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ORDEN EYE/1625/2006, DE 11 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES REALIZADAS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA EL AÑO 2006 (BOC y L DEL 20)


 

Por Real Decreto 832/1995, de 30 de mayo, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Castilla y León los programas de apoyo al empleo, entre los que se encuentra el de integración laboral de minusválidos en Centros Especiales de Empleo.

El Plan Regional de Empleo 2004-2006 firmado por el Gobierno Regional, por la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, la Unión Regional de la Unión General de Trabajadores y la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León recoge la necesidad de adoptar medidas para mejorar la calidad y la productividad del trabajo, contemplando entre los colectivos a los que presta un mayor apoyo al de las personas con discapacidad.

El alto coste de las inversiones impide que en los Centros Especiales de Empleo trabajos que podrían ser desempeñados por personas con discapacidad puedan ser realizadas por éstos. A esto hay que añadir problemas de localización, deficientes comunicaciones y otros factores que suponen un inconveniente para el mejor desarrollo de las actividades que vienen desarrollando estos trabajadores con discapacidad.

Se pretende con la presente Orden revitalizar los Centros Especiales de Empleo, mejorar las posibilidades laborales del colectivo de personas con discapacidad, dotarles de herramientas de trabajo y permitirles acceder a puestos de trabajo habitualmente ocupados por personas sin discapacidad. En definitiva, se persigue dotar a los Centros Especiales de Empleo de recursos que les permitan ofrecer a sus trabajadores puestos de mayor calidad.

Por Orden EYE/320/2006, de 2 de marzo, se convocaron subvenciones para financiar inversiones realizadas en Centros Especiales de Empleo para el período comprendido entre el 2 de enero y el 29 de junio de 2006. Con la presente Orden se pretende abarcar un nuevo período de financiación de estas inversiones.

Se excluyen de la obligación de notificar a la Comisión de la Unión Europea las ayudas convocadas por la presente Orden conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 13 de diciembre de 2002). No obstante, se remitirá un resumen de la información referente al régimen de dichas ayudas en los términos que figuran en el artículo 10, de dicho Reglamento.

Las ayudas contenidas en esta Orden se financiarán con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2006.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dispongo:


Primero.  Convocatoria.—Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas en Centros Especiales de Empleo que figuren inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de esta Comunidad.


Segundo.  Financiación.—1.  La financiación de las subvenciones convocadas por la presente Orden se realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias y los importes, que se indican a continuación, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el 2006:


 
Aplicación presupuestaria

Importe

08.05G.241C01.770.18.00

291.575,28 euros

08.05G.241C01.780.90.00

303.483,76 euros


 
2.  Los créditos asignados podrán modificarse, previa realización de los trámites correspondientes, si las circunstancias lo requieren.


Tercero.  Régimen jurídico.—La tramitación de las subvenciones convocadas por la presente Orden se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, en la Orden EYE/1311/2005, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones establecidas y convocadas por la Consejería de Economía y Empleo y por los Organismos Autónomos y Entes Públicos de derecho privado adscritos a ella, y en esta Orden.


Cuarto.  Objeto.—Las ayudas que se convocan a través de la presente Orden tienen por objeto compensar los costes adicionales del empleo de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.


Quinto.  Beneficiarios.—1.  Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Centros Especiales de Empleo, que figuren inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de esta Comunidad, que desarrollen su actividad en el territorio de Castilla y León y siempre que estos Centros tengan contratados con carácter indefinido a 6 o más trabajadores y que la plantilla de trabajadores con discapacidad esté compuesta, al menos, por un 65% de trabajadores con discapacidad física igual o superior al 65%, y/o discapacidad sensorial y/o psíquica igual o superior al 33%. Se tendrán en cuenta los contratos de trabajo existentes en el Centro Especial de Empleo a la fecha de presentación de solicitudes.

2.  No podrán ser beneficiarios:

a)  Los Centros Especiales de Empleo cuya actividad esté incluida en los sectores de la minería, construcción naval o sector del transporte.

b)  Las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.  Obligaciones de los beneficiarios:

a)  El beneficiario que obtenga una subvención para la adquisición de bienes inventariables deberá destinar dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante dos años a contar desde la fecha de adquisición. Durante el período indicado, deberá mencionarse expresamente el destino de dichos bienes en la memoria exigida por el artículo 13 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.

b)  Cualquier modificación en la situación jurídica o ubicación física fuera del centro de trabajo de dichos bienes necesitará autorización previa y expresa de la Dirección General de Economía Social de la Consejería de Economía y Empleo.

c)  Dichos bienes deben estar asegurados.

d)  El Centro Especial de Empleo estará obligado a mantener la plantilla fija ocupada por trabajadores con discapacidad, señalada en la solicitud, por un período de 3 años.

