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DECRETO 125/2000, DE 1 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN Y A LA CREACIÓN DE EMPLEO LIGADA A LA MISMA, A LAS QUE AFECTAN LAS DIRECTRICES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LAS AYUDAS DE ESTADO DE FINALIDAD REGIONAL (98/C 74/06) (BOC y L DEL 7)


 
El artículo 32.1.21.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León le atribuye competencia exclusiva para el fomento del desarrollo económico, lo que permite que la Comunidad y su Administración puedan adoptar diversas medidas y desarrollar varias actuaciones con ese objetivo. No obstante, cuando se trata de prever, configurar y conceder ayudas es preciso tener en cuenta las previsiones del artículo 92 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente artículo 87, de acuerdo con las previsiones del artículo 12 del Tratado de Amsterdam) que, partiendo de la regla general de incompatibilidad con el mercado común de las ayudas públicas, establece algunas excepciones entre las que se encuentran precisamente las que tienen como objetivo específico el desarrollo de determinadas regiones y que precisan la autorización prevista en el artículo 93 del Tratado (88 según el artículo 12 que se acaba de mencionar).

Entre estas ayudas se encuentran las que han sido objeto de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C 74/06), publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» del 10 de marzo de 1998, que contienen los criterios por los que ha de regirse la Comisión para evaluar la compatibilidad de las ayudas y autorizarlas. Partiendo de considerar que la finalidad de estas ayudas es el desarrollo de las regiones desfavorecidas mediante el apoyo a las inversiones y la creación de empleo en un contexto de desarrollo sostenible, las directrices definen su ámbito de aplicación previendo que afectarán a las ayudas regionales que se otorguen en todos los sectores de la actividad económica, a excepción de la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas del Anexo I del Tratado (hasta la modificación introducida por el artículo 6.II.2. del Tratado de Amsterdam, era Anexo II), la pesca y la industria del carbón.

Las directrices además establecen criterios para delimitar las regiones en que las ayudas pueden aplicarse, determinan su objeto, definen las ayudas a la inversión inicial y para la creación de empleo y sus límites, establecen reglas de acumulación de las ayudas y prevén la modificación de los regímenes existentes para su adaptación a las Directrices a partir del 1 de enero de 2000.

Castilla y León es una de las regiones europeas en las que son posibles las ayudas de finalidad regional, lo que motivó en su día la autorización por la Comisión Europea el 14 de junio de 1989, con el número 381/88, del régimen contenido en el Decreto 151/1989, de 20 de julio, sobre regulación de incentivos a la inversión en Castilla y León, modificado por el Decreto 55/1998,de 12 de marzo, que ha venido regulando la mayor parte de estas ayudas. Las directrices afectan de modo importante a esta regulación y obligan a adaptarla a sus previsiones introduciendo una serie de modificaciones en su planteamiento que junto a otras que se han considerado convenientes han llevado a entender como lo más oportuno preparar un nuevo texto.

En consecuencia esta disposición que viene a sustituir al Decreto 151/1989, establece el régimen de las ayudas que pueda conceder la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de aplicación de las Directrices, es decir con la finalidad de promover el desarrollo económico, destinadas a fomentar la inversión y la creación de empleo ligada a la misma y dirigidas a proyectos que se realicen en cualquier sector de la actividad económica, excepto la producción, transformación y comercialización de los productos a los que afecta la política agrícola común, la pesca y la industria del carbón. En estos casos las ayudas que se puedan conceder estarán sometidas a regímenes distintos del previsto en este Decreto.

Se trata de un régimen renovado en función de las Directrices de acuerdo con el cual, y sólo si además están establecidas las correspondientes normas específicas y convocatorias, podrán concederse ayudas para inversiones en capital fijo relacionadas con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente o el lanzamiento de una actividad que implique un cambio fundamental en el producto o el procedimiento de producción de un establecimiento existente, y para la creación de empleo ligada a la inversión.

