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DECRETO FORAL 60/2002, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE 10 DE DICIEMBRE, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (BOTHA DE 8 DE ENERO DE 2003)



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DECRETO FORAL 60/2002, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE 10 DE DICIEMBRE, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (BOTHA DE 8 DE ENERO DE 2003)


 
La Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, aprobó la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. En diversos artículos de esta disposición general se invoca el desarrollo reglamentario para la regulación de determinadas cuestiones.

En cumplimiento de estas previsiones de la Norma Foral se aprobó el Decreto Foral 51/1997, de 20 de mayo, que regulaba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Este Decreto Foral 51/1997 ha sufrido diversas modificaciones entre las que se pueden citar las siguientes: Decreto Foral 67/1997, de 8 de julio. Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero. Decreto Foral 58/1999, de 4 de mayo. Decreto Foral 1/2000, de 18 de enero. Decreto Foral 20/2000, de 7 de marzo. Decreto Foral 67/2000, de 4 de julio. Decreto Foral 47/2001, de 3 de abril. Decreto Foral 84/2001, de 24 de julio. Decreto Foral 85/2001, de 24 de julio. Decreto Foral 108/2001, de 11 de diciembre. Decreto Foral 44/2002, de 16 de julio.

El presente Decreto Foral tiene por objeto aprobar un nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que refunde y actualiza la normativa reglamentaria del citado tributo.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en Sesión celebrada en el día de hoy, dispongo:


CAPÍTULO I

Amortizaciones


Artículo 1.  Amortización de elementos patrimoniales del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias.— 1.  Los coeficientes y métodos de amortización a los que hace referencia la letra a) del apartado 2 del artículo 11 de la Norma Foral del Impuesto, son los siguientes:

a)  El resultado de aplicar los coeficientes de amortización a los que se refiere la Disposición Adicional de la Norma Foral 18/1993, de 5 de julio, de Medidas Fiscales Urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica.

b)  El resultado de aplicar un porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización.

El porcentaje constante se determinará ponderando el coeficiente de amortización lineal obtenido a partir del período de amortización seleccionado de la tabla a que se refiere la letra a) anterior, por los siguientes coeficientes:

a')  1,5, si el elemento tiene un período de amortización inferior a cinco años.

b')  2, si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a cinco años e inferior a ocho años.

c')  2,5, si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a ocho años.

Cuando el saldo pendiente de amortización antes del cierre del ejercicio sea inferior al importe de una cuota lineal, dicho saldo podrá amortizarse en el mencionado ejercicio.

Los edificios, mobiliario, enseres y los bienes que se adquieran usados no podrán acogerse a amortización mediante porcentaje constante.

c)  El resultado de aplicar el método de los números dígitos.

La suma de dígitos se determinará en función del período de amortización establecido en la tabla a que se refiere la letra a) anterior.

Los edificios, mobiliario, enseres y los bienes que se adquieran usados no podrán acogerse a la amortización mediante números dígitos.

La aplicación de este método no podrá dar lugar a cuotas crecientes de amortización.

2.  Las reglas especiales de amortización a las que hace referencia el apartado 3 del artículo 11 de la Norma Foral del Impuesto, son las siguientes:

a)  Tratándose de elementos del inmovilizado material, excluidos los edificios, que se adquieran usados, el cálculo de la amortización fiscalmente deducible se efectuará aplicando los coeficientes máximos hasta el límite del doble de los coeficientes que se señalan en la tabla de amortización a que se refiere la letra a) del apartado 1 anterior y reduciendo a la mitad su período máximo. Esta reducción deberá realizarse por exceso, computándose los años completos.

b)  Cuando un elemento del inmovilizado material sea utilizado diariamente en más de un turno normal de trabajo, los coeficientes mínimos de amortización se podrán incrementar en el resultado de multiplicar la diferencia entre los coeficientes máximo y mínimo obtenidos de la tabla de amortización a que se refiere la letra a) del apartado 1 anterior por el cociente resultante de dividir las horas diarias habitualmente trabajadas entre ocho horas. El resultado así obtenido será el coeficiente máximo de amortización admisible en este caso.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a edificios, elementos de transporte, mobiliario e instalaciones de carácter comercial y a equipos informáticos.

c)  La amortización de los elementos del activo no corriente cuyo valor haya sido actualizado al amparo de disposiciones normativas se regirá por los criterios establecidos en las mismas.

3.  Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, en su caso, el valor residual. Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo, excluidos, en su caso, los costes de rehabilitación. Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año de adquisición.

4.  La amortización se practicará elemento por elemento. No obstante, se podrá amortizar de forma independiente cada parte de un elemento patrimonial que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.

Cuando se trate de elementos de naturaleza análoga, o sometidos a un grado similar de utilización, la amortización podrá practicarse sobre el conjunto de ellos, siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización acumulada correspondiente a cada elemento patrimonial.

Las instalaciones técnicas podrán constituir un único elemento susceptible de amortización.

5.  Los elementos patrimoniales deberán amortizarse dentro del período de su vida útil, entendiéndose por tal el período en que, según el método de amortización adoptado, debe quedar totalmente cubierto su valor, excluido el valor residual. Los costes relacionados con grandes reparaciones se amortizarán durante el período que medie hasta la gran reparación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de activos sometidos a reversión cuya vida útil exceda del período concesional, el límite anual máximo de amortización deducible se calculará atendiendo a este último período. En los arrendamientos operativos respecto a las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo arrendado o cedido en uso, el límite anual máximo de amortización deducible se calculará atendiendo a la duración del contrato de arrendamiento o cesión, incluido, en su caso, el período de renovación, cuando sea inferior a la vida útil.

Cuando se practique la amortización aplicando los coeficientes establecidos en la tabla a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo, la vida útil no podrá exceder del período máximo de amortización fijado en la misma.

La vida útil se entenderá prorrogada por el período de duración de la inactividad en los casos de paralización temporal de actividades cuando concurran las siguientes circunstancias:

a)  Que la paralización tenga una duración superior a un año.

b)  Que la entidad no practique la amortización durante el período de paralización.

c)  Que se identifiquen las instalaciones afectadas y se justifique la causa de la paralización.

6.  Cuando las renovaciones, ampliaciones o mejoras de los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se incorporen a dicho inmovilizado o inversión, el importe de aquéllas se amortizará durante los períodos impositivos que resten para completar la vida útil de los referidos elementos patrimoniales. A tal efecto, se imputará a cada período impositivo el resultado de aplicar al importe referido el porcentaje resultante de dividir la amortización contabilizada del elemento patrimonial en cada período impositivo, en la medida en que se corresponda con la depreciación efectiva, entre el valor contable que dicho elemento patrimonial tenía al inicio del período impositivo en el que se realizaron las opera-ciones de renovación, ampliación o mejora.

Los elementos patrimoniales que hayan sido objeto de las opera-ciones de renovación, ampliación o mejora, continuarán amortizándose según el método que venía aplicándose con anterioridad a la realización de las mismas.

Cuando las operaciones mencionadas en el párrafo anterior determinen un alargamiento de la vida útil estimada del activo, esta nueva vida útil deberá tenerse en cuenta a los efectos de la amortización del elemento patrimonial y de la del importe de la renovación, ampliación o mejora.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación en el supuesto de revalorizaciones contables realizadas en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en el resultado contable.

7.  Para un mismo elemento patrimonial no podrán aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos métodos de amortización.

8.  Cuando se adopte como método de amortización el previsto en la letra c) del apartado 1 de este artículo, se aplicarán las siguientes reglas:

a)  Se obtendrá la suma de dígitos mediante la adición de los valores numéricos asignados a los años en que se haya de amortizar el elemento patrimonial.

A estos efectos, se asignará un valor numérico igual al período de amortización, expresado en años, del elemento patrimonial de que se trate al año de puesta en condiciones de funcionamiento, y para los años siguientes, valores numéricos sucesivamente decrecientes en una unidad, hasta llegar al último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la unidad.

El período de amortización podrá ser cualquiera de los comprendidos entre el período máximo y el que se deduce del coeficiente de amortización máximo, según la tabla de amortización a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo, ambos inclusive.

b)  Se dividirá el precio de adquisición o coste de producción entre la suma de dígitos obtenida según la letra anterior, determinándose así la cuota por dígito.

c)  Se multiplicará la cuota por dígito por el valor numérico que corresponda al período impositivo.

9.  Las normas relativas a la amortización de los elementos actualizados de acuerdo con lo previsto en las disposiciones de regularización o actualización, aprobadas con anterioridad al 1 de enero de 1996, continuarán siendo aplicables hasta la extinción de la vida útil de los mismos.

La misma regla se aplicará respecto de los elementos patrimoniales revalorizados al amparo de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre.

10.  En los supuestos de fusión, escisión, total o parcial, aportación y cesión global de activo y pasivo, deberá proseguirse para cada elemento patrimonial adquirido el régimen de amortización a que estaba sujeto, excepto si el sujeto pasivo prefiere aplicar a los mismos su propio sistema de amortización, para lo cual deberá formular un plan de amortización, en los términos previstos en el artículo 2 siguiente.

Este artículo 1 ha sido redactado por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.


Artículo 2.  Planes de amortización.— 1.  Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración Tributaria la aprobación de un plan de amortización de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades previstas en este artículo.

2.  La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a)  Descripción de los elementos patrimoniales objeto del plan especial de amortización, indicando la actividad a la que se hallen afectos y su ubicación.

b)  Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de las amortizaciones que se deriva del mismo.

c)  Justificación del método de amortización propuesto.

d)  Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.

e)  Fecha de puesta en condiciones de funcionamiento de los elementos patrimoniales.

En el caso de elementos patrimoniales en construcción, se indicará la fecha prevista de puesta en condiciones de funcionamiento.

3.  La solicitud se presentará dentro del período de construcción de los elementos patrimoniales o dentro de los tres meses siguientes a su puesta en condiciones de funcionamiento.

4.  Los planes de amortización aprobados podrán ser modificados a solicitud del sujeto pasivo, observándose las normas previstas en los apartados anteriores. Dicha solicitud deberá presentarse dentro de los tres primeros meses del período impositivo en el cual deba surtir efecto dicha modificación.


Artículo 3.  Libertad de amortización.— 1.  La libertad de amortización se podrá practicar a partir de la fecha de entrada en funcionamiento de los elementos patrimoniales a los que resulte de aplicación y durante el período de vida útil de los mismos, entendiéndose por tal la definida en el apartado 2 del artículo 1 anterior de este Decreto Foral.

2.  La libertad de amortización regulada en la letra a) del apartado 4 del artículo 11 de la Norma Foral del Impuesto, podrá practicarse cualquiera que sea la fecha de adquisición de los elementos del inmovilizado.

3.  La aplicación de la libertad de amortización a que se refieren las letras g) y h) del apartado 4 del artículo 11 de la Norma Foral del Impuesto deberá solicitarse de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las siguientes especialidades:

A)  El sujeto pasivo presentará ante la Administración Tributaria una solicitud que contendrá los siguientes datos:

a)  Descripción de los elementos patrimoniales, actividad a la que se hallen afectos y su ubicación.

b)  Justificación de su afectación a la reducción y corrección del impacto contaminante de la actividad de la empresa, cuando se trate de los elementos a que se refiere la letra g) citada anteriormente.

c)  Resolución de los organismos oficiales del País Vasco aprobando un proyecto para la limpieza de suelos contaminados y justificación de la relación directa con el proyecto de los elementos a que se refiere la letra h) citada anteriormente.

d)  Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.

e)  Fecha de afectación de los elementos patrimoniales a las actividades a que se refieren las letras g) y h) antes mencionadas.

B)  La solicitud se presentará dentro del período de construcción de los elementos patrimoniales o dentro de los tres meses siguientes a su afectación a las actividades referidas.

4.  Para la aplicación de la libertad de amortización a que se refiere el número 1° del apartado 2 del artículo 45 de la Norma Foral del Impuesto se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de este Decreto Foral.

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CAPÍTULO II    Redacción anterior    

Planes de gastos correspondientes a actuaciones mediomabientales

Este Capítulo II (art. 4) ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOTHA del 14 de agosto), con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.


Artículo 4. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.—1.  Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración tributaria la aprobación de un plan de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 de la Norma Foral del Impuesto, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades detalladas en el presente artículo.

2.  La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a)  Descripción de las obligaciones del sujeto pasivo o compromisos adquiridos por el mismo para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente.

b)  Descripción técnica y justificación de la necesidad de la actuación a realizar.

c)  Importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y justificación del mismo.

d)  Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y justificación del mismo.

e)  Fecha de inicio de la actuación medioambiental.

3.  La solicitud se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de nacimiento de la obligación o compromiso de la actuación medioambiental.

4.  Los planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales aprobados podrán modificarse a solicitud del sujeto pasivo, observándose las normas previstas en este artículo. Dicha solicitud habrá de presentarse dentro de los tres primeros meses del período impositivo en el cual deba surtir efecto la modificación.


CAPÍTULO III     Redacción anterior    

Adquisición de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades

Este Capítulo III (art. 5) anteriormente Capítulo III bis, ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOTHA del 14 de agosto), con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.


Artículo 5. Obligaciones de información.—A los efectos de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, los sujetos pasivos deberán presentar, conjuntamente con las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios en los que practiquen la deducción contemplada en dicho apartado, la siguiente información:

a)  En relación con la entidad directamente participada:

1.º  Identificación y porcentaje de participación.

2.º  Descripción de sus actividades.

3.º  Valor y fecha de adquisición de las participaciones, así como el valor del patrimonio neto contable correspondiente a éstas, determinado a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.

4.º  Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, así como de imputación a los bienes y derechos de la entidad participada, de la diferencia existente entre el precio de adquisición de sus participaciones y el patrimonio neto contable imputable a las mismas en la fecha de su adquisición.

b)  Cuando la entidad cuyas participaciones se adquieren participe a su vez en otra, en el sentido de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 8 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto:

1.º  Identificación de la entidad directamente participada, porcentaje de participación en ella y descripción de sus actividades.

2.º  Identificación de las entidades indirectamente participadas, porcentaje de participación indirecta en ellas y descripción de sus actividades.

3.º  Valor y fecha de adquisición de las participaciones, así como valor del patrimonio neto contable correspondiente a éstas, determinado a partir de las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios incluidos en el Código de Comercio y en sus normas de desarrollo, debidamente homogeneizadas.

4.º  Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal así como de imputación a los bienes y derechos de las entidades participadas de la diferencia existente entre el precio de adquisición de las participaciones y el patrimonio neto contable consolidado imputable a las mismas en la fecha de su adquisición.

c)  Importe de la inversión realizada en la adquisición de participaciones en entidades no residentes en territorio español incluida en la base de deducción de la Disposición Transitoria Vigesimocuarta de la Norma Foral del Impuesto.


CAPÍTULO IV

Redacción anterior    
Determinación del valor normal de mercado, obligaciones de documentación y acuerdos de valoración previa de las operaciones vinculadas

Este Capítulo IV (arts. 6 a 18 ter) anteriormente Capítulo III ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOTHA del 14 de agosto), con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma.


SECCIÓN 1.ª DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL DE MERCADO DE LAS OPERACIONES VINCULADAS Y DIFERENCIA CON EL CONVENIDO


Artículo 6. Análisis de comparabilidad.—    Redacción anterior    1.  A los efectos de determinar el valor normal de mercado que habrían acordado personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, se compararán las circunstancias de las operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o entidades independientes que pudieran ser equiparables.

2.  Para determinar si dos o más operaciones son equiparables se tendrán en cuenta, en la medida en que sean relevantes y que el obligado tributario haya podido disponer de ellas razonablemente, las siguientes circunstancias:

a)  Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones vinculadas.

b)  Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto de análisis, identificando los riesgos asumidos y ponderando, en su caso, los activos utilizados.

c)  Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las operaciones teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte contratante.

d)  Las características de los mercados en los que se entregan los bienes o se prestan los servicios, u otros factores económicos que puedan afectar a las operaciones vinculadas.

e)  Cualquier otra circunstancia que sea relevante en cada caso, como las estrategias comerciales.

En ausencia de datos sobre comparables de empresas independientes o cuando la fiabilidad de los disponibles sea limitada, el obligado tributario deberá documentar dichas circunstancias.

Si alguna de las circunstancias anteriormente citadas no se ha tenido en cuenta porque el obligado tributario considera que no es relevante, deberá hacer una mención a las razones por las que se excluyen del análisis.

En todo caso deberán indicarse los elementos de comparación internos o externos que deban tenerse en consideración.

3.  Cuando las operaciones vinculadas que realice el obligado tributario se encuentren estrechamente ligadas entre sí o hayan sido realizadas de forma continua, de manera que su valoración independiente no resulte adecuada, el análisis de comparabilidad a que se refiere este artículo se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dichas operaciones.

4.  Dos o más operaciones son equiparables cuando no existan entre ellas diferencias significativas en las circunstancias a que se refiere el apartado 2 anterior que afecten al precio del bien o servicio o al margen de la operación, o cuando existiendo diferencias, puedan eliminarse efectuando las correcciones necesarias.

El análisis de comparabilidad así descrito forma parte de la documentación a que se refiere el artículo 11 de este Decreto Foral y cumplimenta la obligación prevista en la letra b)  del apartado 1 del citado artículo.

5.  El análisis de comparabilidad y la información sobre las opera-ciones equiparables constituyen factores que permitirán, en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, la elección del método de valoración más adecuado.

6.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, el obligado tributario podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando se trate de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada y se cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que la entidad sea una de las previstas en el apartado 1 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto, más del 75 por 100 de sus ingresos del ejercicio procedan del desarrollo de actividades profesionales, cuente con los medios materiales y humanos adecuados y el resultado del ejercicio previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios sea positivo.

b)  Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios a la entidad no sea inferior al 85 por 100 del resultado previo a que se refiere la letra a).

c)  Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-profesionales cumplan los siguientes requisitos:

1.º  Se determine en función de la contribución efectuada por éstos a la buena marcha de la sociedad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

2.º  No sea inferior al salario medio de los asalariados de la sociedad que cumplan funciones análogas, en condiciones de dedicación equivalente, a las de los socios-profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a dos veces la cantidad a que se refiere el artículo 16 del Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los socios con un régimen de dedicación de jornada completa o en la proporción correspondiente, en otro caso.

