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DECRETO 57/2002, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS DECRETOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA (DOE DEL 18)


 
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El artículo 90.2 de la Ley General de Hacienda de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura autoriza al Consejo de Gobierno para acordar que la intervención previa se limite a comprobar además de los extremos que se determinan en la propia ley, aquellos otros que por su transcendencia en el proceso de gestión establezca el propio Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de hacienda.

Mediante Decreto 86/ 2000, de 14 de abril, se da aplicación a lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley General de Hacienda, estableciéndose este sistema de fiscalización para una serie de gastos, considerándose conveniente la extensión del referido régimen de fiscalización a los expedientes en materia de expropiación forzosa, para lo cual se recogen los tipos de expedientes más frecuentes que derivan de las expropiaciones y las comprobaciones esenciales a efectuar en fiscalización limitada previa.

Asimismo las necesidades surgidas como consecuencia de la puesta en funcionamiento de este sistema de fiscalización hacen conveniente introducir algunas modificaciones en el Decreto 86/ 2000 de 14 de abril, y en el Decreto 77/ 90 de 16 de octubre relativa esta última al alcance de la exención de prestación de garantías en materia de subvenciones socio-sanitarias.

Por todo lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 y disposición adicional primera de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Economía, Industria y Comercio, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de mayo de 2002, dispongo:


Artículo 1.—Los expedientes de gastos de expropiaciones forzosas, quedan sometidos al régimen de fiscalización limitada previa conforme a lo establecido en el Decreto 86/2000 de 14 de abril, siendo los extremos específicos a comprobar, a que se refiere la letra c) del punto 1 del artículo 2 del referido Decreto, los siguientes:

1.  Depósitos previos, y en su caso, indemnizaciones por rápida ocupación:

a)  Que se ha acordado por el Consejo de Gobierno la declaración de urgente ocupación de los bienes.

b)  Que existe acta previa de ocupación.

c)  Que existe hoja de valoración de depósito previo a la ocupación, y en su caso, valoración de la indemnización por rápida ocupación.

2.  En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo:

a)  Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

b)  Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.

3.  En los expedientes de determinación del justiprecio por los Jurados Provinciales de Expropiación u órganos de análoga naturaleza se comprobarán además de los extremos previstos en las letras a) y b) del punto 1 del artículo 2 del Decreto 86/2000 de 14 de abril, que existe Resolución de fijación del justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza.

4.  Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago del mismo: Además de los extremos previstos en las letras a) y b) del punto 1 del artículo 2 del Decreto 86/ 2000, de 14 de abril, que existe propuesta de liquidación de intereses del servicio correspondiente.


Artículo 2.—Se modifica el Decreto 86/2000 de 14 de abril, por el que se regula el régimen de fiscalización limitada previa de determinados expedientes de gastos, en los siguientes preceptos:

1.  Se añade un segundo párrafo al apartado b) del punto 1 del artículo 2 Alcance de las comprobaciones, del siguiente tenor literal:

«Para el reconocimiento de obligaciones de gastos relativos a contratos y a subvenciones, se comprobará, en su caso, la existencia de certificado del servicio gestor respecto a la acreditación en el expediente de los requisitos de identificación, publicidad o información pública exigidos por la normativa correspondiente y particularmente por la normativa europea, en el caso de gastos cofinanciados con fondos europeos».

2.  Se añade un segundo párrafo en al punto 4 del artículo 8 Gastos de Personal, del siguiente tenor literal:

«La comprobación de los extremos adicionales a que se refieren los apartados b.2) y b.3) del artículo 8.1.A), se verificará en control posterior, para los supuestos de nuevas contrataciones o prórrogas de contratos de personal laboral temporal referidos a sustituciones de colectivos que hayan de ser realizadas de forma inmediata e imprescindible para el funcionamiento de servicios esenciales y de carácter ininterrumpido, si bien deberán efectuarse los ajustes posteriores conforme a lo establecido con carácter general para el resto del personal en el apartado a.1.2) del artículo 8.1.A)».

3.  Se da nueva redacción a la disposición adicional del Decreto 86/2000, de 14 de abril, que quedará como sigue:

«Disposición Adicional.—Los proyectos de Órdenes de Convocatoria de subvenciones deberán ser informados por el Interventor General, que versará sobre el cumplimiento de la normativa económico-presupuestaria y contable y cuando se trate de gastos cofinanciados con fondos europeos, sobre la conformidad de los gastos subvencionables previstos en las referidas disposiciones en relación con los elegibles de la medida de la correspondiente forma de intervención. Dicho informe comprenderá la fiscalización de la aprobación del gasto a que se refiere el apartado a) del artículo 7.4 de este Decreto».


DISPOSICIÓN ADICIONAL
No será de aplicación el límite del importe de 18.000 euros a que se refiere el apartado b) del artículo 6.4 del Decreto 77/1990 de 16 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, cuando se trate de subvenciones relativas a prestaciones socio-sanitarias.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—Se faculta al Consejero de Economía, Industria y Comercio para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en este Decreto y en el Decreto 86/2000 de 14 de abril, por el que se regula el régimen de fiscalización limitada previa de determinados expedientes de gasto.


Disposición final segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».



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