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DECRETO FORAL 55/2010, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE 16 DE NOVIEMBRE, QUE MODIFICA EN MATERIA DE OPERACIONES ENTRE PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES APROBADO POR DECRETO FORAL 60/2002, DE 10 DE DICIEMBRE (BOTHA DE 10 DE DICIEMBRE)


 
La Norma Foral 13/2007, de 26 de marzo, modificó la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, dando nueva redacción al artículo dedicado a establecer el régimen de las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas a efectos del citado Impuesto.

Esta modificación normativa de la regulación de las operaciones vinculadas establece como una de sus señas de identidad un régimen de documentación que debe ser preparada por el obligado tributario y tenerla a disposición de la Administración tributaria, siguiendo el modelo establecido en el ámbito comunitario y reflejado en la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 27 de junio de 2006, relativa a un Código de Conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida a las empresas asociadas en la Unión Europea, que a su vez recogía los frutos del trabajo realizado en el seno del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia.

Este nuevo régimen se caracteriza por requerir de los obligados tributarios la elaboración de un conjunto de documentos que permita a ellos mismos y a la Administración tributaria la comprobación de la adecuada aplicación de la valoración según el valor de mercado de las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas. Como complemento de este régimen de documentación, el apartado 11 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades incorpora un régimen sancionador para el caso incumplir dicha obligación.

La Diputación Foral de Álava acometió el desarrollo reglamentario de las obligaciones de documentación por medio de una reforma del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, lo que se realizó a través del Decreto Foral 60/2009, de 28 de julio, si bien difirió la entrada en vigor, de las obligaciones de documentación, hasta los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2010.

Este desarrollo reglamentario ya relajó, en parte, las obligaciones de documentación correspondientes a los obligados tributarios que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 49.1 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, para tener la consideración de pequeña empresa, cumpliendo las recomendaciones dadas en este sentido por el Consejo de la Unión Europea en la Resolución citada.

No obstante se considera oportuno proceder a modificar esta regulación reglamentaria a fin de establecer nuevos supuestos exoneradores de la obligación de documentación, así como una regulación de supuestos especiales.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en Sesión celebrada en el día de hoy, dispongo:

Documentos relacionados

Artículo único.  Modificación del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.-Uno.  Se modifica el artículo 9 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, quedando redactado como sigue:

«Artículo 9.  Obligación de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas.-1.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, y para la determinación del valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la documentación establecida en el presente artículo, en el artículo 10 y en el artículo 11 de este Decreto Foral, la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación del impuesto.

Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar aquella documentación o información adicional que considere necesaria en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y en su normativa de desarrollo.

2.  La documentación a que se refiere el presente artículo y los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral deberá elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las operaciones, de forma que permita a la Administración comprobar que la valoración de las mismas se ha ajustado a lo previsto en el artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto. En su preparación, el obligado tributario podrá utilizar aquella documentación relevante de que disponga para otras finalidades. Dicha documentación estará formada por:

a)  La documentación relativa al grupo al que pertenezca el obligado tributario. Se entiende por grupo, a estos efectos, el establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus establecimientos permanentes en el extranjero o en territorio español.

Tratándose de un grupo en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, la entidad dominante podrá optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no esté sometida a la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, deberá designar a una entidad del grupo sometida a ésta para conservar la documentación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber del obligado tributario de aportar a requerimiento de la Administración tributaria en plazo y de forma veraz y completa la documentación relativa al grupo al que pertenezca.

b)  La documentación del obligado tributario.

3.  No será exigible la documentación prevista en el presente artículo y en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral respecto de las operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cuando la contraprestación del conjunto de estas operaciones no supere el importe de 250.000 euros de valor de mercado. En este cómputo se excluirán las operaciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) siguientes de este apartado, así como las operaciones a que se refiere el apartado 5 de este artículo, siempre que se aplique lo dispuesto en dicho apartado 5.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando:

a)  Se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

b)  Se trate de operaciones realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con sociedades en las que aquéllos o sus cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

c)  La operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE.

d)  La operación consista en la transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la consideración de intangibles de acuerdo con los criterios contables.

Cuando al obligado tributario le resulte de aplicación lo establecido en el apartado 6 del artículo 6 de este Decreto Foral, la no exigencia de las obligaciones de documentación previstas en este artículo y en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral en relación con las prestaciones de servicios profesionales se entenderá sin perjuicio del deber de probar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo 6.6.

4.  Igualmente, no será exigible la documentación prevista en el presente artículo y en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral en relación con las siguientes operaciones vinculadas:

a)  Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo IX del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto.

b)  Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo IX del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto, por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial correspondiente.

c)  Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

d)  Las realizadas por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen sin mediación de establecimiento permanente.

e)  Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por el Banco de España, que tengan relación con el cumplimiento por parte del referido sistema institucional de protección de los requisitos establecidos en la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y obligaciones de Información de los Intermedios Financieros.