El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.º en relación con alguno de los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a los restantes socios-profesionales.

Exclusivamente resultarán de aplicación los criterios contenidos en este apartado en el caso de que el obligado tributario opte por aplicar lo dispuesto en el mismo.

Este artículo 6 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma.


Artículo 7. Requisitos de los acuerdos de reparto de costes suscritos entre personas o entidades vinculadas—    Redacción anterior    A efectos de lo previsto en el apartado 6 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, los acuerdos de reparto de costes de bienes y servicios suscritos por el obligado tributario deberán incluir la identificación de las demás personas o entidades participantes, en los términos previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de este Decreto Foral, el ámbito de las actividades y proyectos específicos cubiertos por los acuerdos, su duración, criterios para cuantificar el reparto de los beneficios esperados entre los partícipes, la forma de cálculo de sus respectivas aportaciones, especificación de las tareas y responsabilidades de los partícipes, consecuencias de la adhesión o retirada de los partícipes así como cualquier otra disposición que prevea adaptar los términos del acuerdo para reflejar una modificación de las circunstancias económicas.

Este artículo 7 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 8. Diferencias entre el valor convenido y el valor normal de mercado de las operaciones vinculadas.—    Redacción anterior    1.  En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.

2.  En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá con carácter general el siguiente tratamiento:

a)  Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad, y como participación en beneficios de entidades para el socio.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en la letra d)  del apartado 1 del artículo 37 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b)  Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá la consideración de aportación del socio o participe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio o partícipe.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en la letra c') de la letra i) del apartado Dos del artículo 12 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

3.  La calificación de la renta puesta de manifiesto por la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor convenido, podrá ser distinta de la prevista en el apartado 2 anterior, cuando se acredite una causa diferente a las contempladas en el citado apartado 2.

Este artículo 8 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


SECCIÓN 2.ª OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES ENTRE PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS Y CON PERSONAS O ENTIDADES RESIDENTES EN PARAÍSOS FISCALES

Nota
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Artículo 9.  Obligación de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas.—    Redacción anterior    1.  A los efectos de lo dispuesto en apartado 2 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, y para la determinación del valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la documentación establecida en el presente artículo, en el artículo 10 y en el artículo 11 de este Decreto Foral, la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación del Impuesto.

Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar aquella documentación o información adicional que considere necesaria en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y en su normativa de desarrollo.

2.  La documentación a que se refiere el presente artículo y los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral deberá elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las operaciones, de forma que permita a la Administración comprobar que la valoración de las mismas se ha ajustado a lo previsto en el artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto. En su preparación, el obligado tributario podrá utilizar aquella documentación relevante de que disponga para otras finalidades. Dicha documentación estará formada por:

a)  La documentación relativa al grupo al que pertenezca el obligado tributario. Se entiende por grupo, a estos efectos, el establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus establecimientos permanentes en el extranjero o en territorio español.

Tratándose de un grupo en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, la entidad dominante podrá optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no esté sometida a la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, deberá designar a una entidad del grupo sometida a ésta para conservar la documentación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber del obligado tributario de aportar a requerimiento de la Administración tributaria en plazo y de forma veraz y completa la documentación relativa al grupo al que pertenezca.

b)  La documentación del obligado tributario.

3.  No será exigible la documentación prevista en el presente artículo y en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral respecto de las operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cuando la contraprestación del conjunto de estas operaciones no supere el importe de 250.000 euros de valor de mercado. En este cómputo se excluirán las operaciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) siguientes de este apartado, así como las operaciones a que se refiere el apartado 5 de este artículo, siempre que se aplique lo dispuesto en dicho apartado 5.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando:

a)  Se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

b)  Se trate de operaciones realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con sociedades en las que aquéllos o sus cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

c)  La operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE.

d)  La operación consista en la transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la consideración de intangibles de acuerdo con los criterios contables.

Cuando al obligado tributario le resulte de aplicación lo establecido en el apartado 6 del artículo 6 de este Decreto Foral, la no exigencia de las obligaciones de documentación previstas en este artículo y en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral en relación con las prestaciones de servicios profesionales se entenderá sin perjuicio del deber de probar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo 6.6.

4.  Igualmente, no será exigible la documentación prevista en el presente artículo y en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Foral en relación con las siguientes operaciones vinculadas:

a)  Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo IX del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto.

b)  Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo IX del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto, por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial correspondiente.

c)  Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

d)  Las realizadas por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen sin mediación de establecimiento permanente.

e)  Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por el Banco de España, que tengan relación con el cumplimiento por parte del referido sistema institucional de protección de los requisitos establecidos en la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y obligaciones de Información de los Intermedios Financieros.

5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 anterior, no serán exigibles obligaciones de documentación a las personas o entidades vinculadas que tengan la consideración de pequeña o mediana empresa conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto, respecto de las siguientes operaciones:

a)  Prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas para su perceptor a los efectos de lo dispuesto en la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b)  Operaciones de financiación.

c)  Arrendamiento, subarrendamiento y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.

La exoneración prevista en el presente apartado estará condicionada al cumplimiento, para cada una de las operaciones, de los requisitos a que se refieren los artículos 9 bis a 9 quáter del presente Decreto Foral y a que los obligados tributarios declaren el valor de las citadas operaciones, al menos, por el importe de los umbrales mínimos que se establecen en dichos artículos.

Lo dispuesto en este apartado será igualmente de aplicación en el caso de las entidades a las que resulten de aplicación los regímenes especiales de las sociedades patrimoniales, de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, de las entidades parcialmente exentas y de las sociedades cooperativas que cumplan los requisitos a que se refieren las letras b), c) y d) de los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto.

6.  Lo dispuesto en el apartado 5 anterior no será de aplicación respecto de las siguientes operaciones:

a)  Las realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

b)  Las prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, realizadas por un socio profesional, persona física, a las entidades con las que se encuentre vinculado, a las que se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 6 del presente Decreto Foral, o en caso de que no ejercite la opción o no cumpla los requisitos establecidos en el citado precepto, el régimen general de obligaciones de documentación.

7.  La exoneración de las obligaciones de documentación a que se refiere el presente artículo no impedirá que la Administración tributaria pueda comprobar el valor normal de mercado aplicable a las operaciones vinculadas de que se trate y dictar, en su caso, los actos administrativos de liquidación correspondientes. No obstante, el obligado tributario no podrá ser objeto de sanción por este motivo, en la medida en que haya aplicado a dichas operaciones, al menos, los valores resultantes de la aplicación de los umbrales mínimos previstos en los artículos 9 bis a 9 quáter de este Decreto Foral, o unos superiores.

8.  El obligado tributario deberá suministrar la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezcan por Orden Foral del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Este artículo 9 ha sido redactado por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre


Artículo 9 bis.  Prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas.—1.  La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación será aplicable a los rendimientos derivados de los servicios prestados por personas físicas a las entidades con las que se encuentren vinculadas, cuando para aquéllas tengan la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas a los efectos de lo dispuesto en la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.  Para la aplicación de la exoneración a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Se documentarán las funciones o actividades que realiza la persona física vinculada para la entidad por las cuales percibe la remuneración, distinguiendo las gerenciales o de dirección, administrativas, de gestión de compras o de ventas u otras.

En el supuesto de que las personas físicas vinculadas no tengan un régimen de dedicación a jornada completa, se deberá justificar tal circunstancia, a los efectos de prorratear el umbral mínimo a que se refiere el apartado 3 siguiente.

En el caso de que las personas físicas vinculadas tengan la condición de socios, cuando varios de ellos presten servicios a la entidad, se documentarán los pactos sociales en los que se reflejen las actividades o funciones que cada uno realiza en la sociedad y los criterios seguidos para la determinación de las retribuciones de cada uno de ellos.

b)  La retribución de las personas físicas vinculadas que realicen funciones gerenciales o de dirección no podrá ser inferior a la del trabajador por cuenta ajena, que sin tener esa condición, reciba la mayor retribución, en condiciones de dedicación equivalente de prestación de los servicios.

c)  Las retribuciones deberán satisfacerse efectivamente, por transferencia bancaria, con periodicidad y regularidad mensuales a lo largo de todo el año, debiendo, al menos, el umbral mínimo a que se refiere el apartado 3 siguiente dividirse a partes iguales en cada uno de los doce meses del año.

Nota
3.  El umbral mínimo de las retribuciones dinerarias en contraprestación por los servicios prestados a que se refiere este artículo será la mayor de las cantidades siguientes:

a)  36.000 ó 60.000 euros anuales, según se trate de pequeñas o medianas empresas respectivamente, para aquellas personas físicas vinculadas que tengan una dedicación a jornada completa, o la parte proporcional en caso contrario.

Las cantidades señaladas en el párrafo anterior serán de 45.000 ó 95.000 euros, según se trate de pequeña o de mediana empresa respectivamente, cuando las funciones que desarrollen sean gerenciales o de dirección.

b)  La retribución de mayor cuantía del trabajador por cuenta ajena de la entidad que realice similares funciones a las de la persona física vinculada.

c)  La media de retribuciones dinerarias percibidas en los dos años anteriores por la persona física vinculada por el mismo tipo de servicios.

En caso de que sólo se hubieran percibido este tipo de retribuciones en uno de los dos años anteriores, se tomará en consideración el importe recibido en tal ejercicio.

Cuando el período de percepción de las citadas retribuciones sea inferior al año natural, su importe se elevará al año a los efectos de determinar la cuantía a que hace referencia esta letra.

4.  En el supuesto de personas físicas que presten servicios a varias entidades con las que estén vinculadas, se prorrateará el umbral mínimo establecido en el apartado anterior en función del tiempo de dedicación y de las funciones realizadas en cada una de ellas.

Para entender cumplidos los requisitos establecidos en este artículo es preciso que, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el importe percibido por la persona física vinculada del conjunto de entidades a los que preste servicios deberá ascender, al menos, al umbral mínimo establecido en el apartado anterior.

Este artículo 9 bis ha sido añadido por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.


Artículo 9 ter.  Operaciones de financiación.—1.  La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación será aplicable a las operaciones de financiación entre personas o entidades vinculadas, comprendiendo no sólo las operaciones específicas de préstamo y el importe de los créditos concedidos, sino también los anticipos no comerciales y las remuneraciones pendientes de pago.

2.  Para la aplicación de la exoneración a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Se documentarán las condiciones de cada operación, tales como el tipo de interés, vigencia de la operación, vencimientos de las cuotas de amortización y de los intereses, con expresa mención del sistema utilizado para su cálculo, origen de los capitales puestos a disposición del prestatario, cuentas bancarias de cargo o abono de las sucesivas devoluciones y del pago de intereses, siendo precisa igualmente dicha obligación de documentación respecto a las cuentas corrientes mantenidas con socios y administradores.

b)  La retribución de las operaciones deberá satisfacerse efectivamente en cada período impositivo, mediante transferencia bancaria, con una periodicidad mínima anual.

3.  El umbral mínimo de las retribuciones dinerarias en contraprestación por las operaciones de financiación a que se refiere este artículo será la mayor de las cantidades siguientes:

a)  El importe resultante de aplicar, con carácter general, el tipo de interés nominal anual que se obtenga por la adición de dos puntos al tipo de referencia "Euribor a un año".

No obstante, en el supuesto de operaciones de financiación en las que la condición de prestatario la ostente una persona física vinculada, el importe resultante de aplicar, con carácter general, el tipo de interés nominal anual que se obtenga por la adición de cinco puntos al tipo de referencia "Euribor a un año".

A los efectos de lo dispuesto en esta letra, se entenderá por "Euribor a un año" el tipo de referencia oficial publicado por el Banco de España en el BOE, tomándose para cada una de las operaciones de financiación el último tipo publicado con anterioridad a la formalización de la operación.

b)  El tipo medio que resulte de las operaciones de financiación que estuvieran vigentes entre las personas o entidades vinculadas durante los dos años anteriores.

4.  A las operaciones de financiación se les aplicará el umbral mínimo anterior siempre que su duración no sea superior a cinco años. Para operaciones de financiación concertadas por un plazo superior, se actualizará el tipo de interés para cada período de cinco años con el tipo correspondiente al primer día de cada uno de esos períodos.

Este artículo 9 ter ha sido añadido por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.


Artículo 9 quáter.  Arrendamientos, subarrendamientos y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.—1.  La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación será aplicable en relación con los arrendamientos, subarrendamientos o la constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles entre personas o entidades vinculadas.

2.  Para la aplicación de la exoneración a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Deberá formalizarse la operación mediante un contrato escrito en el que se describan sucintamente las características del inmueble, la identificación de las partes intervinientes, el plazo de duración, la renta anual a satisfacer por la arrendataria o cesionaria, con expresa mención del momento de exigibilidad de cada una de las cuotas del arrendamiento, subarrendamiento o de la constitución o cesión del derecho real.

b)  La retribución de las operaciones deberá satisfacerse efectivamente en cada período impositivo, mediante transferencia bancaria, con una periodicidad mínima anual.

3.  El umbral mínimo de las retribuciones dinerarias en contraprestación por los arrendamientos, subarrendamientos o constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles a que se refiere este artículo, será la mayor de las cantidades siguientes:

a)  El importe resultante de aplicar el tipo anual del 4 por ciento al valor del inmueble a que se refiere el apartado 4 siguiente.

b)  La media de retribuciones dinerarias percibidas por la persona o entidad vinculada en los dos años anteriores por el mismo tipo de arrendamientos, subarrendamientos o constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute.

En caso de que sólo se hubieran percibido este tipo de retribuciones en uno de los dos años anteriores, se tomará en consideración el importe recibido en tal ejercicio.

Cuando el período de percepción de las citadas retribuciones sea inferior al año natural, su importe se elevará al año a los efectos de determinar la cuantía a que hace referencia esta letra.

4.  El valor del inmueble a que se refiere la letra a) del apartado 3 anterior será:

A)  Para los contratos que se formalicen a partir del 1 de enero de 2010:

a)  Con carácter general, el valor resultante de la aplicación del Decreto Foral 71/2004, de 14 de diciembre, que aprueba las normas concretas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, sitos en el Territorio Histórico de Álava, el día de formalización del contrato.

b)  En el supuesto de inmuebles a los que no resulte de aplicación lo dispuesto en la letra a) anterior, se utilizará el importe resultante de aplicar el 80 por ciento al precio de adquisición o, en su caso, al valor comprobado por la Administración en la última transmisión realizada, si fuera superior a aquél, siempre que la citada transmisión se hubiera realizado dentro de los cuatro años naturales anteriores a aquél en que se deban aplicar las normas establecidas en este artículo.

c)  En el supuesto de que no resulten de aplicación ninguna de las normas anteriores, el importe resultante de aplicar el 80 por ciento a la tasación del inmueble que realice un tasador independiente, referido a la fecha de celebración del contrato.

El valor determinado conforme a lo establecido en esta letra A) servirá de referencia durante el primer año de duración del contrato, contado de fecha a fecha, y se actualizará para cada uno de los siguientes cuatro años según la evolución interanual del Índice de Precios al Consumo, tomando como referencia cada uno de esos años el último valor publicado por el Instituto Nacional de Estadística con anterioridad a la fecha de revisión.

Cada cinco años deberá determinarse nuevamente el valor del inmueble conforme a la metodología establecida en esta letra A).

B)  Para los contratos que se hubieran formalizado con anterioridad a 1 de enero de 2010 y estuvieran vigentes a esta fecha, se aplicarán las reglas establecidas en la letra A) anterior, si bien la fecha a la que deberá referirse la valoración del inmueble será el 1 de enero de 2010 para el primer período de cinco años.

Este artículo 9 quáter ha sido añadido por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.


Artículo 10. Obligación de documentación del grupo al que pertenezca el obligado tributario.—    Redacción anterior    1.  La documentación relativa al grupo comprende la siguiente:

a)  Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier cambio relevante en la misma.

b)  Identificación de las distintas entidades que, formando parte del grupo, realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.

c)  Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas entre las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.

d)  Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las distintas entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, incluyendo los cambios respecto del período impositivo o de liquidación anterior.

e)  Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, así como el importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización.

f)  Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método o métodos de fijación de los precios adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio de libre competencia.

g)  Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades del grupo, en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.

h)  Relación de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos celebrados o en curso relativos a las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.

i)  La memoria del grupo o, en su defecto, informe anual equivalente.

2.  Las obligaciones documentales previstas en el apartado anterior se referirán al período impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado operaciones vinculadas con cualquier otra entidad del grupo, y serán exigibles para los grupos que no cumplan con lo previsto en el apartado 1 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del mismo.

Cuando la documentación elaborada para un período impositivo o de liquidación continúe siendo válida en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias.

3.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras a), c), d), f) e i) del apartado 1 de este artículo.

A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato la información relativa a cada una de las personas, entidades o importes mencionados en las letras b) y e) de dicho apartado.

También tendrá la consideración de dato cada uno de los acuerdos de reparto de costes, contratos de prestación de servicios, acuerdos previos de valoración y procedimientos amistosos a los que se refieren las letras g) y h) del referido apartado 1.

Este artículo 10 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 11.  Obligación de documentación del obligado tributario.—    Redacción anterior    1.  La documentación específica del obligado tributario deberá comprender:

a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado tributario y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como descripción detallada de su naturaleza, características e importe.

Asimismo, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, deberá identificarse a las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas.

b)  Análisis de comparabilidad en los términos descritos en el apartado 2 del artículo 6 de este Decreto Foral.

c)  Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo.

d)  Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el artículo 7 de este Decreto Foral.

e)  Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones vinculadas, así como los pactos parasociales suscritos con otros socios.