Define el Decreto los proyectos y los conceptos que pueden ser objeto de las ayudas, las clases de éstas y los criterios básicos para conceder y determinar su cuantía. Establece reglas de compatibilidad, normas sobre justificación y pago y, por último, algunas previsiones generales relativas a los incumplimientos del beneficiario.

El proyecto de este Decreto se remitió a la Comisión Europea que el día 16 de mayo de 2000 decidió «no formular objeciones tras haber constatado que la ayuda es compatible», quedando en consecuencia el régimen de ayudas autorizado con el número de referencia, N410/99.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y de los Consejeros de Agricultura y Ganadería y de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 1 de junio de 2000 dispongo,


Artículo 1.  Ámbito y límites.—1.  Se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto las ayudas financieras que se puedan conceder por la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de sus competencias, que tengan como finalidad promover el desarrollo económico mediante el fomento de la inversión en Castilla y León y/o la creación de empleo ligada a una inversión inicial y se dirijan a proyectos que se produzcan en todos los campos de la actividad económica excepto la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas mencionados en el Anexo I del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la pesca y la industria del carbón.

2.  El conjunto de las subvenciones y ayudas concedidas a un mismo proyecto de inversión no podrá sobrepasar, en términos de subvención neta equivalente, los porcentajes máximos sobre la inversión realizada que resulten del mapa de las ayudas regionales autorizado por la Comisión Europea y que se recogen en el Anexo.

En el caso de proyectos para la creación de empleo ligada a la inversión inicial, las subvenciones o ayudas no podrán sobrepasar los anteriores porcentajes máximos sobre el coste salarial de la persona contratada durante un período de dos años.

Los anteriores porcentajes máximos podrán incrementarse en los supuestos previstos en la normativa europea en el porcentaje establecido por la Unión Europea que se recoge en el Anexo, cuando se trate de ayudas a pequeñas y medianas empresas.

3.  La concesión de las ayudas y subvenciones requerirá la aprobación y publicación por los órganos competentes de la Administración General e Institucional de la Comunidad de normas específicas o convocatorias de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Hacienda de la Comunidad.

3 bis.  Cuando la ayuda propuesta para un proyecto sobrepase la ayuda máxima que correspondería a un gasto subvencionable de 100 millones de euros, conforme a la regla establecida en el apartado B del anexo, será preceptiva su notificación a la Comisión Europea para que ésta la autorice.

Este apartado 3 bis ha sido añadido por el Decreto 17/2004, de 22 de enero (BOCYL del 28).

4.  En las normas específicas de cada ayuda se podrán establecer restricciones sobre determinadas actividades, conforme a las directrices de la política económica.

5.  En todo caso se tendrán en cuenta las directrices sectoriales específicas y demás normas y criterios de la Unión Europea sobre sectores considerados sensibles.

6.  Las disposiciones de este Decreto no se aplicarán a las ayudas y a los regímenes de ayudas que se amparen en reglamentos comunitarios reguladores de ayudas públicas compatibles con el mercado común.


Artículo 2.  Objeto y beneficiarios de las ayudas.—1.  Las subvenciones y ayudas reguladas en este Decreto se destinarán a empresas que realicen en Castilla y León inversiones que impliquen la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de uno existente o el lanzamiento de una actividad que implique un cambio fundamental en el producto o el procedimiento de producción de un establecimiento ya existente, a través de procesos de racionalización, diversificación o modernización, así como a las empresas que creen empleo ligado a una inversión inicial.

2.  Asimismo podrán subvencionarse las inversiones en capital fijo consistentes en la adquisición de un establecimiento que haya cerrado o habría cerrado de no procederse a su adquisición.

3.  Podrán establecerse subvenciones y ayudas específicamente dirigidas a pequeñas y medianas empresas incluidas las que tengan por objeto su asesoramiento externo por otras entidades destinado a facilitar inversiones subvencionables con arreglo a lo dispuesto en este Decreto. Las normas específicas o convocatorias que las configuren se atendrán a la definición de pequeña y mediana empresa establecida por la Unión Europea.