5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 anterior, no serán exigibles obligaciones de documentación a las personas o entidades vinculadas que tengan la consideración de pequeña o mediana empresa conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto, respecto de las siguientes operaciones:

a)  Prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas para su perceptor a los efectos de lo dispuesto en la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b)  Operaciones de financiación.

c)  Arrendamiento, subarrendamiento y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.

La exoneración prevista en el presente apartado estará condicionada al cumplimiento, para cada una de las operaciones, de los requisitos a que se refieren los artículos 9 bis a 9 quáter del presente Decreto Foral y a que los obligados tributarios declaren el valor de las citadas operaciones, al menos, por el importe de los umbrales mínimos que se establecen en dichos artículos.

Lo dispuesto en este apartado será igualmente de aplicación en el caso de las entidades a las que resulten de aplicación los regímenes especiales de las sociedades patrimoniales, de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, de las entidades parcialmente exentas y de las sociedades cooperativas que cumplan los requisitos a que se refieren las letras b), c) y d) de los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto.

6.  Lo dispuesto en el apartado 5 anterior no será de aplicación respecto de las siguientes operaciones:

a)  Las realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

b)  Las prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, realizadas por un socio profesional, persona física, a las entidades con las que se encuentre vinculado, a las que se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 6 del presente Decreto Foral, o en caso de que no ejercite la opción o no cumpla los requisitos establecidos en el citado precepto, el régimen general de obligaciones de documentación.

7.  La exoneración de las obligaciones de documentación a que se refiere el presente artículo no impedirá que la Administración tributaria pueda comprobar el valor normal de mercado aplicable a las operaciones vinculadas de que se trate y dictar, en su caso, los actos administrativos de liquidación correspondientes. No obstante, el obligado tributario no podrá ser objeto de sanción por este motivo, en la medida en que haya aplicado a dichas operaciones, al menos, los valores resultantes de la aplicación de los umbrales mínimos previstos en los artículos 9 bis a 9 quáter de este Decreto Foral, o unos superiores.

8.  El obligado tributario deberá suministrar la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezcan por Orden Foral del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.»

Dos.  Se añade un nuevo artículo 9 bis al Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«Artículo 9 bis.  Prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas.-1.  La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación será aplicable a los rendimientos derivados de los servicios prestados por personas físicas a las entidades con las que se encuentren vinculadas, cuando para aquéllas tengan la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas a los efectos de lo dispuesto en la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.  Para la aplicación de la exoneración a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Se documentarán las funciones o actividades que realiza la persona física vinculada para la entidad por las cuales percibe la remuneración, distinguiendo las gerenciales o de dirección, administrativas, de gestión de compras o de ventas u otras.

En el supuesto de que las personas físicas vinculadas no tengan un régimen de dedicación a jornada completa, se deberá justificar tal circunstancia, a los efectos de prorratear el umbral mínimo a que se refiere el apartado 3 siguiente.

En el caso de que las personas físicas vinculadas tengan la condi -ción de socios, cuando varios de ellos presten servicios a la entidad, se documentarán los pactos sociales en los que se reflejen las actividades o funciones que cada uno realiza en la sociedad y los criterios seguidos para la determinación de las retribuciones de cada uno de ellos.

b)  La retribución de las personas físicas vinculadas que realicen funciones gerenciales o de dirección no podrá ser inferior a la del trabajador por cuenta ajena, que sin tener esa condición, reciba la mayor retribución, en condiciones de dedicación equivalente de prestación de los servicios.

c)  Las retribuciones deberán satisfacerse efectivamente, por transferencia bancaria, con periodicidad y regularidad mensuales a lo largo de todo el año, debiendo, al menos, el umbral mínimo a que se refiere el apartado 3 siguiente dividirse a partes iguales en cada uno de los doce meses del año.

3.  El umbral mínimo de las retribuciones dinerarias en contraprestación por los servicios prestados a que se refiere este artículo será la mayor de las cantidades siguientes:

a)  36.000 ó 60.000 euros anuales, según se trate de pequeñas o medianas empresas respectivamente, para aquellas personas físicas vinculadas que tengan una dedicación a jornada completa, o la parte proporcional en caso contrario.

Las cantidades señaladas en el párrafo anterior serán de 45.000 ó 95.000 euros, según se trate de pequeña o de mediana empresa respectivamente, cuando las funciones que desarrollen sean gerenciales o de dirección.

b)  La retribución de mayor cuantía del trabajador por cuenta ajena de la entidad que realice similares funciones a las de la persona física vinculada.

c)  La media de retribuciones dinerarias percibidas en los dos años anteriores por la persona física vinculada por el mismo tipo de servicios.