2.  Las obligaciones documentales previstas en el apartado anterior se referirán al período impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado la operación vinculada.

Cuando la documentación elaborada para un período impositivo o de liquidación continúe siendo válida en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias.

3.  Las obligaciones documentales previstas en el apartado 1 anterior serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una de las partes que intervenga en la operación sea una de las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto o una persona física y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los obligados tributarios comprenderán:

a)  Las previstas en las letras a), b), c) y e) del apartado 1 cuando se trate de las operaciones previstas en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de este Decreto Foral.

b)  Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando se trate de la operación prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 9 de este Decreto Foral.

c)  Las previstas en las letras a), c) y e) del apartado 1 en los supuestos previstos en la letra d) del apartado 3 del artículo 9 de este Decreto Foral.

d)  La prevista en la letra a) del apartado 1, así como la justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 6 del artículo 6 de este Decreto Foral, cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales a las que resulte de aplicación lo previsto en el citado artículo.

e)  Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los casos.

Este apartado 3 ha sido redactado por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.

4.  En relación con cada operación o conjunto de operaciones, cuando éstas se encuentren estrechamente ligadas entre sí o hayan sido realizadas de forma continua por el obligado tributario, y a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras b), c), d) y e) del apartado 1 anterior y las descritas en las letras b), d) y e) del apartado 3 de este artículo.

A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato la información relativa a cada una de las personas o entidades a que se refiere la letra a) del apartado 1 anterior.

Este artículo 11 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 12.  Obligación de documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fiscales.—    Redacción anterior    1.  A efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 17 de la Norma Foral del Impuesto, quienes realicen operaciones con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, que no tengan la consideración de personas o entidades vinculadas en los términos previstos en el artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, estarán sujetos a las siguientes obligaciones de documentación:

a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado tributario y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como descripción detallada de su naturaleza, características e importe.

Asimismo, deberá identificarse a las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas.

b)  Análisis de comparabilidad en los términos descritos en el apartado 2 del artículo 6 de este Decreto Foral.

c)  Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo.

d)  Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades residentes en paraísos fiscales, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el artículo 7 de este Decreto Foral.

e)  Cualquier otra información de que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones.

2.  No serán exigibles las obligaciones de documentación previstas en el apartado anterior respecto de servicios y compraventas internacionales de mercancías, incluidas las comisiones de mediación en éstas, así como los gastos accesorios y conexos, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que el obligado tributario pruebe que la realización de la operación a través de un país o territorio considerado como paraíso fiscal responde a la existencia de motivos económicos válidos.

b)  Que el obligado tributario realice operaciones equiparables con personas o entidades no vinculadas que no residan en países o territorios considerados como paraísos fiscales y acredite que el valor convenido de la operación se corresponde con el valor convenido en dichas operaciones equiparables, una vez efectuadas, en su caso, las correcciones necesarias.

3.  En relación con cada operación o conjunto de operaciones, cuando éstas se encuentren estrechamente ligadas entre sí o hayan sido realizadas de forma continua por el obligado tributario, a que se refiere el apartado 1 anterior y a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras b), c), d) y e) del citado apartado 1.

A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato la información relativa a cada una de las personas o entidades a que se refiere la letra a)  del apartado 1 del presente artículo.

4.  Lo dispuesto en el apartado 3 y en el apartado 5 del artículo 9 de este Decreto Foral no será de aplicación a las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

Este apartado 4 ha sido añadido por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.

Este artículo 12 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


SECCIÓN 3.ª COMPROBACIÓN DEL VALOR NORMAL DE MERCADO EN LAS OPERACIONES VINCULADAS


Artículo 13.  Comprobación del valor normal de mercado.—    Redacción anterior    1.  Cuando la corrección valorativa no sea el objeto único de la regularización que proceda practicar en el procedimiento de inspección en el que se lleve a cabo, la propuesta de liquidación que derive de la misma se documentará en un acta distinta de las que deban formalizarse por los demás elementos de la obligación tributaria. En dicha acta se justificará la determinación del valor normal de mercado conforme a alguno de los métodos previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto y se señalarán adecuadamente los motivos que determinan la corrección de la valoración efectuada por el obligado. La liquidación derivada de este acta tendrá carácter provisional de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.

2.  Si el obligado tributario interpone recurso o reclamación contra la liquidación provisional practicada como consecuencia de la corrección valorativa, se notificará dicha liquidación y la existencia del procedimiento revisor a las demás personas o entidades vinculadas afectadas al objeto de que puedan personarse en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, del artículo 230 y en el apartado 3 del artículo 238 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.

Transcurridos los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya interpuesto recurso o reclamación, se notificará la liquidación provisional practicada a las demás personas o entidades vinculadas afectadas para que aquéllas que lo deseen puedan optar de forma conjunta por interponer el oportuno recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Si, por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades vinculadas, se simultanearan ambas vías de revisión, se tramitará el recurso o reclamación presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo o ulterior.

3.  Cuando para la aplicación de los métodos previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto haya sido necesario comprobar el valor de bienes o derechos por alguno de los medios establecidos en el apartado 1 del artículo 56 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, el obligado tributario podrá promover la tasación pericial contradictoria para corregir el valor comprobado de dicho bien o derecho. Si el obligado tributario promueve la tasación pericial contradictoria, el órgano competente notificará al obligado tributario y a las demás personas o entidades vinculadas afectadas el informe emitido por un perito de la Administración, concediéndoles un plazo de 15 días para que puedan proceder al nombramiento de común acuerdo de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bienes o derechos a valorar, tramitándose el procedimiento de tasación pericial contradictoria conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.

Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria, se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 anterior, en cuanto a los posibles recursos o reclamaciones a interponer contra la liquidación provisional derivada del valor resultante de la tasación.

Cuando conforme a lo dispuesto en este apartado sea posible promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria y hayan transcurrido los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya promovido dicha tasación o interpuesto recurso o reclamación, la liquidación provisional practicada se notificará a las demás personas o entidades vinculadas afectadas para que aquéllas que lo deseen puedan optar de forma conjunta por promover la tasación pericial contradictoria o interponer el oportuno recurso o reclamación. Si, por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades vinculadas, la solicitud de tasación pericial contradictoria se simultaneara con un recurso o reclamación, se sustanciará aquélla en primer lugar, a efectos de determinar el valor a que se refiere el número 2.º del apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria surtirá efectos suspensivos conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 129 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y determinará la inadmisión de los recursos y reclamaciones que se hubieran podido simultanear con dicha tasación pericial contradictoria.

Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria a que se refiere el párrafo anterior, las partes o entidades vinculadas podrán optar de forma conjunta en los términos previstos en el apartado 2 anterior, por interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación provisional derivada del valor resultante de la tasación.

4.  Una vez que la liquidación practicada al obligado tributario haya adquirido firmeza, la Administración tributaria regularizará la situación tributaria de las demás personas o entidades vinculadas conforme al valor comprobado y firme, reconociendo, en su caso, los correspondientes intereses de demora. Esta regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al último período impositivo cuyo plazo de autoliquidación hubiera finalizado en el momento en que se produzca tal firmeza. Tratándose de impuestos en los que no exista período impositivo, dicha regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al momento en que se produzca la firmeza de la liquidación practicada al obligado tributario.

En esta liquidación se tendrán en cuenta los efectos correspondientes al valor comprobado y firme respecto de todos y cada uno de los períodos impositivos afectados por la corrección valorativa llevada a cabo por la Administración tributaria e incluirá, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Los obligados tributarios deberán, asimismo, aplicar el valor comprobado en las declaraciones de los períodos impositivos siguientes a aquél al que se refiera la regularización administrativa cuando la operación vinculada produzca efectos en los mismos.

Para la práctica de la liquidación anterior, los órganos de inspección podrán ejercer las facultades previstas en el artículo 136 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y realizar las actuaciones de obtención de información que consideren necesarias.

No obstante lo anterior, las demás personas o entidades vinculadas, en cuanto tengan constancia de la firmeza de la liquidación practicada al obligado tributario y, por tanto, la firmeza del valor comprobado, podrán regularizar voluntariamente su situación tributaria sin esperar a que lo haga la Administración, rectificando para ello las declaraciones correspondientes según lo establecido en este apartado 4.  

5.  El procedimiento regulado en este artículo no se aplicará a las personas o entidades afectadas por la corrección valorativa que no sean residentes en territorio español o establecimientos permanentes situados en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d)  del apartado 9 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto.

Las personas o entidades afectadas no residentes en territorio español, salvo que se trate de establecimientos permanentes radicados en el mismo, que puedan invocar un tratado o convenio que haya pasado a formar parte del ordenamiento interno, deberán acudir al procedimiento amistoso o al procedimiento arbitral para eliminar la posible doble imposición generada por la corrección valorativa, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f)  del apartado 9 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto.

6.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, las personas o entidades vinculadas podrán instar la práctica del ajuste bilateral, aún antes de que la valoración alcance firmeza, cuando exista conformidad de todas las personas o entidades vinculadas sobre las que tenga competencia inspectora la Diputación Foral de Álava, y en tal caso, la Inspección de los Tributos podrá regularizar simultáneamente la situación tributaria de todas ellas.

Este apartado 6 ha sido añadido por el Decreto Foral 55/2010 del Consejo de Diputados de 16 de noviembre (BOTHA del 10), que modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.

Este artículo 13 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma

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SECCIÓN 4.ª ACUERDOS DE VALORACIÓN PREVIA DE OPERACIONES ENTRE PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS


Subsección 1.ª Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas a solicitud de los obligados tributarios

Artículo 14. Actuaciones previas.—    Redacción anterior    1.  Las personas o entidades vinculadas que pretendan solicitar a la Administración tributaria que determine el valor normal de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas podrán presentar ante la Administración tributaria una solicitud previa, cuyo contenido será el siguiente:

a)  Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.

b)  Descripción sucinta de las operaciones objeto del mismo.

c)  Elementos básicos de la propuesta de valoración que se pretenda formular.

2.  La Administración tributaria analizará la solicitud previa, pudiendo recabar de los interesados las aclaraciones pertinentes y comunicará a los interesados la viabilidad o no del acuerdo previo de valoración.

Este artículo 14 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 15. Inicio del procedimiento.—    Redacción anterior    1.  Las personas o entidades vinculadas podrán presentar ante la Administración tributaria la solicitud de determinación del valor normal de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas con carácter previo a su realización, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades detalladas en este artículo y teniendo presente que la solicitud contendrá una propuesta de valoración fundamentada en el valor de mercado con una descripción del método propuesto y un análisis justificando que la forma de aplicación del mismo respeta el principio de libre competencia.

La solicitud deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración tributaria que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita conocen y aceptan la solicitud de valoración.

2.  La solicitud deberá acompañarse de la documentación a que se refieren el apartado 1 de los artículos 10 y 11 de este Decreto Foral, en cuanto resulte aplicable a la propuesta de valoración, y se adaptará a las circunstancias del caso.

3.  Los obligados tributarios podrán presentar, así mismo, ante la Administración tributaria una propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido en el apartado 1 del artículo 21 de la Norma Foral del Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del mismo, con la que deberá aportarse la siguiente documentación:

a)  Cuentas anuales de la entidad.

b)  Endeudamiento que, en relación al capital fiscal, estima el sujeto pasivo que hubiere podido obtener en condiciones normales de mercado de personas o entidades no vinculadas y justificación del mismo.

c)  Descripción del grupo de sociedades al que pertenece la entidad.

d)  Identificación de las entidades no residentes vinculadas con las que la entidad ha contraído o contraerá el endeudamiento.

e)  Coeficiente de endeudamiento que se propone y justificación del mismo, destacando las circunstancias económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación.

f)  Justificación del tratamiento de reciprocidad.

4.  En los 30 días siguientes a la fecha en que la solicitud de inicio haya tenido entrada en el registro del órgano competente, éste podrá requerir al solicitante para que, en su caso, subsane los errores o la complete con cualquier otra información que la Administración tributaria considere relevante para la determinación del valor normal de mercado. El solicitante dispondrá del plazo de 10 días para aportar la documentación o subsanar los errores. La falta de atención del requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud.

5.  Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que la propuesta de valoración que se pretende formular carezca manifiestamente de fundamento para determinar el valor normal de mercado.

b)  Que se hubieran desestimado propuestas de valoración sustancialmente iguales a la propuesta que se pretende formular.

c)  Que se considere que no hay un riesgo de doble imposición que puede evitarse mediante la propuesta de valoración.

d)  Cualquier otra circunstancia que permita determinar que la propuesta que se pretende formular será desestimada.

6.  Transcurrido el plazo señalado en el apartado 4 anterior, sin haber notificado a los obligados tributarios la inadmisión de la solicitud, el procedimiento se entenderá iniciado.

Este artículo 15 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 15 bis. Régimen de la documentación presentada.—1.  La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación al procedimiento regulado en este Capítulo y será exclusivamente utilizada respecto del mismo.

2.  Lo previsto en los artículos anteriores no eximirá a los sujetos pasivos de las obligaciones que les incumben de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, o en otra disposición, en cuanto al cumplimiento de las mismas pudiera afectar a la documentación referida en el artículo 15 quáter de este Decreto Foral.

3.  En los casos de desistimiento, caducidad o desestimación de la propuesta se procederá a la devolución de la documentación aportada.


Artículo 15 ter. Tramitación y efectos del acuerdo.—1.  La Administración tributaria examinará la propuesta junto con la documentación presentada. A estos efectos, podrá requerir a los obligados tributarios cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la misma.

2.  Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 43 de este Decreto Foral sin haberse notificado la resolución expresa, la propuesta podrá entenderse desestimada.

3.  En el caso de que la resolución que ponga fin al procedimiento apruebe la propuesta de valoración presentada por el obligado tributario o, con la aceptación de éste, apruebe una propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada, el acuerdo previo de valoración se formalizará en un documento que incluirá al menos:

a)  Lugar y fecha de su formalización.

b)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los obligados tributarios a los que se refiere la propuesta.

c)  Conformidad de los obligados tributarios con el contenido del acuerdo.

d)  Descripción de las operaciones a las que se refiere la propuesta.

e)  Elementos esenciales del método de valoración e intervalo de valores que, en su caso, se derivan del mismo, así como las circunstancias económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación, destacando las asunciones críticas.

f)  Períodos impositivos o de liquidación a los que será aplicable el acuerdo y la fecha de entrada en vigor del mismo.

4.  La Administración tributaria y los obligados tributarios deberán aplicar lo que resulte de la propuesta aprobada.

5.  La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos y que la propuesta aprobada ha sido correctamente aplicada.

Cuando de la comprobación resultare que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada no se corresponden con la realidad, o que la propuesta aprobada no ha sido aplicada correctamente, la Administración tributaria procederá a regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios.

6.  La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que contra los actos de liquidación que en su día se dicten puedan interponerse.


Artículo 15 quáter. Información sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.—Conjuntamente con la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los obligados tributarios presentarán un escrito relativo a la aplicación del acuerdo previo de valoración aprobado, cuyo contenido deberá comprender, entre otra, la siguiente información:

a)  Operaciones realizadas en el período impositivo o de liquidación al que se refiere la autoliquidación a las que ha sido de aplicación el acuerdo previo.

b)  Precios o valores a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como consecuencia de la aplicación del acuerdo previo.

c)  Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias económicas que deban entenderse básicas para la aplicación del método de valoración a que se refiere el acuerdo previo.

d)  Operaciones efectuadas en el período impositivo o de liquidación similares a aquéllas a las que se refiere el acuerdo previo, precios por los que han sido realizadas y descripción de las diferencias existentes respecto de las operaciones comprendidas en el ámbito del acuerdo previo.

No obstante, en los acuerdos firmados con otras Administraciones, la documentación que deberá presentar el obligado tributario anualmente será la que se derive del propio acuerdo.


Artículo 16. Modificación del acuerdo previo de valoración.—    Redacción anterior    1.  En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de valoración, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. El procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a instancia de los obligados tributarios, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades detalladas en el presente artículo.

2.  La solicitud de modificación deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita, conocen y aceptan la solicitud de modificación, y deberá contener la siguiente información:

a)  Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.

b)  Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.

El desistimiento de cualquiera de las personas o entidades afectadas determinará la terminación del procedimiento de modificación.

La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y previa audiencia de los obligados tributarios, quienes dispondrán al efecto de un plazo de quince días, dictará resolución motivada, que podrá:

a')  Aprobar la modificación formulada por los obligados tributarios.

b')  Aprobar, con la aceptación del obligado tributario, una propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada.

c')  Desestimar la modificación formulada por los obligados tributarios, confirmando o dejando sin efecto el acuerdo previo de valoración inicialmente aprobado.

3.  Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración tributaria, el contenido de la propuesta se notificará a los obligados tributarios quienes dispondrán de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta para:

a)  Aceptar la modificación.

b)  Formular una modificación alternativa, debidamente justificada.

c)  Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamentan.

La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará resolución motivada, que podrá:

a')  Aprobar la modificación, si los obligados tributarios la han aceptado.

b')  Aprobar la modificación alternativa formulada por los obligados tributarios.

c')  Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración.

d')  Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial.

4.  En el caso de mediar un acuerdo con otra Administración tributaria, la modificación del acuerdo previo de valoración requerirá la previa modificación del acuerdo alcanzado con dicha Administración. A tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 18 y siguientes de este Decreto Foral.

5.  Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 43 de este Decreto Foral sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá entenderse desestimada.

6.  La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.

7.  La aprobación de la modificación, tendrá los efectos previstos en el artículo 15 ter de este Decreto Foral, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.

8.  La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial determinará la extinción de los efectos previstos en el artículo 15 ter de este Decreto Foral, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.