4.  Podrán ser beneficiarias las Sociedades de Garantía Recíproca para los avales que presten a las pequeñas y medianas empresas en garantía, de préstamos o créditos destinados a financiar inversiones en Castilla y León subvencionables con arreglo a lo dispuesto en este Decreto.

5.  También podrán ser beneficiarias las entidades inversoras que concierten con pequeñas y medianas empresas toma de participaciones, créditos participativos o préstamos a riesgo y ventura, destinados a financiar inversiones de las subvencionables con arreglo a lo previsto en este Decreto.


Artículo 3.  Proyectos subvencionables.—1.  Se considerarán proyectos de inversión subvencionables los siguientes:

a)  Como proyectos de creación de nuevos establecimientos, las inversiones que den origen a la iniciación de una actividad empresarial.

b)  Como proyectos de ampliación, las inversiones que supongan la ampliación de un establecimiento existente o el lanzamiento de una actividad que implique un cambio fundamental en el producto o el procedimiento de producción de un establecimiento existente mediante su racionalización, diversificación o modernización. A estos efectos se podrán considerar subvencionables las inversiones que, no consistiendo en la mera sustitución y representando una parte significativa del activo fijo material del establecimiento, supongan un incremento sensible de la productividad o la producción e impliquen la adquisición de equipamiento tecnológicamente avanzado.

2.  Se considerarán proyectos para la creación de empleo ligados a una inversión inicial aquellos que supongan el aumento neto del número de puestos de trabajo en el establecimiento y con respecto a la media de un período de referencia de un año, que será el correspondiente al último ejercicio contable cerrado. Se entenderá que un empleo está ligado a una inversión inicial siempre que se refiera a la actividad a la que se destina la inversión y su creación se produzca en los tres primeros años a partir de la realización íntegra de la inversión.

El número de puestos de trabajo se determinará por el número de asalariados empleados a tiempo completo más, en su caso, los empleados con otras modalidades de contrato en proporción al tiempo trabajado durante el año.


Artículo 4.  Conceptos subvencionables.—1.  Serán subvencionables los activos fijos nuevos o de primer uso y otros ligados a la inversión fija inicial limitados en el tiempo, y en todo caso los conceptos siguientes:

a)  La adquisición de los terrenos necesarios para la implantación del proyecto.

b)  Las traídas y acometidas de servicios.

c)  La urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto.

d)  La edificación de obra civil en: Oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, almacenamiento de materias primas, edificios de producción, edificios de servicios industriales, almacenamiento de productos terminados y otras obras vinculadas al proyecto.

e)  Los bienes de equipo consistentes en maquinaria de proceso, generadores térmicos, elementos y equipos de transporte interior, vehículos especiales de transporte exterior, equipos de medida y control, medios de protección del medio ambiente y medios y equipos de prevención de riesgos laborales. En el sector del transporte se exceptúa la adquisición de activos móviles.

f)  Los bienes de equipo necesarios para servicios de electricidad, suministro de agua potable, instalaciones de seguridad, depuración de aguas residuales y otros ligados al proyecto.

g)  Los trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los trabajos.

h)  Otras inversiones en activos fijos materiales.

i)  Inversiones en activos fijos inmateriales consistentes en la adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos, en cuantía no superior al 25% del importe de los terrenos, edificios y equipamientos objeto de subvención.

j)  En caso de adquisición de un establecimiento serán subvencionables los costes de readquisición de los activos siempre que la transacción tenga lugar en condiciones de mercado. Se deducirán los activos para cuya adquisición ya se hubiera recibido una ayuda antes del traspaso.

2.  Será subvencionable la realización por empresas asesoras externas de estudios de viabilidad o de diagnóstico sobre factores productivos, organización, tecnología, financiación, comercialización o búsqueda de socios o gestión de las empresas y sobre reorganización, modernización o puesta en marcha de empresas relativos a la inversión, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas que no se encuentren en dificultades.

3.  Sólo excepcionalmente serán subvencionables la maquinaria y los bienes usados, cuando se adquieran en condiciones de mercado y siempre deduciendo aquellos activos para cuya adquisición el transmitente hubiera recibido ayudas.