Si cualquiera de los trabajadores contratados, relacionados nominativamente en la documentación aportada por el Centro Especial de Empleo, causara baja en la empresa, la entidad está obligada a sustituir al trabajador, en el plazo de tres meses a contar desde la baja en el puesto de trabajo, por otro que reúna los mismos requisitos con igual o superior jornada a la que tenía el anterior. Esta nueva contratación, que en ningún caso dará lugar a una nueva ayuda, deberá ser comunicada a la Dirección General de Economía Social en el plazo de 4 meses desde que se produjo la baja.

La exigencia de sustitución no operará cuando la extinción está motivada por las causas contempladas en los artículos 40, 51 y 52.c del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco operará dicha exigencia cuando el Centro Especial de Empleo justifique debidamente que la no incorporación de un trabajador con discapacidad, que reúna los mismos requisitos que el que ha causado baja, se deba a la imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo competentes, puedan atender la oferta de empleo presentada después de haber efectuado todas las gestiones realizadas para dar respuesta al requerimiento que efectúe el Centro Especial de Empleo, por la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada o, aun existiendo no estén interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en dicha oferta.

e)  A efectos de comprobar el mantenimiento de los puestos y la permanencia de las inversiones subvencionadas el Centro Especial de Empleo, la Dirección General de Economía Social podrá realizar periódicamente controles de seguimiento.

f)  Estar en condiciones de justificar que la ayuda recibida se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6.3 y 8.4 del Reglamento (CE) n.º 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002.


Sexto.  Actividad y Gastos subvencionables.—1.  Serán subvencionables las actividades consistentes en la realización de inversiones para la adaptación de las instalaciones de los Centros Especiales de Empleo o para la adquisición o adaptación de equipo destinado a los trabajadores con discapacidad, que hayan tenido lugar entre el 30 de junio de 2006 y la fecha de presentación de solicitudes, ambos inclusive.

2.  Los gastos subvencionables se referirán a los siguientes conceptos:

— Maquinaria, incluida la agrícola, herramientas y utillaje.

— Equipos de oficina (fax, ordenadores, impresoras, moden...).

— Programas informáticos.

— Mobiliario.

— Vehículos agrícolas.

3.  No se consideran subvencionables los gastos de mantenimiento derivados del uso de las maquinas y herramientas del Centro Especial de Empleo. En ningún caso serán subvencionables el I.V.A. o cualquier otro impuesto que grave la adquisición de los bienes.

4.  Los gastos de garantía bancaria no serán subvencionables.


Séptimo.  Cuantía de la inversión y criterios de valoración.—1.  La cuantía de la subvención no podrá superar el 85% del coste de la actividad subvencionable.

2.  Criterios de valoración:

1.  Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad y no discriminación. Asimismo, se tendrá en cuenta su contribución a lograr la finalidad prevista en esta convocatoria.

2.  Las resoluciones sobre las solicitudes se adoptarán en función de las disponibilidades presupuestarias.

3.  Para la evaluación de las solicitudes y la determinación de la cuantía se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a)  Ámbito territorial del centro de trabajo del Centro Especial de Empleo donde se hayan realizado las inversiones. Teniendo en cuenta los municipios de menos de 20.000 habitantes, y dentro de ellos los que se incluyen en el Decreto 174/2000, de 24 de julio, por el que se declaran territorios menos desarrollados a efectos de la Ley Reguladora del Fondo de Compensación Regional («BOC y L» n.º 144, de 26 de julio) y los municipios incluidos en el Plan Especial de Actuación en las Áreas Periféricas de la Comunidad aprobado por la Junta de Castilla y León por acuerdo de 3 de octubre de 2002. En función del número de habitantes del municipio:

·  Hasta 5.000 habitantes: Un máximo 10 puntos.

·  Entre 5.001 y 10.000 habitantes: Un máximo de 6 puntos.