9.  La desestimación de la modificación formulada por los obligados tributarios determinará:

a)  La confirmación de los efectos previstos en el artículo 15 ter de este Decreto Foral, cuando no quede probada la variación significativa de las circunstancias económicas.

b)  La extinción de los efectos previstos en el artículo 15 ter de este Decreto Foral, respecto de las operaciones que se realicen con posterioridad a la desestimación, en los demás casos.

Este artículo 16 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 17. Prórroga del acuerdo previo de valoración.—    Redacción anterior    1.  Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue el plazo de validez del acuerdo de valoración que hubiera sido aprobado, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades detalladas en el presente artículo. Dicha solicitud deberá presentarse antes de los 6 meses previos a la finalización de dicho plazo de validez y se acompañará de la documentación que consideren conveniente para justificar que las circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han variado.

2.  La solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración deberá ser suscrita por las personas o entidades que suscribieron el acuerdo previo cuya prórroga se solicita, y deberán acreditar ante la Administración tributaria que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones conocen y aceptan la solicitud de prórroga.

3.  Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 43 de este Decreto Foral sin haber notificado la prórroga del plazo de validez del acuerdo de valoración previa, la solicitud podrá considerarse desestimada.

4.  La resolución por la que se acuerde la prórroga del acuerdo o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.

Este artículo 17 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Subsección 2.ª Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas con otras administraciones tributarias

Artículo 18. Normas aplicables.—    Redacción anterior    El procedimiento para la celebración de acuerdos con otras Administraciones tributarias se regirá por las normas previstas en esta Subsección resultando así mismo de aplicación las disposiciones del presente Capítulo, que también se aplicarán cuando otra Administración tributaria solicite a la Administración tributaria foral la iniciación de un procedimiento dirigido a suscribir un acuerdo para la valoración de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas.

Este artículo 18 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 18 bis. Inicio del procedimiento.—1.  En el caso de que los obligados tributarios soliciten que la propuesta formulada se someta a la consideración de otras Administraciones tributarias del país o territorio en el que residan las personas o entidades vinculadas, la Administración tributaria valorará la procedencia de iniciar dicho procedimiento. La desestimación del inicio del procedimiento deberá ser motivada y no podrá ser impugnada.

2.  Cuando la Administración tributaria, en el curso de un procedimiento previo de valoración, considere oportuno someter el asunto a la consideración de otras Administraciones tributarias que pudieran resultar afectadas, lo pondrá en conocimiento de las personas o entidades vinculadas. La aceptación por parte del obligado tributario será requisito previo a la comunicación a la otra Administración tributaria.

3.  El obligado tributario deberá presentar la solicitud de inicio acompañada de la documentación prevista en el artículo 15 de este Decreto Foral.

Este artículo 18 bis ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


Artículo 18 ter. Tramitación.—1.  En el curso de las relaciones con otras Administraciones tributarias, las personas o entidades vinculadas vendrán obligadas a facilitar cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta de valoración.

Los obligados tributarios podrán participar en las actuaciones encaminadas a concretar el acuerdo, cuando así lo convengan los representantes de ambas Administraciones tributarias.

2.  La propuesta de acuerdo de las Administraciones tributarias se pondrá en conocimiento de los sujetos interesados, cuya aceptación será un requisito previo a la firma del acuerdo entre las Administraciones implicadas.

La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la desestimación de la propuesta de valoración.

3.  En caso de aceptación de la propuesta de acuerdo, el órgano competente suscribirá el acuerdo con las otras Administraciones tributarias, dándose traslado de una copia del mismo a los interesados.

Este artículo 18 ter ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009, salvo lo dispuesto en su disposición transitoria primera para las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 9 a 12 de la presente norma


CAPÍTULO V

Imputación temporal de ingresos y gastos: aprobación de criterios diferentes al del devengo


Artículo 19.  Aprobación de criterios de imputación diferentes al del devengo.— 1.  Las entidades que utilicen, a efectos contables, un criterio de imputación temporal de ingresos y gastos diferente al del devengo podrán solicitar que el referido criterio tenga eficacia fiscal. Esta solicitud se efectuará y tramitará ante la Administración Tributaria, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades detalladas en los apartados siguientes del presente artículo.

2.  La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a)  Descripción de los ingresos y gastos a los que afecta el criterio de imputación temporal, haciendo constar, además de su naturaleza, su importancia en el conjunto de las operaciones del sujeto pasivo.

b)  Descripción del criterio de imputación temporal cuya eficacia fiscal se solicita. En el caso de que el criterio de imputación temporal sea de obligado cumplimiento deberá especificarse la norma contable que establezca tal obligación.

c)  Justificación de la adecuación del criterio de imputación temporal propuesto a la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales y explicación de su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del sujeto pasivo.

3.  La solicitud se presentará con, al menos, seis meses de antelación a la conclusión del primer período impositivo en el que se pretenda que surta efectos.


Artículo 20.  Criterios fiscales de imputación en relación a las amortizaciones.— Salvo en los casos en que se justifique que la dotación practicada corresponde a la depreciación efectiva, cuando un elemento patrimonial se hubiera amortizado en algún período impositivo por un importe inferior al resultante de aplicar el coeficiente de amortización mínimo, que resulta del período máximo contenido en la tabla de amortización incluida en el artículo 11.2.a) de la Norma Foral del Impuesto, y siempre que de dicha actuación se derive un diferimiento o una menor tributación a la que hubiere correspondido de aplicar la citada amortización mínima, se tendrá en cuenta esta última a los efectos de practicar las regularizaciones que resulten procedentes.


CAPÍTULO VI

Reinversión de beneficios extraordinarios

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Artículo 21.  Reinversión de beneficios extraordinarios.—    Redacción anterior     Cuando proceda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Norma Foral del Impuesto, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª  No se entenderán comprendidos entre los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de toda clase de entidades a los valores representativos de la participación en fondos de inversión ni aquellos otros que no otorguen una participación sobre el capital social.

2.ª  A los efectos de calcular el tiempo de posesión de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de toda clase de entidades se entenderá que los valores transmitidos han sido los más antiguos.

3.ª  No formarán parte de las rentas objeto de no integración en la base imponible el importe de las pérdidas por deterioro relativas a los elementos patrimoniales o valores, en cuanto las pérdidas hubieran sido fiscalmente deducibles, ni las cantidades deducidas en virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, ni las cantidades aplicadas a la libertad o aceleración de la amortización que deban integrarse en la base imponible con ocasión de la transmisión de los elementos patrimoniales que disfrutaron de las mismas.

Esta regla 3.ª ha sido redactada por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.

4.ª  Cuando el importe reinvertido sea superior al total del importe obtenido en la transmisión, el exceso podrá, en su caso, acogerse a las deducciones por inversión contempladas en el Título VII de la Norma Foral del Impuesto.

5.ª  Tratándose de elementos patrimoniales que sean objeto de contratos de arrendamiento financiero, se considerará realizada la reinversión en la fecha de celebración del contrato, por un importe igual al valor de contado del elemento patrimonial. Los efectos de la reinversión estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra.


Artículo 22.  Integración en la base imponible de las rentas en el supuesto de transmisión de los elementos objeto de la reinversión.— La transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión antes de la finalización del plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 22 de la Norma Foral del Impuesto determinará la integración, en la base imponible del período impositivo en que se produzca la transmisión, de la parte de renta no integrada, excepto si el importe obtenido es objeto de nueva reinversión en los términos establecidos en el apartado 1 del citado artículo 22.


Artículo 23.  Planes especiales de reinversión.— 1.  Cuando se pruebe que, por sus características técnicas o económicas, la inversión debe efectuarse necesariamente en un plazo de tiempo superior al previsto en el apartado 1 del artículo 22 de la Norma Foral del Impuesto, los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración tributaria la aprobación de planes especiales de reinversión.

La solicitud se efectuará y tramitará de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades detalladas en los apartados siguientes del presente artículo.

2.  La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a)  Descripción de los elementos patrimoniales transmitidos oque serán transmitidos.

b)  Importe efectivo o previsto de la transmisión.

c)  Descripción de los elementos patrimoniales en los que se materializará la reinversión.

d)  Descripción del plan temporal de realización de la reinversión.

e)  Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de reinversión. 3

3.  El plan especial de reinversión se presentará, según los casos, en los siguientes plazos:

a)  Dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de la transmisión determinante del beneficio extraordinario.

b)  Dentro de los seis meses anteriores a la fecha en la que se prevé realizar la transmisión.

c)  Dentro de los seis meses anteriores a la fecha en la que se prevé realizar o iniciar la inversión anticipada.

En el supuesto previsto en la letra b) la transmisión deberá realizarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de aprobación del plan especial de reinversión, y en el supuesto de la letra c) la reinversión deberá realizarse o iniciarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de solicitud.

4.  Asimismo, los sujetos pasivos podrán solicitar la aprobación de planes especiales de reinversión en los supuestos en los que, por circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas, no pueda completarse el proceso de reinversión en el plazo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Norma Foral del Impuesto.

En tales casos, deberán presentar una solicitud que contenga los datos a que se refiere el apartado 2 anterior, precisando la parte de la reinversión realizada y el plan temporal necesario para completarla.

En los supuestos a que hace referencia este apartado, el plan especial de reinversión deberá solicitarse con anterioridad a que haya concluido el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 22de la Norma Foral del Impuesto.

5.  En caso de incumplimiento, total o parcial, del plan de reinversión, el sujeto pasivo regularizará su situación tributaria, debiendo satisfacer los correspondientes intereses de demora. La regularización se efectuará conjuntamente con la declaración que por este Impuesto deba presentarse respecto del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento.

La regularización se efectuará teniendo en cuenta la proporción existente entre la inversión propuesta y la efectivamente realizada.

Este artículo 23 ha sido redactado por el Decreto Foral 62/2008, de 17 de junio (BOTHA del 27), de aplicación en los supuestos en los que a la fecha de su entrada en vigor no hubiera transcurrido el plazo de 3 años para proceder a la reinversión prevista en el artículo 22 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.


Artículo 24.  Obligaciones formales en los supuestos de reinversión de beneficios extraordinarios.— 1.  Los sujetos pasivos harán constar en la memoria de las cuentas anuales los siguientes datos:

a)  Importe de la renta acogida al régimen previsto en el artículo 22 de la Norma Foral del Impuesto.

b)  Período impositivo en que se generaron las rentas no integradas en la base imponible.

c)  Descripción de los elementos patrimoniales y períodos impositivos en los que se materializó la reinversión.

2.  Las citadas menciones deberán realizarse durante el plazo a que hace referencia el apartado 3 del artículo 22 de la Norma Foral del Impuesto.


CAPÍTULO VII

Deducciones de la cuota

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Artículo 25.  Deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos.—    Redacción anterior     1. A los efectos de lo dispuesto en la regla 4.ª del apartado 6 del artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto, se entenderá que no existe desafectación cuando se arrienden o cedan a terceros para su uso los bienes en los que se materialice la inversión siempre que el sujeto pasivo se dedique, a través de una explotación económica, al arrendamiento o cesión a terceros para su uso de activos fijos y no exista vinculación con los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes ni se trate de operaciones de arrendamiento financiero.

2.  En el supuesto de activos adquiridos en cumplimiento de una obligación legal de cesión, la entidad cesionaria no podrá aplicar la deducción a que se refiere el apartado 1 del artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto, no debiendo computarse los importes activados por el cesionario ni como inversión del ejercicio ni como activos preexistentes, a efectos del cumplimiento del requisito previsto en la letra d)  del apartado 4 del citado artículo 37.

El título de este artículo 25 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.

Este apartado 2 ha sido añadido por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.


Artículo 26.  Materialización de la Reserva para Inversiones Productivas.— A los efectos de lo dispuesto en la condición 1.ª del apartado 1 del artículo 39 de la Norma Foral del Impuesto, se entenderá que están afectos al desarrollo de la explotación económica los bienes en que se materialice la inversión, que sean arrendados o cedidos a terceros para su uso siempre que el sujeto pasivo se dedique, a través de una explotación económica, al arrendamiento o cesión a terceros para su uso de activos fijos y no exista vinculación con los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes ni se trate de operaciones de arrendamiento financiero.


Artículo 27.  Deducción por inversiones en la adquisición de valores de renta variable— 1.  Las inversiones realizadas mediante pagos dinerarios y materializadas en la adquisición o suscripción de las participaciones a que se refiere el artículo 40 de la Norma Foral del Impuesto darán derecho a practicar una deducción en la cuota líquida en los términos y con los requisitos señalados en el citado artículo y en el presente Decreto Foral.

2.  Las suscripciones de participaciones en el capital de sociedades efectuadas en el momento de su constitución serán asimiladas, a los efectos de aplicar la deducción, a las realizadas con ocasión de las ampliaciones de capital de las mismas.


Artículo 28.  Reglas de determinación de la deducción por inversiones en la adquisición de valores de renta variable.— Para la determinación de la deducción por inversiones en adquisición de valores de renta variable, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª  Las participaciones poseídas por el sujeto pasivo deberán ser clasificadas por grupos homogéneos.

Se entenderá por grupo homogéneo, el compuesto por participaciones que dan derecho a la aplicación del mismo porcentaje de deducción de entre los tres previstos en el artículo 40 de la Norma Foral del Impuesto.

2.ª  Deberán calcularse, tanto en relación con el año inmediato anterior al del inicio del período impositivo en que proceda aplicar la deducción como en relación con dicho período, los siguientes volúmenes medios de inversión:

a)  Volumen medio correspondiente a cada grupo homogéneo, determinado de conformidad con lo dispuesto en la regla 1.ª anterior.

b)  Volumen medio total, entendiendo como tal el correspondiente a todas las participaciones comprendidas en los tres grupos citados.

El volumen medio de inversión se calculará aplicando el método del coste medio variable, valorándose las participaciones por su precio de adquisición en el momento de su suscripción o compra, incluyendo los gastos inherentes a la operación así como el importe satisfecho por la compra de derechos de suscripción. No formará parte del precio de adquisición el importe de los dividendos devengados y no vencidos en el momento de la compra de las participaciones.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción, el importe de la venta de los mismos disminuirá el precio de adquisición de los respectivos valores.

3.ª  Se calculará una base de deducción por cada grupo homogéneo.

A tal efecto, previamente se calcularán los incrementos del volumen medio de cada grupo homogéneo y del volumen medio total, que estarán constituidos por las diferencias positivas entre los volúmenes medios de inversión del período impositivo en que proceda aplicar la deducción y los del año inmediato anterior al inicio de dicho período.

La base de deducción será el resultado de distribuir proporcionalmente el incremento del volumen medio total de inversión entre los incrementos de volumen medio generados en cada uno de los mencionados grupos.

4.ª  La deducción total a practicar por adquisición o suscripción de valores de renta variable será el importe resultante de la suma de las cantidades que procedan de aplicar a cada base de deducción, calculada conforme a lo previsto en la regla anterior, el porcentaje de deducción que corresponda.


Artículo 29.  Mantenimiento del volumen medio de inversión.— 1.  El volumen medio de inversión de cada grupo homogéneo así como el volumen medio de inversión total, que hayan generado el derecho a la deducción prevista en el artículo anterior en un determinado período impositivo, deberán ser mantenidos durante el plazo de un año contado desde la fecha de cierre del citado período.

2.  En el supuesto de que se alteren cualesquiera de los volúmenes medios a que se refiere el apartado anterior dentro del plazo establecido en el mismo, deberá procederse, en el período impositivo en que finalice tal plazo, a calcular la deducción que hubiese correspondido de haberse computado como incrementos las diferencias positivas entre los volúmenes medios en el año siguiente al del período impositivo en que se generó la deducción y en el año inmediatamente anterior a dicho período.

3.  En el caso de que la cuantía de la deducción, calculada conforme al apartado anterior, sea inferior a la determinada por el sujeto pasivo en el período en que se generó el derecho a la deducción, procederá ingresar las cuotas no satisfechas en aquel período como consecuencia de la deducción aplicada en exceso así como los correspondientes intereses de demora, importe que deberá sumarse a la cuota resultante de la declaración del Impuesto correspondiente al ejercicio en que finalice el plazo previsto en el apartado 1 anterior.


Artículo 30.  Deducción por inversiones vinculadas a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía.— 1.  A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 44 de la Norma Foral del Impuesto, se consideran proyectos dentro del ámbito del desarrollo sostenible y de la protección y mejora medioambiental, aquéllos que tengan como objeto las siguientes materias:

a)  Minimización, reutilización y valorización de residuos, considerándose como tales los que procuren una reducción de residuos, propios o de terceros, conforme a las definiciones contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y su normativa de desarrollo. A estos efectos, se entenderá por valorización tanto el reciclaje, incluidos compostaje y biometanización, como la valorización energética.

b)  Movilidad y transporte sostenible, considerándose como tales los que consigan una reducción de emisiones contaminantes, conforme a su definición legal, o bien supongan una reducción del consumo de combustibles fósiles.

c)  Regeneración medioambiental de espacios naturales consecuencia de la ejecución de medidas compensatorias o de otro tipo de actuaciones voluntarias, considerándose como tales aquéllos que, a través de la restauración de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, permitan mejorar la calidad ambiental del medio natural.

Se entenderán incluidos en la base de la deducción los desembolsos en actividades de regeneración que se realicen, bien a consecuencia de la ejecución de medidas compensatorias no obligatorias que hayan sido recogidas en una resolución administrativa, o bien a resultas de otro tipo de actuaciones voluntarias que incidan sobre el medio natural y que formen o vayan a formar parte del activo inmovilizado del inversor.

d)  Minimización del consumo de agua y su depuración, considerándose como tales aquéllos que supongan una mejora, bien respecto de sus obligaciones legales de depuración, o bien respecto de los consumos de agua previos a la inversión.

Se entiende por ahorro en el consumo de agua y depuración el resultado obtenido como consecuencia de la inversión efectuada para implantar avances tecnológicos en las instalaciones.

e)  Empleo de energías renovables, considerándose como tales los propios de aprovechamientos de fuentes renovables, cuya gene-ración de energía se utilice bien para el consumo directo en las propias instalaciones del inversor, o bien, para su incorporación a las redes de distribución.