4.  Las inversiones que se efectúen mediante fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero, únicamente podrán ser subvencionadas si, en el momento de presentar la solicitud el solicitante asume la obligación de comprar los activos dentro del plazo previsto para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones que establezca la resolución.

5.  En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión subvencionables el impuesto sobre el valor añadido recuperable.

6.  Respecto de la contratación de trabajadores ligada a la inversión inicial, será subvencionable el coste salarial durante un período de dos años de cada persona contratada, entendiéndose por tal coste de salario bruto, es decir, antes de deducir de él impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias.


Artículo 5.  Requisitos de los proyectos subvencionables.—1.  Para que los proyectos de inversión puedan ser objeto de ayudas deberán reunirse los siguientes requisitos:

a)  Que los proyectos puedan considerarse viables desde el punto de vista técnico, económico, financiero y medioambiental y que vayan a realizarse por empresas, que de acuerdo con los criterios de la Unión Europea, no estén en crisis.

b)  Que el beneficiario disponga de financiación con fondos propios al menos en un 25% para la inversión subvencionable, financiación que no puede contar con ayuda pública alguna. Las normas específicas y convocatorias podrán fijar un porcentaje más alto para casos particulares.

c)  Que la solicitud de la subvención se presente antes del comienzo de la realización de la inversión. Cuando la subvención sea complementaria de otras ayudas podrá preverse que baste con que cumpla este requisito la primera solicitud.

d)  Que las inversiones a realizar se mantengan en el establecimiento objeto de la ayuda al menos durante cinco años a contar desde la finalización de aquéllas.

2.  Cuando se trate de la adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos deberán reunirse, además de los anteriores, los siguientes requisitos:

a)  Serán explotados exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.

b)  Serán considerados elementos del activo amortizables.

c)  Serán adquiridos a un tercero en las condiciones de mercado.

d)  Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento del beneficiario de la ayuda durante un período mínimo de cinco años.

3.  Los proyectos para la creación de empleo ligados a una inversión inicial deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Que la solicitud de la subvención o ayuda se presente antes de realizarse la contratación.

b)  Que el empleo creado se mantenga durante un período mínimo de tres años salvo para las Pymes que será de dos años.

Esta letra b) ha sido modificada por el Decreto 17/2004, de 22 de enero (BOCYL del 28).


Artículo 6.  Clases de subvenciones y ayudas.—1.  Podrán concederse las siguientes clases de subvenciones y ayudas:

a)  Subvenciones a la inversión.

b)  Subvenciones a los intereses de préstamos concertados con entidades financieras.

c)  Subvenciones para la amortización de dichos préstamos.

d)  Subvenciones a la creación de empleo ligada a una inversión inicial.

e)  Subvenciones a Sociedades de Garantía Recíproca destinadas a reducir el coste de los avales que garanticen operaciones de financiación de inversiones de pequeñas y medianas empresas. La financiación avalada no podrá superar el 75 por ciento de los conceptos de inversión subvencionable del artículo 4.1 de este Decreto. La ayuda se calculará por la diferencia entre el coste al tipo de referencia publicado por la Comisión Europea y el coste efectivo de la financiación avalada, no pudiendo superar el límite máximo fijado en el Anexo.

f)  Subvenciones destinadas a reducir los costes de créditos participativos, préstamos a riesgo y ventura o cualquier clase de crédito o préstamo que entidades inversoras concierten con pequeñas y medianas empresas que vayan a realizar inversiones. La financiación no podrá superar el 75% de los conceptos de inversión subvencionable del artículo 4.1 de este Decreto. La ayuda se calculará por diferencia entre el coste al tipo de referencia publicado por la Comisión Europea y el coste efectivo de la financiación, no pudiendo superar el límite máximo fijado en el Anexo.

g)  Subvenciones de hasta el 75% de coste del asesoramiento, los estudios o trabajos, realizados por asesor externo, a que se refiere el artículo 4.2 de este Decreto.

h)  Subvenciones de hasta el 75% del coste del asesoramiento externo relativo a la aportación de fondos a las pequeñas y medianas empresas procedentes de fondos de capital riesgo, mercados secundarios organizados, fondos de inversión, fondos de garantía recíproca o de cualquier otro instrumento similar, destinados a financiar inversiones.