En caso de que sólo se hubieran percibido este tipo de retribuciones en uno de los dos años anteriores, se tomará en consideración el importe recibido en tal ejercicio.

Cuando el período de percepción de las citadas retribuciones sea inferior al año natural, su importe se elevará al año a los efectos de determinar la cuantía a que hace referencia esta letra.

4.  En el supuesto de personas físicas que presten servicios a varias entidades con las que estén vinculadas, se prorrateará el umbral mínimo establecido en el apartado anterior en función del tiempo de dedicación y de las funciones realizadas en cada una de ellas.

Para entender cumplidos los requisitos establecidos en este artículo es preciso que, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el importe percibido por la persona física vinculada del conjunto de entidades a los que preste servicios deberá ascender, al menos, al umbral mínimo establecido en el apartado anterior.»

Tres.  Se añade un nuevo artículo 9 ter al Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«Artículo 9 ter.  Operaciones de financiación.-1.  La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación será aplicable a las operaciones de financiación entre personas o entidades vinculadas, comprendiendo no sólo las operaciones específicas de préstamo y el importe de los créditos concedidos, sino también los anticipos no comerciales y las remuneraciones pendientes de pago.

2.  Para la aplicación de la exoneración a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Se documentarán las condiciones de cada operación, tales como el tipo de interés, vigencia de la operación, vencimientos de las cuotas de amortización y de los intereses, con expresa mención del sistema utilizado para su cálculo, origen de los capitales puestos a disposición del prestatario, cuentas bancarias de cargo o abono de las sucesivas devoluciones y del pago de intereses, siendo precisa igualmente dicha obligación de documentación respecto a las cuentas corrientes mantenidas con socios y administradores.

b)  La retribución de las operaciones deberá satisfacerse efectivamente en cada período impositivo, mediante transferencia bancaria, con una periodicidad mínima anual.

3.  El umbral mínimo de las retribuciones dinerarias en contraprestación por las operaciones de financiación a que se refiere este artículo será la mayor de las cantidades siguientes:

a)  El importe resultante de aplicar, con carácter general, el tipo de interés nominal anual que se obtenga por la adición de dos puntos al tipo de referencia "Euribor a un año".

No obstante, en el supuesto de operaciones de financiación en las que la condición de prestatario la ostente una persona física vinculada, el importe resultante de aplicar, con carácter general, el tipo de interés nominal anual que se obtenga por la adición de cinco puntos al tipo de referencia "Euribor a un año".

A los efectos de lo dispuesto en esta letra, se entenderá por "Euribor a un año" el tipo de referencia oficial publicado por el Banco de España en el BOE, tomándose para cada una de las operaciones de financiación el último tipo publicado con anterioridad a la formalización de la operación.

b)  El tipo medio que resulte de las operaciones de financiación que estuvieran vigentes entre las personas o entidades vinculadas durante los dos años anteriores.

4.  A las operaciones de financiación se les aplicará el umbral mínimo anterior siempre que su duración no sea superior a cinco años. Para operaciones de financiación concertadas por un plazo superior, se actualizará el tipo de interés para cada período de cinco años con el tipo correspondiente al primer día de cada uno de esos períodos.»

Cuatro.  Se añade un nuevo artículo 9 quáter al Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, quedando redactado como sigue:

«Artículo 9 quáter.  Arrendamientos, subarrendamientos y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.-1.  La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación será aplicable en relación con los arrendamientos, subarrendamientos o la constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles entre personas o entidades vinculadas.

2.  Para la aplicación de la exoneración a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Deberá formalizarse la operación mediante un contrato escrito en el que se describan sucintamente las características del inmueble, la identificación de las partes intervinientes, el plazo de duración, la renta anual a satisfacer por la arrendataria o cesionaria, con expresa mención del momento de exigibilidad de cada una de las cuotas del arrendamiento, subarrendamiento o de la constitución o cesión del derecho real.

b)  La retribución de las operaciones deberá satisfacerse efectivamente en cada período impositivo, mediante transferencia bancaria, con una periodicidad mínima anual.

3.  El umbral mínimo de las retribuciones dinerarias en contraprestación por los arrendamientos, subarrendamientos o constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles a que se refiere este artículo, será la mayor de las cantidades siguientes:

a)  El importe resultante de aplicar el tipo anual del 4 por ciento al valor del inmueble a que se refiere el apartado 4 siguiente.

b)  La media de retribuciones dinerarias percibidas por la persona o entidad vinculada en los dos años anteriores por el mismo tipo de arrendamientos, subarrendamientos o constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute.