En aquellos supuestos de aportación a las redes de distribución de la energía renovable generada, las inversiones deberán localizarse en las instalaciones del contribuyente donde desarrolla su actividad económica, la cual necesariamente deberá ser distinta a la actividad de generación y comercialización de energía renovable.

f)  Eficiencia energética, considerándose como tales aquéllos que supongan una reducción de la intensidad energética del inversor.

A estos efectos, la intensidad energética se entiende como la relación de la cantidad de energía consumida por unidad de producto (consumo energético específico) o, en caso de empresas del sector servicios, en relación al importe neto de la cifra de negocios (ahorro energético).

2.  Las reducciones o mejoras especificadas en el apartado 1 anterior se calcularán respecto del período impositivo anterior al primero en que comience la ejecución del proyecto.

En el supuesto de nueva implantación de empresas las reducciones o mejora se calcularán respecto a modelos de funcionamiento estándar que se determinarán mediante Orden Foral del Diputado Foral de Medio Ambiente.

3.  La aplicación de la deducción deberá ser comunicada, individualmente por cada proyecto, por medio de escrito dirigido al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, con anterioridad a la finalización del primer período impositivo en el que el contribuyente aplique esta deducción. La comunicación deberá contener, al menos, la información que se relaciona a continuación:

a)  Descripción detallada del proyecto identificando el objeto del mismo y el supuesto en el que encaja dentro de los mencionados en el apartado 1 del presente artículo.

b)  Cuantificación del plan de inversiones a efectuar y calendario de ejecución de las mismas.

c)  Tecnología a utilizar, su procedencia y referencias existentes.

d)  Autorización, informe de conformidad y/o certificación de la oportuna Administración sectorial o de las entidades homologadas. En el caso de que no se disponga de las mismas en el momento de presentar la solicitud, deberán ser aportadas necesariamente una vez que hayan sido concedidas.

4.  En el supuesto de que, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 43 de la Norma Foral del Impuesto, la Administración tributaria requiera la presentación del certificado expedido por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, el contribuyente dispondrá de un plazo de seis meses para la aportación del mismo, en el que se hará constar la idoneidad de las inversiones a los efectos de la práctica de la deducción.

La falta de aportación del certificado en el plazo señalado por causas imputables al contribuyente determinará la pérdida del derecho a aplicar la deducción.

Asimismo, el contribuyente podrá proceder voluntariamente a la aportación de dicho certificado junto con la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades a los efectos de justificar la aplicación de la deducción.

Este artículo 30 ha sido redactado por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.


Artículo 30 bis.  Deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social o a entidades de previsión social voluntaria que actúen como instrumento de previsión social empresarial.— Se entenderá que las contribuciones que realiza el sujeto pasivo a instrumentos de previsión social empresarial constituidos por planes de pensiones de empleo, mutualidades de previsión social o entidades de previsión social voluntaria, afectan al colectivo de trabajadores, cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a)  Que el sujeto pasivo sea el promotor o socio protector y los empleados sean los socios ordinarios, partícipes o mutualistas.

b)  Que la totalidad del personal empleado por el promotor o socio protector esté acogido o en condiciones de acogerse a un instrumento de previsión social empresarial del que el sujeto pasivo sea promotor o socio protector, sin que pueda exigirse una antigüedad superior a dos años para acceder a aquél.

A estos efectos, se considerará personal empleado al trabajador por cuenta ajena o asalariado vinculado al promotor o socio protector por relación laboral, incluido el personal con relación laboral de carácter especial. La condición de socio ordinario, partícipe o mutualista podrá extenderse a los socios trabajadores y de trabajo en los instrumentos de previsión social empresarial promovidos en el ámbito de las sociedades cooperativas y laborales.

Las contribuciones empresariales podrán ser diferentes conforme a criterios establecidos mediante acuerdo colectivo o disposición equivalente o según lo previsto en las especificaciones del instrumento de previsión social empresarial del que el sujeto pasivo sea promotor o socio protector, que guardarán una proporcionalidad con parámetros cuantificables como el salario, edad, antigüedad, importe de las aportaciones del personal empleado u otros, que afecten a la totalidad del personal empleado.

Este artículo 30 bis ha sido añadido por el Decreto Foral 36/2005, de 10 de mayo (BOTHA del 27).


Artículo 31.  Deducción por gastos de formación profesional.— 1.  A los efectos de la aplicación de la deducción prevista en el artículo 44 de la Norma Foral del Impuesto, se considerará acción formativa desarrollada directamente por la entidad, aquélla en la que se utilicen medios materiales y humanos de la misma, entendiéndose desarrollada a través de terceros, aquélla en que las acciones o cursos necesarios para la actualización, capacitación o reciclaje de personal sean contratados, en todo o en parte, con terceros.

2.  Dentro de los gastos de formación correspondientes a las acciones desarrolladas directamente por la empresa se entenderán comprendidos los sueldos y salarios de los empleados de la misma en la parte imputable a los cursos que impartan y demás acciones formativas que desarrollen.

3.  En ningún caso se computarán en la base de la deducción los sueldos y salarios de los empleados destinatarios de los cursos y demás acciones formativas de la empresa, sean o no directamente desarrolladas por la misma.

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Artículo 32.  Deducción por creación de empleo.—    Redacción anterior     1.  La deducción por creación de empleo regulada en el artículo 45 de la Norma Foral del Impuesto, se aplicará por cada contrato laboral indefinido formalizado en el ejercicio correspondiente a que se refiere el mencionado precepto.

No obstante, para que se tenga derecho a la deducción será preciso que la formalización del contrato laboral conlleve un incremento del promedio de plantilla con contrato laboral indefinido con respecto al promedio correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior.

A estos efectos, será necesario que se incremente el promedio de plantilla con contrato laboral indefinido respecto del correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al menos en el incremento de plantilla que supongan las personas contratadas por las que se aplica la deducción.

En caso de que el incremento del promedio de plantilla que suponga una persona contratada por la que se aplica la deducción se materialice en más de un período impositivo, el requisito a que se refiere el párrafo anterior deberá cumplirse en los períodos impositivos en los que se consolide dicho incremento.

El promedio de plantilla con contrato laboral indefinido, una vez incrementado de acuerdo con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, deberá mantenerse durante cada uno de los dos años siguientes a la fecha de cierre del período impositivo en que se genere el derecho a la deducción.

Cuando no se cumpla lo dispuesto en este apartado 1, el obligado tributario deberá adicionar a la cuota del período impositivo en que tal circunstancia se produzca la parte proporcional de la deducción que se corresponda con la parte de incremento de promedio de plantilla no alcanzado, junto con sus correspondientes intereses de demora.

2.  En el supuesto de que en los períodos impositivos iniciados en los dos años siguientes a la finalización del período impositivo de formalización del contrato que genere el derecho a la deducción, el obligado tributario formalice un nuevo contrato de trabajo que cumpla los requisitos para generar derecho a la deducción y sea necesario para consolidar el derecho a la aplicación de la deducción generada en un ejercicio anterior, tal contrato de trabajo no generará derecho a la deducción en la parte que resulte necesaria para la referida consolidación.

3. La deducción por creación de empleo incrementada a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 45 de la Norma Foral del Impuesto, se practicará respecto a los contratos de trabajo formalizados con personas que se encuentren incluidas en alguno de los colectivos de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo, debiendo suponer tal contrato un incremento del promedio de plantilla con contrato laboral indefinido del obligado tributario así como del promedio de plantilla de carácter indefinido correspondiente a colectivos de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo, resultando aplicables a estos efectos las reglas establecidas en los apartados 1 y 2 anteriores.

Nota
4.  Cuando se practique la deducción por creación de empleo incrementada de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, el mantenimiento exigido a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se referirá tanto al incremento de plantilla total con contrato laboral de carácter indefinido como al correspondiente al colectivo que genera el derecho a la deducción incrementada con dicho tipo de contrato.

Cuando el incremento experimentado por el citado colectivo no se mantenga, en tanto que sí lo haga el incremento total, se procederá a practicar la correspondiente regularización.

5.  Se considerarán como colectivos de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo a los que se refiere el apartado 1 del artículo 45 de la Norma Foral del Impuesto, aquéllos que así se establezcan en la normativa aprobada por las Instituciones competentes de la comunidad autónoma del País Vasco.

6.  En el caso de incumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de la deducción prevista en el artículo 45 de la Norma Foral del Impuesto, el obligado tributario deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido el incumplimiento, la cuota derivada de la deducción junto con los intereses de demora correspondientes.

Este artículo 32 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2009.

Nota
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Artículo 33.  Informe motivado para la aplicación de las deducciones por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.—    Redacción anterior    1.  Tendrá la consideración de órgano competente para la emisión de los informes motivados a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 de la Norma Foral del Impuesto, el Departamento del Gobierno Vasco competente por razón de la materia o un organismo o entidad adscrito al mismo, así como las entidades o instituciones que determine la Diputación Foral de Álava.

2.  Las solicitudes para la emisión del informe motivado, que se denominará "informe de calificación a efectos fiscales", deberán presentarse con carácter anual, antes del 31 de diciembre de cada año y se dirigirán al órgano competente debiendo contener, además de la identificación del peticionario y de su actividad, una memoria descriptiva del proyecto.

En esta memoria se especificarán las actividades a desarrollar por el peticionario y por personas o entidades subcontratadas, así como los importes correspondientes a los gastos e inversiones que se deriven del mismo, periodificados anualmente.

3.  Tratándose de proyectos cuya realización se lleve a cabo en régimen de cooperación con otras entidades, se presentará con carácter anual una única solicitud por proyecto, suscrita por todas ellas,

designándose a uno de los participantes a efectos de asumir las funciones de interlocución, relación y notificación necesarias. La memoria del proyecto incluirá la determinación de las actividades y el presupuesto que realizará cada una de las entidades participantes.

El informe se emitirá individualmente a cada una de las entidades participantes en el proyecto.

4.  Cuando el presupuesto anual de un proyecto supere para una entidad el importe de un millón de euros, para la emisión del informe motivado será preciso que la entidad presente ante el órgano competente un informe técnico de calificación de las actividades e identificación de los gastos e inversiones asociadas a investigación y desarrollo o innovación tecnológica, correspondiente a dicho año y proyecto. El citado informe técnico de calificación deberá haber sido emitido por una entidad debidamente acreditada por un organismo integrado en la Asociación Europea de Cooperación para la Acreditación.

5.  En cualquier caso, el órgano competente podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e información considere necesaria para la adecuada comprensión, tramitación y evaluación de la solicitud presentada.

6.  Los informes motivados emitidos por el órgano competente deberán identificar, con la debida separación, las actividades a desarrollar en función de los distintos conceptos contemplados en los artículos 41 y 42 de la Norma Foral del Impuesto, con imputación de los gastos e inversiones afectos a cada una de ellas.

Este artículo 33 ha sido redactado por el Decreto Foral 27/2010, del Consejo de Diputados de 15 de junio (BOTHA del 23), que modifica el Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de deducciones por actividades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica.

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Artículo 34.  Efectos del informe y facultades de la Administración tributaria.—    Redacción anterior    1.  Los informes motivados emitidos por el órgano competente a que se refiere el artículo anterior vincularán a la Administración tributaria en lo que se refiere a la naturaleza y calificación de la actividad como investigación, desarrollo o innovación tecnológica.

2.  Corresponderá a la Administración tributaria la comprobación de la efectiva realización de las inversiones y gastos y la adecuación de las actividades realizadas a las contempladas en el informe emitido, pudiendo recabar para ello, en cualquier momento, la justificación que estime necesaria.

3.  Las deducciones a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Norma Foral del Impuesto se aplicarán por el sujeto pasivo que, a requerimiento de la Administración tributaria, presentará, en su caso, el informe motivado previsto en el artículo anterior.

Asimismo, la Administración tributaria podrá recabar del órgano a que se refiere el apartado 1 del artículo 33 anterior informe ampliatorio sobre la naturaleza y calificación de las actividades de los contribuyentes como investigación, desarrollo o innovación tecnológica.

Este artículo 34 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.


CAPÍTULO VIII

Pequeñas y medianas empresas

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Artículo 35.  Concepto de Pequeñas y Medianas empresas.—    Redacción anterior    1.  Los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto deberán cumplirse en el ejercicio anterior a aquél en que se pretenda la aplicación del régimen previsto para las pequeñas y medianas empresas.

En los supuestos de entidades de nueva creación o de entidades inactivas que comiencen a llevar a cabo una explotación económica, dichos requisitos deberán cumplirse en el ejercicio de devengo del Impuesto.

Este apartado 1 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.

2.  A efectos del cómputo del requisito previsto en la letra c) de los apartados 1 y 2 mencionados en el apartado anterior, la plantilla no deberá superar, respectivamente, las 50 o 250 personas empleadas en cualquier día del período impositivo de referencia.

3.  En el caso de que el período impositivo anterior o el de devengo, en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 anterior, hubiesen sido inferior al año, únicamente se elevará al año la magnitud correspondiente al volumen de operaciones. Esta misma regla se aplicará en los supuestos de inicio de actividad por parte de entidades inactivas, cuando dicho inicio se produzca con posterioridad al comienzo del período impositivo.

Este apartado 3 ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2009.

4.  Cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto, a efectos del cómputo del inmovilizado neto y del volumen de operaciones, se tendrán en cuenta las eliminaciones que procedan de acuerdo con lo previsto en la Sección 4.ª del Capítulo III de las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.


Artículo 36.  Amortización de los elementos del inmovilizado material nuevo de las pequeñas y medianas empresas.— Los elementos del inmovilizado material nuevos a que se refiere el apartado 1 del artículo 50 de la Norma Foral del Impuesto que hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero de 1996 podrán amortizarse de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo.


Artículo 36 bis.  Deducción por inversiones en el aprovechamiento de fuentes de energía renovable.— 1.  Serán acogibles a la deducción prevista en el artículo 52 de la Norma Foral del Impuesto las inversiones realizadas en régimen de arrendamiento financiero.

2.  Con carácter general las inversiones en bienes del activo material nuevo previstas en dicho artículo se entenderán realizadas en el momento de su puesta en funcionamiento.

No obstante, el sujeto pasivo podrá optar, en proyectos de inversión de larga duración en los que transcurran más de doce meses entre la fecha del encargo de los bienes y la fecha de su puesta a disposición, por entender realizada la inversión a medida que se efectúen los pagos y por la cuantía de éstos, con aplicación del régimen de deducción vigente a la fecha en que se formalizó el contrato con el proveedor de los bienes de inversión.

Una vez ejercitada la opción, el criterio regirá para toda la inversión.

El sujeto pasivo que desee ejercitar dicha opción deberá, en el plazo de un mes contado desde la fecha del contrato, comunicarlo por escrito a la Diputación Foral, señalando el montante de la inversión contratada, el calendario previsto de entrega y pago de los bienes. Asimismo, deberá adjuntarse a la referida comunicación copia del contrato.

3.  Cuando una inversión no tenga por objeto exclusivo alguna de las finalidades previstas en el artículo 52 de la Norma Foral del Impuesto, una vez identificada la parte que guarde relación directa con las referidas funciones de aprovechamiento de fuentes de energía renovable, la deducción se aplicará sobre la porción del precio de adquisición o coste de producción que el sujeto pasivo acredite que se corresponde con las referidas finalidades.

En el caso de que las inversiones no tengan por objeto exclusivo alguna de las citadas finalidades, deberá poderse identificar la parte de éstas destinada a las finalidades previstas en el artículo 52 de la Norma Foral del Impuesto.

Este artículo 36 bis ha sido añadido por el Decreto Foral 59/2003, de 9 de diciembre (BOTHA del 22), que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003.

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CAPÍTULO IX    Redacción anterior    

Aplicación del regímen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea

Este Capítulo IX ha sido redactado por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007.


Artículo 37. Comunicación de la opción por el régimen especial.—1.  La aplicación del régimen establecido en el Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto requerirá que se opte por el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la referida Norma Foral.

2.  La opción deberá comunicarse, en los términos establecidos en este artículo, al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

3.  La comunicación de la opción deberá efectuarse dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se documente la operación.

Si la inscripción no fuera necesaria, el plazo se computará desde la fecha en que se otorgue la escritura pública que documente la operación y en la cual, conforme al artículo 104 de la Norma Foral del Impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción.

En las operaciones de cambio de domicilio social, la comunicación deberá efectuarse dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción en el registro del Estado miembro del nuevo domicilio social de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la operación.


Artículo 38. Sujeto obligado a realizar la comunicación y contenido de ésta.—1.  En el caso de operaciones de fusión o escisión, la comunicación a que se refiere el artículo anterior deberá ser efectuada por la entidad o entidades adquirentes.

Tratándose de operaciones de fusión o escisión en las cuales ni la entidad transmitente ni la entidad adquirente tengan su residencia fiscal en España y en las que no sea de aplicación el régimen establecido en el artículo 91 de la Norma Foral del Impuesto, por no disponer la transmitente de un establecimiento permanente situado en España, la opción por el régimen especial corresponderá al socio residente afectado. El ejercicio de la opción se efectuará por éste, cuando así lo consigne en el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.  En el caso de operaciones de aportación no dineraria y en las cesiones globales del activo y del pasivo, la comunicación deberá ser presentada por la entidad o entidades adquirentes.

Si éstas no tuviesen su residencia fiscal en España, ni actuasen en ella por medio de un establecimiento permanente, la obligación de comunicar recaerá sobre la persona o entidad transmitente.

3.  En las operaciones de canje de valores la comunicación se presentará por la entidad adquirente.

Cuando ni la entidad adquirente de los valores ni la entidad participada cuyos valores se canjean sean residentes en España, la opción por el régimen especial corresponderá al socio residente afectado. El ejercicio de la opción se efectuará por éste, cuando así lo consigne en la casilla correspondiente del modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4.  En las operaciones de cambio de domicilio social la comunicación se presentará por la propia sociedad.