2.  Cuando al mismo beneficiario se concedan varias de las subvenciones previstas en el apartado anterior el conjunto no podrá superar los límites a que se refiere el artículo 1.2 de este Decreto.

3.  En las normas específicas y en las convocatorias se determinará la intensidad de las ayudas, dentro de los límites previstos en este Decreto, en términos brutos y mediante porcentajes enteros.


Artículo 7.  Registro de las ayudas.—Todas las ayudas que se soliciten de las previstas en este Decreto se inscribirán en el Registro de Ayudas, registrándose los datos de las mismas que se determinen de acuerdo con sus normas reguladoras.


Artículo 8.  Criterios básicos para la concesión.—1.  Para conceder y determinar la cuantía de las subvenciones y ayudas se valorará la naturaleza de las inversiones y los objetivos que persigan, teniendo en cuenta la finalidad de la ayuda.

2.  La cuantía de las subvenciones guardará relación, en todo caso, con el volumen de la inversión, los puestos de trabajo creados o mantenidos y la concurrencia de ayudas públicas en el mismo proyecto.

3.  Además y según la clase de subvención se utilizarán fundamentalmente los siguientes criterios:

a)  La localización.

b)  La utilización de factores productivos de la zona.

c)  La tasa de valor añadido o el incremento de la productividad.

d)  La incorporación de tecnología avanzada y de sistemas que garanticen la calidad y la protección del medio ambiente.

e)  El carácter dinamizador del proyecto para la economía de la zona.

f)  El carácter innovador de los procesos o productos.

g)  La exportación.

h)  El tamaño de la empresa y el proyecto.

i)  La situación global del sector en cuanto a la utilización de la capacidad productiva.

4.  Para determinar la cuantía de las subvenciones podrá tenerse en cuenta la creación de puestos de trabajo dirigidos a personas y sectores sociales con especiales dificultades para obtener empleo.


Artículo 9.  Preferencias y prioridades para la concesión.—Para la concesión de subvenciones y ayudas podrán establecerse en cada convocatoria o en las normas específicas, preferencias o prioridades en razón de la actividad económica, del territorio y de factores socioeconómicos.


Artículo 10.  Compatibilidad.—1.  Las subvenciones y ayudas podrán ser compatibles con otras para la misma finalidad mientras el conjunto de todas las concedidas para un mismo proyecto, no sobrepase los límites establecidos en cada caso, en términos de subvención neta equivalente calculada con arreglo al procedimiento establecido por la Comisión de la Unión Europea.

2.  Cuando los gastos subvencionables puedan acogerse a ayudas de finalidades distintas, la parte común quedará sujeta al límite más favorable de los regímenes de que se trate.

3.  Las ayudas a la inversión y a la creación de empleo ligada a ella podrán acumularse siempre que la suma de la ayuda a la inversión inicial calculada a partir del porcentaje del valor de la inversión y de la ayuda a la creación de empleo calculada a partir del porcentaje de los costes salariales, no rebase el importe más favorable que se derive de la aplicación del límite máximo de intensidad previsto en el artículo 1.

4.  Las disposiciones que regulen cada ayuda y las convocatorias expresarán de acuerdo con los apartados anteriores la compatibilidad, los límites máximos para cada proyecto y los mecanismos que garanticen el conocimiento de todas las ayudas solicitadas para el proyecto.

5.  En todo caso antes de formular la propuesta de resolución se comprobarán las subvenciones y ayudas concedidas y las que tenga solicitadas para el mismo proyecto de lo que quedará constancia en el expediente.


Artículo 11.  Justificación y pago de las subvenciones.—1.  Las normas específicas y las convocatorias determinarán el modo de comprobar o acreditar el cumplimiento de las condiciones. Esta comprobación o acreditación dará lugar al pago de la subvención, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Igualmente expresarán la posibilidad de conceder anticipos cuando proceda y las garantías que en tal caso han de aportar los beneficiarios.

