución acordara el reintegro de la subvención concedida, ésta habrá de producirse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.

Este segundo parrafo ha sido redactado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

[...]

Este tercer párrafo ha sido derogado por la Orden de 15 de noviembre de 2002 (BOC y L del 29).

2.  Transcurrido el plazo dado en la resolución de reintegro, sin que se haya efectuado éste, se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda que procederá, según los procedimientos administrativos correspondientes, a hacer efectivo el reintegro, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 61/2000, de 23 de marzo («BOC y L» de 28 de marzo), por el que se regula el reintegro de cantidades abonadas en concepto de subvención y ayuda por la Administración General e Institucional de la Comunidad, así como en la Orden de 3 de mayo de 2000 («BOC y L» de 18 de mayo), que desarrolla en el Decreto citado.

3.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el artículo 42 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.—Los Centros Colaboradores deberán reunir los requisitos mínimos especificados en el artículo 10 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, con la salvedad de lo establecido en su apartado 3.a), debiendo disponer el centro de un espacio de 30 metros cuadrados, como mínimo, para despachos de dirección, sala de profesores y actividades de coordinación.


Disposición adicional segunda.—El Director General de Trabajo podrá delegar en los Jefes de las Oficinas Territoriales de Trabajo la competencia para tramitar y resolver los procedimientos previstos en la presente Orden.

En el caso en que se produzca la mencionada delegación, se delegará asimismo en los Jefes de la Oficina Territorial de Trabajo, respecto a los créditos desconcentrados en los mismos, las fases de autorización (A), compromiso de gasto (D), reconocimiento de la obligación (O) y propuesta de pago (K).


Disposición adicional tercera.—Para aquellas acciones formativas que la Comunidad Autónoma de Castilla y León desarrolle a través de sus propios medios, en el caso en que no disponga de personal para impartir las especialidades programadas, podrá ejecutarlos mediante otros docentes o por expertos contratados a tal efecto.

La relación establecida entre los mencionados expertos y la Comunidad Autónoma se concretará en contratos administrativos de los previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o a través de contrato de obra o servicio determinado, regulado en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, pudiendo concertarse a jornada completa o tiempo parcial.


Disposición adicional cuarta.—El uso de las instalaciones y dotaciones de los Centros de formación de los que dispone la Comunidad Autónoma de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de formación profesional ocupacional, podrá atribuirse a las entidades o empresas, que así lo soliciten, para lo cual la Dirección General de Trabajo, una vez analizadas la petición y las disponibilidades del Centro de Formación, otorgará la autorización a que se refiere el artículo 22 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León y 43 de su Reglamento, disponiendo la contraprestación que proceda.


Disposición adicional quinta.—Los modelos normalizados derivados de la realización de acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional estarán a disposición de las Entidades en las sedes de las Oficinas Territoriales de Trabajo.


Disposición adicional sexta.—El Director General de Trabajo dictará resolución sobre contenido, alcance y requisitos de la documentación justificativa de los gastos subvencionables derivados de la realización de acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en Castilla y León. Dicha resolución se publicará en «BOC y L».


Disposición adicional séptima.—En todo lo no dispuesto en esta Orden será de aplicación el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por la que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, de desarrollo del citado Real Decreto, modificada por las Órdenes de 20 de septiembre de 1995 y 14 de octubre de 1998.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—Se faculta al Director General de Trabajo para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para el desarrollo y cumplimiento de esta Orden.


Disposición final segunda.—Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

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