5.  En la comunicación se expresarán los datos identificativos de las entidades participantes en la operación y se describirá ésta. A la comunicación se acompañará, en su caso, la siguiente documentación:

a)  En los supuestos de fusión o escisión, copia de la escritura pública de fusión o escisión inscrita en el Registro Mercantil, y de aquellos documentos que, según la normativa mercantil, deben obligatoriamente acompañar a la escritura para su inscripción en el Registro.

Si la inscripción no fuera necesaria, copia de la escritura pública que documente la operación en la cual, conforme al artículo 104 de la Norma Foral del Impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción.

b)  En los supuestos de aportación no dineraria y en las cesiones globales del activo y del pasivo, así como en el canje de valores, copia de la escritura pública de constitución o aumento de capital social, y de los documentos que, según la normativa mercantil, deben obligatoriamente acompañar a la misma.

Si no fuese precisa escritura de constitución o aumento de capital social, copia de la escritura en que se documente la operación.

c)  En el caso de que las operaciones anteriores se hubieran realizado mediante una oferta pública de adquisición de acciones, también deberá aportarse copia del correspondiente folleto informativo.

d)  En las operaciones de cambio de domicilio social, copia de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la operación y de aquellos otros documentos que deban obligatoriamente acompañar para su inscripción en el Registro del Estado miembro de destino.

6.  En los supuestos a los que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 96 de la Norma Foral del Impuesto, la entidad adquirente deberá presentar, conjuntamente con su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios en los que aplique la deducción contemplada en el mencionado precepto, la siguiente información:

a)  Identificación de la entidad transmitente y del porcentaje de participación ostentado en ella.

b)  Valor y fecha de adquisición de las participaciones de la entidad transmitente, así como el valor de los fondos propios correspondiente a dichas participaciones, determinados a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.

c)  Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, de la imputación a los bienes y derechos de la entidad transmitente de la diferencia existente entre el precio de adquisición de sus participaciones y el valor de los fondos propios correspondiente a las mismas en la fecha de disolución de dicha entidad.


CAPÍTULO X

Sociedades de promoción de empresas


Artículo 39.  Solicitud de aplicación del régimen especial de sociedades de promoción de empresas.— 1.  La aplicación del régimen establecido en el artículo 60 de la Norma Foral del Impuesto, exigirá la previa solicitud de las sociedades de promoción de empresas.

2.  Dicha solicitud se efectuará y tramitará ante la Administración Tributaria de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades previstas en este artículo.

3.  Para la aplicación de este régimen será precisa la concesión expresa de la Diputación Foral de Álava.

4.  Al escrito de solicitud deberán acompañar los siguientes documentos:

a)  Copia de la escritura de constitución.

b)  Copia de los Estatutos y, en su caso, proyecto de modificación de los mismos.

c)  Memoria justificativa de la actividad que pretendan desarrollar.

5.  La solicitud se presentará, al menos, con tres meses de antelación a la conclusión del primer período impositivo en el que se pretenda que surta efectos este régimen especial.

También podrán solicitar acogerse a este régimen las sociedades en constitución. En este caso, la solicitud podrá presentarse en cualquier momento anterior a la constitución.

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CAPÍTULO XI    Redacción anterior    

Agrupaciones de interés económico españolas y europeas, uniones temporales de empresas, sociedades patrimoniales y consolidación fiscal

Este capítulo XI (artículos 40 a 41) ha sido redactado por el Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre (BOTHA del 14 de agosto), que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22), y su rúbrica, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008 por por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003.


Artículo 40.  Obligaciones de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de las uniones temporales de empresas.— 1.  Las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, a las que resulte de aplicación el régimen especial previsto en el Capítulo IV del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto, deberán presentar, conjuntamente con su declaración por dicho Impuesto, una relación de sus socios residentes en territorio español o de las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio el último día del período impositivo, con los siguientes datos:

a)  Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios o de las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio.

b)  Importe total de las cantidades a imputar, relativas a los siguientes conceptos:

1.º  Resultado contable.

2.º  Base imponible.

3.º  Base de la deducción para evitar la doble imposición interna, tipo de entidad de la que proceden las rentas y porcentaje de participación en aquélla.

4.º  Base de deducción para evitar la doble imposición internacional y porcentaje de participación en la entidad de la que procede la renta.

5.º  Base de las bonificaciones.

6.º  Base de las deducciones para incentivar inversiones en activos fijos materiales, para incentivar la financiación de las empresas, para incentivar la realización de determinadas actividades y cualesquiera otras que resulten de aplicación a la agrupación de interés económico.

7.º  Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la agrupación de interés económico.

c)  Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas, distinguiendo los que correspondan a ejercicios en que a la sociedad no le hubiese sido aplicable el régimen especial.

2.  Las agrupaciones de interés económico deberán notificar a sus socios o a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio las cantidades totales a imputar y la imputación individual realizada con los conceptos previstos en la letra b) del apartado anterior, en cuanto fueran imputables de acuerdo con las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3.  A los efectos de la no tributación de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 55 de la Norma Foral del Impuesto, las agrupaciones deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la siguiente información:

a)  Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en régimen general.

b)  Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a socios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no residentes en territorio español.

c)  En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

4.  Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado, aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.

5.  Las obligaciones de información establecidas en los apartados 3 y 4 del presente artículo serán también exigibles respecto de las sucesivas entidades que ostenten la titularidad de las reservas referidas en la letra b) del apartado 3.

6.  Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, en la medida en que resulte de aplicación, obligará a las uniones temporales de empresas sujetas al régimen especial previsto en el Capítulo V del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto, en relación con sus empresas miembros residentes en territorio español el último día del período impositivo.


Artículo 40 bis.  Obligaciones de las sociedades patrimoniales.— 1.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Norma Foral del Impuesto, las sociedades patrimoniales deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la siguiente información:

a)  Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en régimen distinto al previsto en el Capítulo VIII del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto.

b)  Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en este régimen especial.

c)  En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

2.  Las menciones en la memoria anual deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) del apartado anterior, aun cuando la entidad no tribute en este régimen especial.

3.  Asimismo, la memoria deberá contener información detallada sobre los cálculos efectuados para determinar el resultado de la distribución de los gastos entre las distintas fuentes de renta.

4.  Las obligaciones de información establecidas en el presente artículo serán también exigibles a las sucesivas entidades que ostenten la titularidad de las reservas referidas en la letra b) del apartado 1 de este artículo.


Artículo 41.  Aplicación y obligaciones de información de las entidades acogidas al régimen de consolidación fiscal.— 1.  El ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se comunicará a la Administración tributaria.

La comunicación contendrá los siguientes datos:

a)  Identificación de las sociedades que integran el grupo fiscal. En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español que tengan la condición de sociedad dominante, se exigirá, junto con la identificación de las sociedades que integren el grupo fiscal, la identificación de la entidad no residente en territorio español a la que pertenece.

b)  Copia de los acuerdos por los que las sociedades del grupo han optado por el régimen de consolidación fiscal.

c)  Relación del porcentaje de participación directo o indirecto mantenido por la sociedad dominante respecto de todas y cada una de las sociedades que integran el grupo fiscal y fecha de adquisición de las respectivas participaciones.

La sociedad dominante manifestará que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 74 de la Norma Foral del Impuesto.

2.  La Administración tributaria comunicará a la sociedad dominante el número de grupo fiscal otorgado.

Nota

Artículo 41 bis.   Explotaciones económicas propias de los partidos políticos exentas en el Impuesto sobre Sociedades.—1.  Para disfrutar de la exención prevista en el apartado 2 del artículo 121 de la Norma Foral del Impuesto, los partidos políticos deberán formular solicitud dirigida al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava antes de que finalice el período impositivo en que deba surtir efectos.

El partido político solicitante aportará, junto con el escrito de solicitud, copia simple de la escritura de constitución y estatutos, certificado de inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior así como memoria, en la que se explique y justifique que las explotaciones económicas para las que solicita la exención coinciden con su propia actividad.

A estos efectos, se entenderá que las explotaciones económicas coinciden con la actividad propia del partido político cuando:

a)  Contribuyan directa o indirectamente a la consecución de sus fines.

b)  Cuando el disfrute de esta exención no produzca distorsiones en la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad.

c)  Que se preste en condiciones de igualdad a colectividades genéricas de personas. Se entenderá que no se cumple este requisito cuando los promotores, afiliados, compromisarios y miembros de sus órganos de dirección y administración, así como los cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, sean los destinatarios principales de la actividad o se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.

2.  El Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava resolverá de forma motivada la exención solicitada. Dicha exención quedará condicionada a la concurrencia, en todo momento, de las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo XVI del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto y en el presente artículo.

Se entenderá otorgada la exención si el citado Departamento no ha notificado la resolución en un plazo de seis meses.

3.  Una vez concedida la exención a que se refieren los apartados anteriores no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación a los períodos impositivos siguientes, salvo que se modifiquen las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable.

El partido político deberá comunicar al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava cualquier modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación de la exención. Dicho Departamento podrá declarar, previa audiencia del partido político por un plazo de 10 días, si procede o no la continuación de la aplicación de la exención. De igual forma se procederá cuando la Administración tributaria conozca por cualquier medio la modificación de las condiciones o los requisitos para la aplicación de la exención.

4.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de esta exención determinará la pérdida del derecho a su aplicación a partir del propio período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.

Este artículo 41 bis ha sido añadido por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2008.


Artículo 41 ter. Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de las rentas exentas percibidas por los partidos políticos.—La acreditación de los partidos políticos a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que se refiere el apartado 2 del artículo 121 de la Norma Foral del Impuesto, se efectuará mediante certificado expedido por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, previa solicitud a la que se acompañará copia del certificado de inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la finalización del período impositivo en curso del solicitante.

Este artículo 41 ter ha sido añadido por el Decreto Foral 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio (BOTHA del 14 de agosto), que modifica los Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2008.


CAPÍTULO XII

Entidades de tenencia de valores extranjeros


Artículo 42.  Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros. Comunicación de la opción y de la renuncia.— 1.  La opción por el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros deberá comunicarse al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

2.  El régimen se aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y a los sucesivos que concluyan antes de que se comunique al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos la renuncia al mismo.


CAPÍTULO XII BIS

Aplicación del régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero

Este capítulo XII bis (artículo 42 bis) ha sido añadido, por los artículos 7 y 8 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003.


Artículo 42 bis.  Contratos de arrendamiento financiero. Determinación del momento desde el que son deducibles las cantidades satisfechas correspondientes a la recuperación del coste del bien.— 1.  La solicitud que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 116 de la Norma Foral del Impuesto, efectúe el sujeto pasivo, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento general establecido en el artículo 43 de este Decreto Foral, con las especialidades previstas en este artículo.

2.  La solicitud se presentará con una antelación mínima de tres meses respecto del final del período impositivo en el que se pretenda que surta efectos. Las entidades en constitución podrán solicitar la aplicación del apartado 10 del artículo 116 de la Norma Foral del Impuesto, siempre que se constituyan antes del final del período impositivo en el que se pretenda que surta efectos la solicitud.

El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud formulada antes de la notificación de la resolución a que se refiere este artículo.

3.  La solicitud deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a)  Identificación del activo objeto del contrato de arrendamiento financiero, e indicación del momento, anterior a su puesta en condiciones de funcionamiento, en que se solicita que sean deducibles las cantidades satisfechas correspondientes a la recuperación del coste del bien.

b)  Justificación de las peculiaridades de su período de contratación o de construcción. A estos efectos se documentarán la fecha de contratación, así como las de inicio y fin del período de construcción, que deberá ser superior a 12 meses, junto con la justificación del carácter individualizado y las especificaciones técnicas propias del activo.

c)  Justificación de las singularidades de la utilización del activo. Se aportarán las memorias jurídica y económica del uso al que se destinará el activo adquirido mediante el arrendamiento financiero, indicando las fórmulas contractuales concretas que se utilizarán y los flujos financieros, positivos y negativos, que se producirán.

4.  La Administración tributaria podrá recabar, asimismo, de los organismos públicos competentes por razón de la materia los informes técnicos que estime oportunos, en particular sobre las peculiaridades del período de construcción del bien y sobre las singularidades de su utilización. La solicitud del citado informe determinará la interrupción del plazo de resolución.

5.  En caso de que las circunstancias de hecho comunicadas a la Administración tributaria según lo dispuesto en este artículo varíen sustancialmente, se tendrá por no producida la autorización previamente concedida, debiendo el sujeto pasivo regularizar su situación tributaria.

Dicha regularización se realizará en la declaración del Impuesto correspondiente al período impositivo en el que se produjo el incumplimiento, debiendo añadir a su cuota la cuota íntegra correspondiente a las cantidades satisfechas antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien que hubieran sido deducidas con anterioridad a dicho momento, con inclusión de los intereses de demora y sin perjuicio de los recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.


CAPÍTULO XIII


Artículo 43.  Procedimiento general para tramitación y aprobación de solicitudes.— 1.  La solicitud deberá contener los datos relacionados directamente con la materia objeto de aquélla.

2.  La solicitud se presentará dentro del plazo establecido en cada supuesto o, en su defecto, dentro de los tres meses siguientes a la realización de las operaciones en las que deban tener efecto los criterios aprobados.

El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud formulada.

3.  La Administración podrá recabar del sujeto pasivo cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean necesarios y resolverá dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la recepción de la información adicional requerida.

El sujeto pasivo podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes.

4.  Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el expediente se pondrá de manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondrá de un plazo de 15 días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el sujeto pasivo.

5.  La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada.

Cuando la solicitud consista en someter a la aprobación por la Administración Tributaria de un plan, criterio o aplicación de una deducción formulado por el sujeto pasivo, la resolución podrá:

a)  Aprobar el plan o criterio formulado inicialmente por el sujeto pasivo.

b)  Aprobar un plan o criterio alternativo formulado por el sujeto pasivo en el curso del procedimiento.

c)  Desestimar el plan o criterio formulado por el sujeto pasivo.

6.  Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado 3 anterior, se entenderá estimada la solicitud formulada por el sujeto pasivo.

7.  Lo dispuesto en este artículo se aplicará con carácter general, teniéndose en cuenta, no obstante, las particularidades establecidas en este Decreto Foral para cada materia.


CAPÍTULO XIV

Índice de entidades


Artículo 44.  Alta en el Índice.— Las sociedades que tributen en el Territorio Histórico de Álava deberán presentar una declaración de alta en el Índice de Entidades a que se refiere el artículo 123 de la Norma Foral del Impuesto.

La declaración de alta se presentará dentro del plazo de un mes a contar de la fecha de inscripción en el correspondiente Registro Público o desde la adquisición de la condición de sujeto pasivo al que resulte de aplicación la Norma Foral del Impuesto cuando tal condición no venga determinada por dicha inscripción.


Artículo 45.  Documentación a presentar.— 1.  A la declaración de alta se acompañarán, salvo que ya consten en la Hacienda Foral de Álava, los siguientes documentos:

a)  Copia de la escritura de constitución y de los estatutos sociales.

b)  Certificación de su inscripción en el Registro Público correspondiente, si procediese.

c)  Número de Identificación Fiscal de la sociedad.

2.  La oficina gestora del Impuesto, si lo estima preciso, podrá requerir la presentación de cuanta documentación precise para configurar el Índice de Entidades.


Artículo 46.  Modificaciones y bajas.— 1.  También deberán presentarse en el plazo de un mes señalado en el anterior artículo 45, copia de todas las escrituras que modifiquen las que obren en poder de la Administración Tributaria, así como de aquéllas por las que se acuerde la disolución y liquidación de la entidad, a los efectos de que se practiquen las anotaciones correspondientes en el Índice de Entidades.

2.  Las sociedades que dejen de tributar en el Territorio Histórico de Álava, deberán presentar, dentro del mes siguiente, declaración de baja para cancelar su inscripción en el Índice de Entidades.


CAPÍTULO XV

Devolución de oficio


Artículo 47.  Devolución de oficio.— Los sujetos pasivos a que se refiere el Capítulo XVI del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto deberán presentar declaración por el mismo para obtener la devolución prevista en el artículo 132 de dicha Norma Foral.


CAPÍTULO XVI

Gestión del impuesto


Artículo 48.  Colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones.— 1.  La Diputación Foral de Álava podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de declaraciones por este Impuesto a través de acuerdos con Administraciones Públicas, entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

2.  Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

— Campañas de información y difusión.

— Asistencia en la realización de declaraciones y en su cumplimentación correcta y veraz.

— Remisión de declaraciones a la Administración Tributaria.

— Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.

— Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio, previa autorización de los sujetos pasivos.

3.  La Diputación Foral de Álava proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuicio de ofrecer dichos servicios con carácter general a los sujetos pasivos.

4.  Mediante Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos declaraciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas.

Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas.

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CAPÍTULO XVII

Obligación de retener e ingresar a cuenta


Artículo 49.  Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.  Ámbito de aplicación.—    Redacción anterior     1.  Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respecto de:

a)  Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, de la cesión a terceros de capitales propios y las restantes rentas comprendidas en el artículo 33 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b)  Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.

c)  Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos de administrador o consejero en otras sociedades.

d)  Las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.

e)  Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.

f)  Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva.

g)  Las rentas obtenidas como consecuencia de la reducción de capital con devolución de aportaciones y de la distribución de la prima de emisión realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen u organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones, así como por las sociedades amparadas en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

Esta letra g) ha sido añadida por el Decreto Foral 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo (BOTHA del 21), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente, con entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2011.

2.  Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión de bienes y derechos de los incluidos en el artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberá practicar retención sobre el importe total.

Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas rústicas, conjuntamente con otros bienes muebles, no se practicará la retención excepto si se trata del arrendamiento o cesión de negocios o minas.

3.  Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor respecto de las rentas de los apartados anteriores, cuando sean satisfechas o abonadas en especie.