En caso de que sólo se hubieran percibido este tipo de retribuciones en uno de los dos años anteriores, se tomará en consideración el importe recibido en tal ejercicio.

Cuando el período de percepción de las citadas retribuciones sea inferior al año natural, su importe se elevará al año a los efectos de determinar la cuantía a que hace referencia esta letra.

4.  El valor del inmueble a que se refiere la letra a) del apartado 3 anterior será:

A)  Para los contratos que se formalicen a partir del 1 de enero de 2010:

a)  Con carácter general, el valor resultante de la aplicación del Decreto Foral 71/2004, de 14 de diciembre, que aprueba las normas concretas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, sitos en el Territorio Histórico de Álava, el día de formalización del contrato.

b)  En el supuesto de inmuebles a los que no resulte de aplicación lo dispuesto en la letra a) anterior, se utilizará el importe resultante de aplicar el 80 por ciento al precio de adquisición o, en su caso, al valor comprobado por la Administración en la última transmisión realizada, si fuera superior a aquél, siempre que la citada transmisión se hubiera realizado dentro de los cuatro años naturales anteriores a aquél en que se deban aplicar las normas establecidas en este artículo.

c)  En el supuesto de que no resulten de aplicación ninguna de las normas anteriores, el importe resultante de aplicar el 80 por ciento a la tasación del inmueble que realice un tasador independiente, referido a la fecha de celebración del contrato.

El valor determinado conforme a lo establecido en esta letra A) servirá de referencia durante el primer año de duración del contrato, contado de fecha a fecha, y se actualizará para cada uno de los siguientes cuatro años según la evolución interanual del Índice de Precios al Consumo, tomando como referencia cada uno de esos años el último valor publicado por el Instituto Nacional de Estadística con anterioridad a la fecha de revisión.

Cada cinco años deberá determinarse nuevamente el valor del inmueble conforme a la metodología establecida en esta letra A).

B)  Para los contratos que se hubieran formalizado con anterioridad a 1 de enero de 2010 y estuvieran vigentes a esta fecha, se aplicarán las reglas establecidas en la letra A) anterior, si bien la fecha a la que deberá referirse la valoración del inmueble será el 1 de enero de 2010 para el primer período de cinco años.»

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 11 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, quedando redactado como sigue:

«3.  Las obligaciones documentales previstas en el apartado 1 anterior serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una de las partes que intervenga en la operación sea una de las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto o una persona física y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los obligados tributarios comprenderán:

a)  Las previstas en las letras a), b), c) y e) del apartado 1 cuando se trate de las operaciones previstas en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de este Decreto Foral.

b)  Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando se trate de la operación prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 9 de este Decreto Foral.

c)  Las previstas en las letras a), c) y e) del apartado 1 en los supuestos previstos en la letra d) del apartado 3 del artículo 9 de este Decreto Foral.

d)  La prevista en la letra a) del apartado 1, así como la justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 6 del artículo 6 de este Decreto Foral, cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales a las que resulte de aplicación lo previsto en el citado artículo.

e)  Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los casos.»

Seis.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 12 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«4.  Lo dispuesto en el apartado 3 y en el apartado 5 del artículo 9 de este Decreto Foral no será de aplicación a las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 13 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«6.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, las personas o entidades vinculadas podrán instar la práctica del ajuste bilateral, aún antes de que la valoración alcance firmeza, cuando exista conformidad de todas las personas o entidades vinculadas sobre las que tenga competencia inspectora la Diputación Foral de Álava, y en tal caso, la Inspección de los Tributos podrá regularizar simultáneamente la situación tributaria de todas ellas.»


DISPOSICIONES ADICIONALES


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Disposición adicional primera.  Prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimiento del trabajo o de actividades económicas.-A los efectos de su cumplimiento en el ejercicio 2010, la periodicidad y regularidad a que se refiere el requisito previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 9 bis del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada por el presente Decreto Foral, se exigirá en relación a las cantidades pendientes de devengarse a partir del mes siguiente al de entrada en vigor de este Decreto Foral, debiendo tenerse en cuenta las cantidades abonadas con anterioridad.

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Disposición adicional segunda.  Entidades sin fines lucrativos.-Se añade una Disposición Adicional Tercera al Decreto Foral 60/2004, de 19 de octubre, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera.  Operaciones vinculadas.-Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 y en los apartados 5 a 7 del artículo 9 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, será de aplicación, en su caso, a las entidades que apliquen el régimen fiscal previsto en el Título II de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, así como a las personas o entidades vinculadas con ellas.»


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el mismo.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.  Entrada en vigor.-El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA, produciendo efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2010.


Disposición final segunda.  Habilitación.-Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para dictar cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto Foral.

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