·  Entre 10.001 y 20.000 habitantes: Un máximo de 4 puntos.

b)  El contenido tecnológico e innovador del proyecto y su adecuación a la actividad que desarrolla el Centro Especial de Empleo. Hasta un máximo de 10 puntos.

c)  La realización de inversiones en los Centros Especiales de Empleo en la medida que permita dotarles de infraestructuras en actividades en las que los puestos de trabajo suelen estar ocupados por personas sin discapacidad. Hasta un máximo de 10 puntos.

d)  El número y características de personas con discapacidad, con especial atención a los trabajadores con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y el grado de minusvalía. Hasta 10 puntos, considerando la máxima puntuación al Centro Especial de Empleo que tenga contratados con carácter indefinido un 100% de trabajadores con discapacidad física igual o superior al 65%, y/o psíquica, y/o sensorial igual o superior al 33%.

e)  Número de mujeres con discapacidad contratadas con carácter indefinido por el Centro Especial de Empleo. Hasta 10 puntos, considerando la máxima puntuación al Centro Especial de Empleo que tenga un 100% de mujeres trabajadoras con carácter indefinido.

f)  Acciones que contribuyen a la mejora del medio ambiente. Hasta un máximo de 2 puntos.

g)  Concurrencia de otras ayudas públicas en el mismo proyecto. Hasta 2 puntos considerando la máxima puntuación para el Centro Especial de Empleo que no haya obtenido ninguna subvención por el mismo proyecto.


Octavo.  Solicitudes.—1.  Los interesados que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria podrán presentar la solicitud en instancia normalizada en el modelo del Anexo I de esta Orden y se dirigirán a la Dirección General de Economía Social de la Consejería de Economía y Empleo. Pueden presentarse en el Registro de la Dirección General de Economía Social ubicado en la calle Pío del Río Hortega n.º 8 —47014—de Valladolid o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.  El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León»

3.  Por razones de complejidad en la tramitación y la documentación a presentar no se admitirán la presentación de solicitudes de subvención por telefax para su registro administrativo, según establece el artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones de telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales.

4.  Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación en original o copia compulsada:

a)  CIF o DNI del solicitante.

b)  Acreditación de la representación que ostente el solicitante de la subvención cuando no haya de ser el beneficiario de la misma.

c)  Certificado de vida laboral del Centro Especial de Empleo.

d)  Certificado, firmado por el solicitante, de relación nominativa del personal con discapacidad contratado por el Centro Especial de Empleo, tipo de discapacidad de dichos trabajadores y grado de minusvalía.

e)  Certificado acreditativo de que el Centro Especial de Empleo se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, conforme al artículo 122.8 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

f)  Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la ayuda.

g)  Seguro de los bienes subvencionados contra el riesgo de incendios y otros similares.

h)  Anexo II de declaraciones establecidas por la normativa general, adjunto a esta convocatoria.

i)  Memoria, firmada por el solicitante, descriptiva de la inversión realizada que incluya los siguientes extremos:

— Descripción general del proyecto, en el que se incluirá detalle valorado de las inversiones realizadas,

— Justificación de su necesidad,

— Objetivos específicos,

— Ubicación de los equipamientos y servicios que se prestan,

— Tipo de instalación para la que solicita la subvención,

— Presupuesto,

— Fuentes financieras y Plan financiero que incluya en su caso las subvenciones o ayudas percibidas, fecha de resolución y organismo, para la misma finalidad.

j)  Los documentos justificativos de la inversión realizada, mediante facturas originales efectivamente pagadas por el interesado u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, conforme a la normativa legal vigente.


Noveno.  Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.—1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo de la Dirección General de Economía Social.

2.  El órgano instructor llevará a cabo las actuaciones necesarias para comprobar y determinar los datos en virtud de los cuales haya de pronunciarse la resolución.

3.  La propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor, previo informe vinculante de la Comisión de Valoración.

4.  La Comisión de Valoración tendrá carácter colegiado y estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: Jefe de Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo.

Vocales: Dos funcionarios de la Dirección General de Economía Social, designados por su titular.

Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Economía Social, designada por su titular.

5.  El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención es el Director General de Economía Social.


Décimo.  Resolución.—1.  La resolución que será motivada concretará la cuantía de la inversión subvencionable así como el importe de la subvención concedida.

2.  El plazo de resolución y notificación será de 2 meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.

3.  Contra dicha resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Empleo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Undécimo.  Pago.—El abono de la subvención concedida se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y con lo establecido en la resolución de concesión.


Decimosegundo.—Se faculta al Director General de Economía Social para dictar las instrucciones que sean precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en la presente Orden.


Decimotercero.—La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Economía y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, computado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


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