4.  Deberán ser ingresados en la Diputación Foral de Álava las retenciones e ingresos a cuenta conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el artículo 95 del Decreto Foral 111/2001, de 18 de diciembre, por el que aprueba el texto refundido del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El título del artículo 49 ha sido redactado y el apartado 4 añadido, salvo las excepciones hechas, por el del Decreto Foral 28/2003 del Consejo de Diputados, de 18 de marzo (BOTHA de 24 de marzo de 2003), de modificación de los Decretos Forales del Consejo de Diputados 111/2001, de 18 de diciembre, y 60/2002, de 10 de diciembre, reguladores de los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades, respectivamente, en relación con el ámbito de aplicación de las retenciones e ingresos a cuenta, y tabla de porcentajes de retención a cuenta sobre los rendimientos del trabajo.

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Artículo 50.  Excepciones a la obligación a retener y de ingresar a cuenta.—    Redacción anterior     No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:

a)  Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan instrumento regulador de intervención en el mercado monetario y los rendimientos de las Letras del Tesoro.

No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.

aa)  Los dividendos distribuidos por sociedades que hayan optado por la aplicación del régimen especial de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

Esta letra aa) ha sido añadida por el Decreto Foral 33/2011, del Consejo de Diputados de 12 de abril (BOTHA del 29), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, y 76/2007, de 11 de diciembre, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2011.

b)  Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación de los préstamos del Estado al crédito oficial.

c)  Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso de las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito inscritos en los registros especiales del Banco de España, residentes en territorio español.

La excepción anterior no se aplicará a los intereses y rendimientos de las obligaciones, bonos u otros títulos emitidos por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que integran la cartera de valores de las referidas entidades.

d)  Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas como pasivas que realice la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con sociedades en las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo extenderse esta excepción a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.

e)  Los intereses percibidos por las sociedades de valores como consecuencia de los créditos otorgados en relación con operaciones de compra o venta de valores a que hace referencia el artículo 63.2.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como los intereses percibidos por las empresas de servicios de inversión respecto de las operaciones activas de préstamos o depósitos mencionados en el apartado 2 del artículo 28 del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión.

Tampoco existirá obligación de practicar retención en relación con los intereses percibidos por sociedades o agencias de valores, en contraprestación a las garantías constituidas para operar como miembros de los mercados de futuros y opciones financieros, en los términos a que hacen referencia los Capítulos III y IV del Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan los mercados oficiales de futuros y opciones.

Esta letra e) del artículo 50 ha sido modificada por el artículo 3.tres del Decreto Foral 36/2005, de 10 de mayo (BOTHA del 27).

f)  Las primas de conversión de obligaciones en acciones.

g)  Las rentas derivadas de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones efectuadas por entidades distintas de las señaladas en la letra g) del apartado 1 del artículo 49 de este Reglamento.

Esta letra g) ha sido redactada por el Decreto Foral 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo (BOTHA del 21), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente, con entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2011.

h)  Los beneficios percibidos por una sociedad matriz residente en España de sus sociedades filiales residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, en relación con la retención prevista en el apartado 2 del artículo 51 de este Decreto Foral, cuando concurran los requisitos establecidos en la letra g) del apartado 1 del artículo 13 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

i)  Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:

— Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.

— Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no supere los 900,00 euros anuales.

— Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobadas por el Decreto Foral Normativo 573/1991, de 23 de julio, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.

A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

— Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en cuanto tengan por objeto bienes inmuebles urbanos.

Esta letra i) ha sido redactada, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, por el artículo 9 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22).

j)  Los rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económica española o europea y sus socios, así como los que sean exigibles entre una unión temporal y sus empresas miembros.

k)  Los rendimientos de participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de crédito que constituyan ingreso de los fondos de titulización.

l)  Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de crédito y establecimientos financieros residentes en España.

m)  Los rendimientos satisfechos a entidades que gocen de exención por el Impuesto en virtud de lo dispuesto en un tratado internacional suscrito por España.

n)  Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal.

ñ)  Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y por uniones temporales de empresas, salvo aquellas que deban tributar conforme a las normas generales del Impuesto, que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan de períodos impositivos durante los cuales la entidad haya tributado según lo dispuesto en los regímenes especiales de los Capítulos IV y V del Título VIII de la Norma Foral del Impuesto.

Esta letra ñ) del artículo 50 ha sido modificada, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, por el artículo 10 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22).

o)  Las rentas obtenidas por las entidades exentas a que se refiere el artículo 9 de la Norma Foral del Impuesto y de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

La condición de entidad exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. La Administración Tributaria podrá establecer los medios y forma para acreditar la condición de entidad exenta.

Se podrá determinar el procedimiento para poder hacer efectiva la exoneración de la obligación de retención o ingreso a cuenta en relación con los rendimientos derivados de los títulos de la Deuda Pública del Estado percibidos por las entidades exentas a que se refiere el artículo 9 de la Norma Foral del Impuesto y de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

p)  Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 2 del artículo 33 de la Norma Foral del Impuesto.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, la entidad perceptora deberá comunicar a la entidad obligada a retener que concurren los requisitos establecidos en el citado artículo. La comunicación contendrá, además de los datos de identificación del perceptor, los documentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos requisitos.

q)  Las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de activos financieros, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

1.°  Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.

2.°  Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.

No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre activos financieros, estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.

Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los valores comprendidos en esta letra o que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración Tributaria, a la que, asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.

La Administración Tributaria establecerá, asimismo, las obligaciones de intermediación e información correspondientes a las separaciones, transmisiones, reconstituciones, reembolsos o amortizaciones de los valores de Deuda Pública para los que se haya autorizado la negociación separada del principal y de los cupones. En tales supuestos, las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable a cada titular e informar del mismo, tanto al titular como a la Administración Tributaria, a la que, asimismo, proporcionarán la información correspondiente a las personas que intervengan en las operaciones sobre estos valores.

Se faculta al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para establecer el procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en la presente letra.

r)  Los premios a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo anterior, cuando su base de retención no sea superior a 300,51 euros.

s)  Las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de Deuda emitida por las Administraciones Públicas de países de la OCDE y activos financieros negociados en mercados organizados en dichos países.

No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre los activos financieros a que se refiere el párrafo precedente, estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.

Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los valores comprendidos en esta letra o que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración Tributaria a la que, asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.

El Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá establecer el procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en la presente letra.

t)  Las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva obtenidas por:

1.º Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de capital variable regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida una inversión mínima superior al 50 por ciento de su patrimonio en acciones o participaciones de varias instituciones de inversión colectiva de las previstas en las letras c) y d), indistintamente, del apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.

2º. Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de capital variable regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida la inversión de, al menos, el 85 por ciento de su patrimonio en un único fondo de inversión de carácter financiero de los regulados en el primer inciso del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. Cuando esta política de inversión se refiera a un comportamiento del fondo o de la sociedad de inversión, la excepción a la obligación de retener e ingresar a cuenta prevista en esta letra sólo será aplicable respecto de las inversiones que integren la parte del patrimonio de la institución atribuida a dicho comportamiento.

La aplicación de la exclusión de retención prevista en esta letra t) requerirá que la institución inversora se encuentre incluida en la correspondiente categoría que, para los tipos de inversión señalados en los párrafos 1º y 2º, tenga establecida la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cual deberá constar en su folleto informativo.

Esta letra t) ha sido redactada por el Decreto Foral 53/2012, del Consejo de Diputados de 16 de octubre (BOTHA del 24), que modifica el Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. .

u)  Las cantidades satisfechas por entidades aseguradoras a los fondos de pensiones como consecuencia de aseguramiento de planes de pensiones.

v)  Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las provisiones de los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades de seguros deberán comunicar a las entidades obligadas a practicar la retención, con motivo de la transmisión o reembolso de activos, la circunstancia de que se trata de un contrato de seguro en el que el tomador asume el riesgo de la inversión y en el que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 38, apartado 3 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La entidad obligada a practicar la retención deberá conservar la comunicación debidamente firmada.

Esta letra v) del artículo 50 ha sido modificada, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, por el artículo 11 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22).

w)  Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones de liquidación de entidades aseguradoras y de los procesos concursales a que éstas se encuentren sometidas, obtenidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 24 de su estatuto legal, contenido en el artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualización de la legislación de seguros privados.

Esta letra w) del artículo 50 ha sido añadida, con efectos a partir del 24 de noviembre de 2002, por el artículo único del Decreto Foral 25/2004, de 23 de marzo (BOTHA de 16 de abril).

x)  Las rentas que se pongan de manifiesto en las empresas tomadoras como consecuencia de la variación en los compromisos por pensiones que estén instrumentados en un contrato de seguro colectivo que haya sido objeto de un plan de financiación, en tanto no se haya dado cumplimiento íntegro al mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5, segundo párrafo, del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.

Esta letra x) del artículo 50 ha sido añadida por el artículo 3.cinco del Decreto Foral 36/2005, de 10 de mayo (BOTHA del 27).

y)  Las rentas derivadas del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en los fondos y sociedades regulados por el artículo 49 del Reglamento de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Esta letra y) ha sido redactada por el Decreto Foral 33/2011, del Consejo de Diputados de 12 de abril (BOTHA del 29), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, y 76/2007, de 11 de diciembre, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2011.

z)  Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que perciba la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores por los prés tamos de valores realizados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.

Asimismo, la entidad mencionada en el párrafo anterior tampoco estará obligada a practicar retención por las remuneraciones y compensaciones derivadas de los préstamos de valores tomados en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 57, que abone a las entidades o personas prestamistas. Todo ello sin perjuicio de la sujeción de dichas rentas a la retención que corresponda, de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente impuesto personal del prestamista, que, cuando proceda, deberá practicarla la entidad participante que intermedie en su pago a aquél, a cuyo efecto no se entenderá que efectúa una simple mediación de pago.

Esta letra z) del artículo 50 ha sido añadida por el Decreto Foral 14/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril (BOTHA del 30), que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones de facturación y de Sociedades.


Artículo 51.  Sujetos obligados a retener o efectuar un ingreso a cuenta.—    Redacción anterior     1.  Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta cuando satisfagan o abonen rentas de las previstas en el artículo 49 de este Decreto Foral:

a)  Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de bienes y de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.

b)  Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades.

c)  Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente.

2.  No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando se limite a efectuar una simple mediación de pago, entendiéndose por tal el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto que se trate de entidades depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas de dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.

3.  En caso de premios estará obligado a retener o a ingresar a cuenta la persona o entidad que los satisfaga.

4.  En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:

a)  En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de los activos financieros, la persona o entidad emisora. No obstante, en caso de que se encomiende a una entidad financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener será la entidad financiera encargada de la operación.

Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos financieros, a su vencimiento estará obligado a retener el fedatario público o institución financiera que intervenga en la presentación al cobro.

b)  En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros incluidos los instrumentos de giro a los que se refiere el apartado anterior, cuando se canalice a través de una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad financiera que actúe por cuenta del transmitente.

A efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá que actúa por cuenta del transmitente el banco, caja o entidad financiera que reciba de aquél la orden de venta de los activos financieros.

c)  En los casos no recogidos en los apartados anteriores el fedatario público que obligatoriamente debe intervenir en la operación.

5.  En las transmisiones de valores de la Deuda del Estado deberá practicar la retención la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la transmisión.

6.  En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, deberán practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:

1.º  En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras.

2.º  En el caso de recompra de acciones por una sociedad de inversión de capital variable cuyas acciones no coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organizado de negociación de valores, adquiridas por el sujeto pasivo directamente o a través de comercializador a la sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad gestora; en este caso, será ésta.

3.º  En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.

4.º  En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 7/2004, de 10 de mayo, de modificación de diversas disposiciones tributarias.

5.º  En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los apartados anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 53.4, 54.3 y 55.3 de este Decreto Foral.

Este apartado 6 del artículo 51 ha sido redactado, con efectos desde el 9 de noviembre de 2005, por el Decreto Foral 50/2006, de 9 de noviembre de 2005, por el Decreto Foral 50/2006, de 27 de julio (BOTHA de 9 de agosto).

6 bis.  En las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones y de distribución de la prima de emisión, realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen, deberá practicar la retención o ingreso a cuenta la propia sociedad.

En el caso de instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Europea e inscritas en el registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España, estarán obligados a practicar retención o ingreso a cuenta las entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de los valores, que intervengan en el pago de las rentas.

Cuando se trate de organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones, la obligación de practicar la retención o ingreso a cuenta corresponderá a la entidad depositaria de los valores o que tenga encargada la gestión de cobro de las rentas derivadas de los mismos.

En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a cuenta conforme a los párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la prima de emisión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 53.8, 54.1 y 55 de este Reglamento.

Este apartado 6 bis ha sido añadido por el Decreto Foral 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo (BOTHA del 21), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente, con entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2011.

7.  En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, estará obligado a practicar retención o ingreso a cuenta el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Norma Foral 7/2004, de 10 de mayo, de modificación de diversas disposiciones tributarias.

Este apartado 7 del artículo 51 ha sido añadido por el artículo 3.siete del Decreto Foral 36/2005, de 10 de mayo (BOTHA del 27).

8.  Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Diputación Foral de Álava, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.

La retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad pagadora del rendimiento sea la Diputación Foral, se efectuará de forma directa.

El anterior apartado 7 ha pasado a ser el 8 según lo dispuesto en el artículo 3.siete del Decreto Foral 36/2005, de 10 de mayo (BOTHA del 27).

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Artículo 52.  Calificación de los activos financieros y requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y amortización de activos financieros.— 1.  Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento implícito aquéllos en los que el rendimiento se genere mediante diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento de aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma implícita, a través de cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.

Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o reembolso.

Se excluyen del concepto de rendimiento implícito las bonificaciones o primas de colocación, giradas sobre el precio de emisión, siempre que se encuadren dentro de las prácticas de mercado y que constituyan ingreso en su totalidad para el mediador, intermediario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los activos financieros regulados en esta norma.

Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de giro, incluso los originados en operaciones comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o suministradores.

2.  Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquéllos que generan intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como contraprestación a la cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de rendimientos implícitos en los términos que establece el apartado anterior.

3.  Los activos financieros con rendimiento mixto seguirán el régimen de los activos financieros con rendimiento explícito, cuando el efectivo anual que produzcan de esta naturaleza sea igual o superior al tipo de referencia vigente en el momento de la emisión, aunque en las condiciones de emisión, amortización o reembolso se hubiese fijado, de forma implícita otro rendimiento adicional. Este tipo de referencia será durante cada trimestre natural el 80% del tipo efectivo correspondiente al precio medio ponderado redondeado que hubiera resultado en la última subasta del trimestre precedente correspondiente a bonos del Estado a tres años, si se tratara de activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años; a bonos del Estado a cinco años, si se tratara de activos financieros con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete, y a obligaciones del Estado a diez, quince o treinta si se tratara de activos con plazo superior. En el caso de que no pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de aplicación el del plazo más próximo al de la emisión planeada.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, respecto de las emisiones de activos financieros con rendimiento variable o flotante, se tomará como interés efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de naturaleza explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del parámetro respecto del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los rendimientos devengados.

4.  Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos financieros con rendimiento implícito, y de activos financieros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras obligados a retener, así como el precio al que se realizó la operación.

Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta en circulación, ya el primer endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatario público o institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución financiera. El fedatario o institución financiera consignarán en el documento su carácter de activo financiero, con identificación de su primer adquirente o tenedor.

5.  A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:

a)  Fecha de la operación e identificación del activo.

b)  Denominación del adquirente.

c)  Número de Identificación Fiscal del citado adquirente o depositante.

d)  Precio de adquisición.

De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos ejemplares al adquirente, quedando otro en poder de la persona o entidad que certifica.

6.  Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o intervenir en la transmisión de estos activos cuando el transmitente no justifique su adquisición de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

7.  Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere el apartado 4 no podrán reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su adquisición previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado 5 anterior.

El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.

La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirán la intervención o mediación de institución financiera o de fedatario público, quedando la entidad o persona emisora del activo como mero adquirente en el caso de que vuelva a poner en circulación el título.

8.  El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su adquisición, podrá solicitar la emisión del correspondiente duplicado de la persona o entidad que emitió tal certificación.

Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así como la fecha de expedición de ese último.

9.  En los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga en el valor de adquisición del transmitente, en tanto medie una justificación suficiente del referido coste.

Nota
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Artículo 53.  Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta.—    Redacción anterior     1.  Con carácter general, constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la contraprestación íntegra exigible o satisfecha.

2.  En el caso de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la diferencia positiva entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos activos. Como valor de adquisición se tomará el que figure en la certificación acreditativa de la adquisición. A estos efectos no se minorarán los gastos accesorios a la operación.

Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad emisora adquiera un activo financiero emitido por ella, se practicará la retención e ingreso sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título, excluida la amortización.

3.  Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 49 de este Decreto Foral, constituirá la base para el cálculo de la misma el importe del premio.

4.  Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 49 de este Decreto Foral, la base de retención será la diferencia entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o participaciones. A estos efectos se considerará que los valores transmitidos o reembolsados por el contribuyente son aquéllos que adquirió en primer lugar.

5.  Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 49 de este Decreto Foral, constituirá la base para el cálculo de la misma el valor de mercado del bien.

A estos efectos se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en un 20% el valor de adquisición o coste para el pagador.

6.  Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra exigible o satisfecha, la Administración Tributaria podrá computar como tal una cantidad de la que, restada la retención procedente, arroje la efectivamente percibida.

7.  Cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el apartado 8 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, constituirá la base de la misma la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.

Nota
8.  En el caso de las rentas a que se refiere la letra g) del apartado 1 del artículo 49 de este Reglamento, la base de retención será la cuantía a integrar en la base imponible calculada de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Norma Foral del Impuesto.

Esta apartado 8 ha sido añadido por el Decreto Foral 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo (BOTHA del 21), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente, con entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2011.


Artículo 54.  Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta.— 1.  Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.