2.  La justificación habrá de producirse de forma adecuada a la naturaleza del objeto de la subvención. Los gastos y pagos realizados se justificarán con arreglo a la práctica mercantil y las inversiones podrán acreditarse mediante informes de auditorías conforme a lo que determine la normativa de la Comunidad de Castilla y León. La creación de empleo se acreditará mediante documentación que refleje la situación de los trabajadores en la empresa y la variación del número de éstos en la misma.

3.  La liquidación total o parcial de la subvención exigirá la justificación de las inversiones, actividades o gastos efectivamente realizados dentro del plazo correspondiente y del cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso.

4.  El interesado junto con la justificación de las inversiones deberá presentar una declaración de las ayudas solicitadas y obtenidas para el proyecto y su cuantía y si están o no pagadas.

5.  La justificación se entenderá condicionada al mantenimiento durante cinco años de la inversión o el empleo objeto de la ayuda.


Artículo 12.  Vigilancia y control.—Corresponde a la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León velar por la adecuada aplicación de las previsiones de este Decreto, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar las informaciones que resulten oportunas.


Artículo 13.  Incumplimientos del beneficiario.—1.  El incumplimiento por el beneficiario de la finalidad, objeto y las condiciones de las ayudas, así como la acumulación de éstas por encima de los límites establecidos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y tendrá como consecuencia la pérdida total o parcial de las mismas.

2.  No podrán abonarse las subvenciones o, en su caso, serán reducidas o procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario y la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del pago, en los siguientes casos:

a)  Incumplimiento total o parcial por parte del beneficiario de los requisitos y condiciones que deben cumplir las inversiones y la creación de empleo subvencionadas.

b)  Incumplimiento de la obligación de justificación.

c)  Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d)  Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

e)  Obtener la subvención por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, sobrepase los límites máximos establecidos en cada caso.

f)  Suspensión de pagos, quiebra, juicio sumario de ejecución hipotecaria, embargo, ejecución forzosa o cualquier otra circunstancia que pueda alterar sustancialmente el desarrollo del proyecto subvencionado, la finalidad para la que se concedió la subvención o ambos a la vez.

g)  Liquidación, traslado, venta o cambio de titularidad de la empresa beneficiaria, dentro del plazo de cinco años cuando esté previsto en las normas específicas o convocatorias de cada ayuda.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Las referencias contenidas en el Decreto 190/1993, de 5 de agosto, sobre coordinación de actuaciones en materia de inversiones públicas, sobre coordinación, tramitación y resolución de incentivos a la inversión y sobre el registro de ayudas, al Decreto 151/1989, de 20 de julio, sobre regulación de incentivos a la inversión en Castilla y León, se entenderán realizadas al presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogados el Decreto 151/1989, de 20 de julio, sobre regulación de incentivos a la inversión en Castilla y León, el Decreto 152/1989, de 20 de julio, que lo desarrolla y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—La Consejería de Presidencia y Administración Territorial publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las modificaciones que se lleven acabo por la Unión Europea respecto de los porcentajes previstos en el Anexo de este Decreto.


Disposición final segunda.—Las diferentes Consejerías, dentro del ámbito de su competencia, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Decreto, y las entidades institucionales adoptarán los acuerdos y resoluciones necesarios para el cumplimiento de las previsiones del mismo.


Disposición final tercera.—Este Decreto entrará en vigor a los diez días desde su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


ANEXO

Porcentajes máximos de las ayudas

Los porcentajes máximos, en términos de subvención neta equivalente, tanto para las ayudas a la inversión como para las ayudas a la creación de empleo ligada a la misma, son los siguientes:

El 40% en las provincias de Ávila, León, Soria, Salamanca y Zamora.

El 37% en las provincias de Palencia y Segovia.

El 35% en las provincias de Burgos y Valladolid.

Estos porcentajes podrán incrementarse hasta en un 15% en términos brutos cuando se trate de pequeñas y medianas empresas.



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