En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento señaladas en la escritura o contrato para su liquidación o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el acuerdo de distribución o a partir del día siguiente al de su adopción a falta de la determinación de la citada fecha.

2.  En el caso de rendimientos derivados de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en que se formalice la operación.

3.  En el caso de rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en que se formalice la operación, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.

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Artículo 55.  Porcentaje de retención e ingreso a cuenta.—    Redacción anterior     Porcentaje de retención e ingreso a cuenta.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:

a)  Con carácter general, el 21 por ciento.

El Decreto Foral 2/2012, del Consejo de Diputados de 26 de enero (BOTHA del 3 de febrero), que modifica diversos tipos de retención para los años 2012 y 2013 ha añadido la disposición adicional cuarta, que modifica la redacción de esta letra a) con efectos desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013.

b)  En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, el 24%.

c). En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos, el 21 por ciento.

Esta letra c) ha sido redactada con efectos desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014,ambos inclusive,por el Decreto Foral 5/2014, del Consejo de Diputados de 11 de febrero (BOTHA del 19),

El Decreto Foral 2/2012, del Consejo de Diputados de 26 de enero (BOTHA del 3 de febrero), que modifica diversos tipos de retención para los años 2012 y 2013 ha añadido la disposición adicional quinta, que modifica la redacción de esta letra c) con efectos desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013.

d) En el caso de ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, el 21 por ciento.

Esta letra d) ha sido redactada con efectos desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014,ambos inclusive,por el Decreto Foral 5/2014, del Consejo de Diputados de 11 de febrero (BOTHA del 19),

El Decreto Foral 2/2012, del Consejo de Diputados de 26 de enero (BOTHA del 3 de febrero), que modifica diversos tipos de retención para los años 2012 y 2013 ha añadido la disposición adicional quinta, que modifica la redacción de esta letra d) con efectos desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013.

e) En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas regulado en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 20 por ciento. En este caso, la retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento, de acuerdo con la referida Disposición Adicional.

Esta letra e) ha sido añadida por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, del Consejo de Diputados de 28 de diciembre (BOTHA del 31), de regulación del régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego, con entrada en vigor el mismo día de su publicación y efectos a partir del 1 de enero de 2013 y posteriormente por el Decreto Foral 11/2013, del Consejo de Diputados de 12 de marzo (BOTHA del 20).

Este artículo 55 ha sido redactado, con las excepciones hechas y con efectos desde el 1 de enero de 2007, por el Decreto Foral 82/2006, de 28 de diciembre (BOTHA del 29).


Artículo 56.  Importe de la retención o del ingreso a cuenta.— El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando el porcentaje a que se refiere el artículo anterior a la base de cálculo.

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Artículo 57.  Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.—    Redacción anterior    1.  El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar en los primeros veinticinco días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, ante el órgano competente de la Administración Tributaria, declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Diputación Foral de Álava.

No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en los veinticinco primeros días naturales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refieren los números 1º y 2º del apartado 3 del artículo 71 del Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Como excepción, la declaración e ingreso correspondiente al mes de julio se efectuará durante el mes de agosto y los diez primeros días naturales del mes de septiembre inmediato posterior.

En los supuestos a que se refiere este apartado, cuando no se hubieran satisfecho en el período de declaración rentas sometidas a retención e ingreso a cuenta, el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar una declaración negativa.

Este apartado 1 ha sido redactado por el Decreto Foral 63/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre (BOTHA del 29), que modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, con entrada en vigor el 1 de enero de 2011.

2.  El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar, en el mismo plazo de la última declaración de cada año, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados. En este resumen, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que conste una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:

a)  Denominación de la entidad.

b)  Número de Identificación Fiscal.

c)  Domicilio fiscal del partícipe, socio o beneficiario.

d)  Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado.

e)  Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.

En el caso de que la relación se presente por soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación será el que determine el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos mediante la aprobación de la oportuna Orden Foral.

A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las entidades domiciliadas, residentes o representadas en territorio español, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores.

3.  El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de las retenciones practicadas, o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que deben incluirse en el resumen anual a que se refiere el apartado anterior.

La citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad al inicio del plazo de declaración de este Impuesto.

A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las entidades domiciliadas, residentes o representadas en territorio español, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores.

4.  Los pagadores deberán comunicar a los sujetos pasivos la retención o ingreso a cuenta practicados en el momento en que satisfagan las rentas, indicando el porcentaje aplicado.

5.  Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos, forma, lugar y, en su caso, plazos que para cada clase de rentas establezca el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, quien asimismo podrá determinar los datos que deben incluirse en las declaraciones, de los previstos en el apartado 2 anterior, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a cuenta a cumplimentar la totalidad de los datos contenidos en las declaraciones que le afecten.

Nota
6.  La declaración e ingreso del pago a cuenta a que se refiere el número 3° del apartado 6 del artículo 51 de este Decreto Foral, se efectuará en la forma, lugar y plazo que determine el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

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DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.  Recurso Cameral.— Las entidades obligadas al pago del recurso cameral permanente autoliquidarán e ingresarán el mismo conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio correspondiente.

Esta disposición adicional primera ha sido redactada, con efectos desde el 9 de noviembre de 2005, por el Decreto Foral 50/2006, de 27 de julio (BOTHA de 9 de agosto).


Disposición adicional segunda.  Régimen de Instituciones de Inversión Colectiva de naturaleza inmobiliaria.— 1. A los efectos de computar el coeficiente del 50 por 100 mínimo de inversión en viviendas y en residencias estudiantiles y de la tercera edad que las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria deben cumplir para disfrutar del tipo de gravamen previsto en el artículo 29.5 de la Norma Foral del Impuesto, se tendrán en cuenta las inversiones previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 56 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y siempre que, además, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 56 mencionado se cumplan las reglas siguientes:

a)  Que los bienes inmuebles en construcción tengan entidad registral mediante la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

b)  Que se trate de viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad.

2.  Se entenderá por residencia estudiantil los inmuebles diseñados o adaptados específicamente para acoger a estudiantes que estén reconocidos oficialmente como tales. Asimismo, se entenderá por residencias de la tercera edad los inmuebles diseñados o adaptados específicamente para acoger a personas de la tercera edad que hayan sido autorizadas oficialmente como tales.

3.  El cómputo del coeficiente de inversión a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará en la misma forma prevista en el artículo 60 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, para la determinación del porcentaje de inversión en bienes inmuebles.

4.  El tipo de gravamen previsto en el apartado 5 del artículo 29 de la Norma Foral del Impuesto resultará provisionalmente aplicable a los fondos y a las sociedades de inversión inmobiliaria de nueva creación y estará condicionado a que en el plazo de dos años, contados desde su inscripción en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alcancen el porcentaje de inversión requerido en dicho artículo. Si no llegara a cumplirse tal condición, la tributación por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios transcurridos se girará al tipo general vigente en éstos, con devengo del interés de demora.

5.  En el caso de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria por compartimentos, las previsiones contenidas en esta Disposición Adicional deberán cumplirse para cada uno de los compartimentos.

Esta disposición adicional segunda ha sido añadida, con efectos desde el 9 de noviembre de 2005, por el Decreto Foral 50/2006, de 27 de julio (BOTHA de 9 de agosto).


Disposición adicional cuarta. Modificación de los tipos de retención desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive.—Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, se modifica la letra a) del artículo 55 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada como sigue:

a) Con carácter general, el 21 por ciento.

Nota
Esta disposición adicional cuarta ha sido añadida por el Decreto Foral 2/2012, del Consejo de Diputados de 26 de enero (BOTHA del 3 de febrero), que modifica diversos tipos de retención para los años 2012 y 2013.


Disposición adicional quinta. Modificación de los tipos de retención desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive.—Desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades:

a. Se modifica la letra c) del artículo 55 que queda redactada como sigue:

c). En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos, el 21 por ciento.

b. Se modifica la letra d) del artículo 55 que queda redactada como sigue:

d) En el caso de ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, el 21 por ciento.

Nota
Esta disposición adicional quinta ha sido añadida por el Decreto Foral 2/2012, del Consejo de Diputados de 26 de enero (BOTHA del 3 de febrero), que modifica diversos tipos de retención para los años 2012 y 2013.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.  Activos financieros con rendimiento implícito emitidos y puestos en circulación con anterioridad a 7 de julio de 1984.— No se practicará retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni del Impuesto sobre Sociedades respecto de los rendimientos implícitos del capital mobiliario correspondientes a activos financieros emitidos y puestos en circulación con anterioridad al 7 de julio de 1984.


Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de los beneficios fiscales sobre determinadas operaciones financieras.— La aplicación del régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria Decimocuarta de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades se realizará en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Duodécima del Reglamento aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril.

La solicitud que, en su caso, proceda para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se formulará y tramitará ante la Diputación Foral.


Disposición transitoria tercera.  Amortización de los elementos usados.— Los elementos patrimoniales adquiridos usados, que se estuvieren amortizando con anterioridad al comienzo de la producción de efectos de la Norma Foral del Impuesto, continuarán amortizándose de acuerdo con las normas vigentes con anterioridad al comienzo de la producción de efectos de la citada Norma Foral.


Disposición transitoria cuarta.  Régimen fiscal de los ajustes de primera aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad.— Uno.  Los cargos y abonos a partidas de reservas que tengan la consideración de gastos o ingresos, respectivamente, como consecuencia de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, se integrarán en la base imponible del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2008 de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral del Impuesto y en el presente Decreto Foral.

A estos efectos, se considerarán gastos e ingresos, respectivamente, los decrementos e incrementos en el patrimonio neto descritos en el apartado 2 del artículo 36 del Código de Comercio, por lo que no tendrá la consideración de gasto la baja de la partida relativa a instrumentos de patrimonio propio.

Dos.  No tendrán efectos fiscales los cargos y abonos a reservas referidos en el apartado anterior que estén relacionados con gastos o con ingresos, devengados y contabilizados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes en los períodos impositivos iniciados antes de dicha fecha siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos impositivos.

Tales cargos y abonos a cuentas de reservas se integrarán en la base imponible en el período impositivo en que esos mismos gastos o ingresos sean contabilizados de nuevo con ocasión de su devengo según los criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para micro-empresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

No obstante, en el supuesto de los abonos a cuentas de reservas que estén relacionados con gastos que hubieran sido correcciones por pérdida de valor de elementos patrimoniales del activo, tales abonos a cuentas de reservas se integrarán en la base imponible del período impositivo en que se produzca la transmisión de los citados elementos patrimoniales o con ocasión de las pérdidas por deterioro de los mismos.

En el supuesto en el que el abono a cuentas de reservas mencionado el párrafo anterior se corresponda con la diferencia a que se refiere el apartado 8 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, la integración en la base imponible del citado abono solamente se producirá en el supuesto de transmisión del activo o en la medida en que la pérdida por deterioro tenga su origen en la citada diferencia.

Tres.  En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el obligado tributario deberá cumplir las obligaciones formales que se establezcan por Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por medio de las que deberá informar en cada período impositivo de los cargos y abonos a cuenta de reservas a los que haya resultado de aplicación lo previsto en el apartado Dos anterior, así como las cantidades integradas en la base imponible en ese período impositivo y las pendientes por integrar en períodos siguientes.

Cuatro.  Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación salvo que el obligado tributario opte por integrar en la base imponible el saldo neto, positivo o negativo, de los cargos y abonos a cuentas de reservas a que se refiere el apartado Uno anterior, en cuyo caso podrá aplicar lo previsto en el apartado siguiente de esta Disposición Transitoria.

Cinco.  El obligado tributario podrá optar por integrar el saldo neto, positivo o negativo, de los cargos y abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo establecido en los apartados Dos y Cuatro anteriores, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2008.

Seis.  Lo establecido en los apartados Uno a Cuatro de la presente Disposición Transitoria se aplicará a los ajustes cuya contrapartida sea una partida de reservas derivados de la aplicación del Plan General de Contabilidad, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y del abandono de los criterios específicos aplicables por las microempresas, consecuencia de lo establecido en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y en las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda del Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Esta disposición transitoria cuarta ha sido añadida por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.


Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio de determinadas correcciones de valor de elementos patrimoniales.— Uno.  En los supuestos a que se refiere el apartado 8 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, cuando los valores hayan sido adquiridos en un período impositivo iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2008, el obligado tributario podrá aplicar lo previsto en el mencionado precepto, en todo caso, sobre el valor de adquisición originario de los correspondientes valores que se correspondiera con la diferencia a que hace referencia el citado apartado 8 del artículo 12.

La suma del importe acumulado de las cantidades deducidas conforme a lo dispuesto en el citado apartado 8 del artículo 12 y de las correcciones de valor derivadas de la depreciación de la diferencia en él regulada no podrá, en ningún caso, exceder del importe originario de dicha diferencia.

En el caso de valores correspondientes a entidades no residentes en territorio español, a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, también habrá que tener en cuenta el importe de las cantidades deducidas de conformidad con lo previsto en el apartado 8 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, en su redacción vigente para los ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2008.

Dos.  En los supuestos a que se refieren los apartados 9 y 10 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, cuando los activos a que los mismos hacen referencia hayan sido adquiridos en un período impositivo iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2008, el obligado tributario podrá aplicar lo previsto en los mencionados preceptos, en todo caso, sobre el valor de adquisición originario de los correspondientes activos.

La suma del importe acumulado de las cantidades deducidas conforme a lo dispuesto en los citados preceptos y de las correcciones de valor de los intangibles a que se refieren los apartados 9 y 10 del artículo 12 de la Norma Foral del Impuesto, no podrá, en ningún caso, exceder del valor de adquisición originario de dichos intangibles.

Esta disposición transitoria quinta ha sido añadida por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.


Disposición transitoria sexta.  Régimen transitorio de provisiones por reparaciones extraordinarias y por gastos de abandono de explotaciones económicas.— Uno.  Lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, según la redacción vigente para los ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 2008 será de aplicación a los planes aprobados con anterioridad a dicha fecha, así como a los planes solicitados dentro del plazo establecido en dichos artículos aun cuando su aprobación sea posterior a la misma.

Los gastos derivados de dichos planes se integrarán en la base imponible de los períodos impositivos que correspondan de acuerdo con lo establecido en los mismos, sin que tenga efectos fiscales, en su caso, el abono a reservas consecuencia de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, relacionado con esos gastos que fueron contabilizados e integrados en la base imponible de períodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2008.

Dos.  El mismo tratamiento previsto en el apartado anterior recibirán las dotaciones realizadas en los supuestos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 13 de la Norma Foral del Impuesto, en la redacción vigente para los ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun cuando no se hubiera solicitado la aprobación de un plan especial hasta la realización de la siguiente gran reparación.

Tres.  Los gastos contabilizados en períodos impositivos iniciados antes del 1 de enero de 2008 para la cobertura de reparaciones extraordinarias o de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, que no fueron deducibles por no corresponder a un plan aprobado por la Administración tributaria o no encontrarse en los supuestos a que se refiere el apartado Dos anterior, se integrarán en la base imponible de los períodos impositivos iniciados a partir de dicha fecha en los que se realice el abandono o las reparaciones.

Esta disposición transitoria sexta ha sido añadida por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.


Disposición transitoria séptima.  Régimen fiscal de los ajustes contables por la primera aplicación de las nuevas normas contables de las entidades aseguradoras.— Uno.  Lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de este Reglamento será de aplicación a los ajustes contables que las entidades aseguradoras deban realizar como consecuencia de aplicar los nuevos criterios contables que resulten aprobados a efectos de su adaptación al nuevo marco contable, teniendo efectos en la base imponible del período impositivo correspondiente al ejercicio en el que deban realizarse tales ajustes.

Dos.  No se integrará en la base imponible el importe del abono a reservas derivado de la baja de la provisión de estabilización.

Tres.  Lo establecido en el apartado Cinco de la Disposición Transitoria Cuarta del presente Decreto Foral también se aplicará a los ajustes contables por la primera aplicación de las nuevas normas contables de las entidades aseguradoras, a que se refiere la presente Disposición Transitoria.

La integración se realizará por partes iguales en la base imponible del período impositivo correspondiente al ejercicio en el que deban realizarse tales ajustes y en los cuatro períodos impositivos inmediatos siguientes.

Cuatro.  Lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la Norma Foral del Impuesto, sobre revalorizaciones contables será de aplicación a la revalorización de los inmuebles a su valor razonable en la fecha de transición al nuevo marco contable.

Esta disposición transitoria séptima ha sido añadida por el Decreto Foral 7/2009, de 27 de enero (BOTHA del 30), con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Queda derogado el Decreto Foral 51/1997, de 20 de mayo, por el que se procede a desarrollar reglamentariamente la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.  Entrada en vigor.— El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.


Disposición final segunda.  Habilitaciones al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.— Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto en este Decreto Foral. De forma concreta se habilita para:

a)  Aprobar el modelo de declaración por este Impuesto y determinar los lugares y forma de presentación del mismo.

b)  Aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, incluyendo la declaración consolidada de los grupos fiscales.

c)  Autorizar y establecer los supuestos en que habrán de presentarse las declaraciones por este Impuesto en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos, así como establecer el plazo a que se refiere el apartado 2 del artículo 57 de este Decreto Foral.

Esta letra c) de la disposición final segunda ha sido modificada, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, por el artículo 12 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22).

d)  Establecer los documentos o justificantes que deban acompañar a la declaración.

e)  Aprobar el modelo de información que deben rendir las agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, las uniones temporales de empresas y las sociedades patrimoniales.

Esta letra e) de la disposición final segunda ha sido modificada, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, por el artículo 13 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22).

f)  Ampliar, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, el plazo de presentación de las declaraciones tributarias establecidas en la Norma Foral del Impuesto y en el presente Decreto Foral, cuando esta presentación se efectúe por vía telemática.

Esta letra f) de la disposición final segunda ha sido añadida, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, por el artículo 14 del Decreto Foral 59/2003, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 60/2002, de 10 de diciembre (BOTHA del 22).

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